Convocatoria a presentar artículos número 26

La Revista de Estudios Jurídicos Cálamo, editada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Las Américas, Ecuador, abre la convocatoria a presentar contribuciones para su edición número 26, a ser publicada en enero de 2027. Se recibirán artículos, reseñas y entrevistas hasta el lunes 6 de julio de 2026.

Cálamo es una revista arbitrada bajo el sistema de doble ciego, de publicación semestral (enero – julio), especializada en estudios jurídicos. Está pensada para la comunidad científica y para el público interesado por el Derecho y su relación con las demás ciencias. Y tiene como objetivo fomentar el debate sobre asuntos de relevancia nacional y regional.

Cálamo recibe durante todo el año ensayos y artículos de investigación que abordan el Derecho, especialmente en diálogo con otras disciplinas, como la filosofía, la sociología, los estudios políticos y la antropología. Cada número propone un tema central a ser tratado en la sección Dossier (sección monográfica), mientras que los textos que analizan otros campos de estudio se incluyen en la sección Ensayo (sección abierta). También se reciben entrevistas y reseñas, principalmente, pero no exclusivamente, aquellas relacionadas con el tema central del número.

Coordinador/as del Dossier núm. 26

Marcella da Fonte Carvalho es abogada, consultora, perita académica de la CIDH por Ecuador, perita experta en casos penales y género en Ecuador, docente y coordinadora académica de posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Las Américas. Dirige la maestría en criminalidad compleja de la misma universidad y es docente de posgrado en universidades de Ecuador, Argentina y Bolivia. Tiene un posgrado en derecho administrativo por la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil, y es PhD. en ciencias jurídicas y sociales por la Universidad del Museo Social Argentino. Sus principales campos de investigación son el género, el derecho penal y la criminalidad compleja. Es articulista en varias revistas jurídicas, autora y coautora de varias obras, evaluadora para la revista jurídica Criminalidad de INTERPOL, sede Colombia, y de las revistas Foro y Iuris Dictio en Ecuador. ORCID: 0000-0002-3424-8923. Correo electrónico: marcella.dafonte@udla.edu.ec.

Elba Ravane Alves Amorim es doctora en Educación Contemporánea y magíster en Derechos Humanos por la UFPE/CAA; especialista en Currículo y Práctica Docente por la UFPI; especialista en Seguridad Pública y Ciudadanía, y graduada en Derecho por ASCES UNITA; y licenciada en Pedagogía. Es coordinadora de la carrera de Derecho de Asces Unita, coordinadora pedagógica en IDEAR Consultoría en Políticas Públicas, abogada habilitada por la Orden de Abogados de Brasil (OAB) y socia fundadora del bufete Ravane Acioli Advocacia. Es parte de la Coordinación Colegiada del Núcleo de Estudios de Género Elma Novaes y colaboró con el Grupo de Trabajo Diversidad Sexual y de Género y sus Interseccionalidades del Tribunal de Justicia de Pernambuco (GT DSGI-TJPE). Es autora del libro Derecho, Feminismo y Políticas Públicas y coautora del Manual Jurídico Feminista. ORCID: 0000-0001-8541-4293. Correo electrónico: elbaravane@gmail.com.

Viviane Monteiro es graduada en Derecho por la Universidad Federal de Bahía, Brasil; magíster en Derechos Humanos y Democracia en América Latina, con mención en Mecanismos Internacionales de Protección, por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador; y doctora en Criminología por la Universidad de Granada, España. Es docente invitada en programas de posgrado en la Universidad Andina Simón Bolívar, el Instituto de Altos Estudios Nacionales y otras universidades de Ecuador y Bolivia; y docente encargada de la Clínica Jurídica Especializada en Criminología de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador. Se desempaña también como perito extraordinario en peritaje socio jurídico y criminológico en delitos por razones de género y delitos de odio. Líneas de investigación: medidas de seguridad y peligrosidad criminal, derechos humanos y salud mental, violencias de género y prueba criminal, bioética y responsabilidad médica. ORCID: 0000-0003-0708-908X. Correo electrónico: vvanems@hotmail.com.

Emilio Terán es abogado por la Universidad Técnica Particular de Loja, licenciado en Ciencias Policiales por la Universidad San Francisco de Quito, máster en Derecho Penal y magíster en Derechos Humanos y Exigibilidad Estratégica con mención en Políticas Públicas por la Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador; magíster en Criminología y Seguridad con especialización en Criminología Forense, y PhD. en Derecho, Criminología y Ciencia Política por la Universidad de Valencia, España; y PhD. en Derechos Humanos: Evolución, Tutela y Límites por la Università degli Studi di Palermo, Italia. Posee un posdoctorado por el Tecnológico de Monterrey, México; y es investigador en la Escuela de Seguridad Multidimensional de la Universidad de São Paulo, Brasil.  Ha colaborado con el Comité Internacional de la Cruz Ruja, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Es perito ante la Corte IDH y docente universitario. ORCID: 0000-0001-5744-2713. Correo electrónico: emiliogabrielteranandrade@yahoo.com

Tema central: Corrupción y justicia en el contexto político contemporáneo

La relación entre el Estado, los espacios de poder y el ejercicio de diferentes formas de violencia es un tema de discusión siempre actual. En la actualidad, observamos que una de las formas en que se manifiestan estas violencias es la corrupción sistémica, entendiendo la corrupción como el abuso de poder para beneficio personal. Consideramos que la corrupción es ahora una estructura compleja que configura espacios donde la legalidad y la ilegalidad se confunden, favoreciendo la expansión de los mercados ilícitos. Desde los estudios jurídicos, analizar el rol de los sistemas judiciales en relación con esta corrupción sistémica es fundamental.

En ese orden de ideas, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 publicado el 10 de febrero de 2026 por Trasparencia Internacional[1], revela un panorama crítico para la integridad global y los sistemas de justicia. Más de dos tercios de los países evaluados (122 de 182) obtuvieron una puntuación inferior a 50, lo que indica problemas graves de corrupción. Solo cinco países puntúan por encima de 80, e incluso democracias que se consideran consolidadas, como Estados Unidos (64) y Canadá (75), han mostrado declives significativos.

De forma específica, el informe de Transparencia Internacional para las Américas[2] señala que “años de inacción gubernamental han erosionado la democracia y permitido el crecimiento del crimen organizado transnacional, perjudicando directamente a la las personas, al socavar los derechos humanos, los servicios públicos y la seguridad”. De hecho, en el continente americano las puntuaciones se mantienen estancadas con un promedio de 42/100 por cuarto año consecutivo, y tres países de la región presentan cifras críticas: Venezuela (10), Nicaragua (14) y Haití (16). El informe también señala que “El Salvador (32) y Ecuador (33) están experimentando un declive en la transparencia y en las libertades cívicas”; y que “la corrupción ha permitido que el crimen organizado transnacional se infiltre en la política de países como México (27), Brasil (35) y Colombia (37), fomentando la impunidad y las injusticias”.

Los datos disponibles echan luz sobre la relación entre corrupción y justicia. La justicia enfrenta algunas dificultades, como la politización, que obstaculiza la imparcialidad de los operadores; y la falta de impulso procesal, que promueve la impunidad. La corrupción se concreta de distintas formas en los sistemas de justicia, afectando la credibilidad y confianza de la población en el poder judicial; además, se genera una cultura de corrupción.

En este escenario, la idea de una justicia prófuga[3] deja de ser una metáfora para convertirse en una realidad cartográfica. La criminalidad compleja ha diseñado topografías de la invisibilidad donde la soberanía del Estado se desvanece, permitiendo que tanto el rastro del dinero como los responsables de la gran corrupción se refugien en zonas grises jurisdiccionales. Esta fuga de la justicia se manifiesta en la opacidad de los flujos financieros transnacionales y en la captura de instituciones que, aunque formalmente presentes, operan al servicio de redes paraestatales.

La complejidad de esta fenómeno demanda un abordaje interdisciplinario que vincule, entre otros, la geografía criminal con la criminología corporativa y los sistemas de compliance. Es imperativo analizar cómo las personas jurídicas y las estructuras de poder económico utilizan la arquitectura judicial para evadir la acción penal. En este escenario, la política criminal se enfrenta al desafío de no convertirse en una política de la omisión, en la cual las herramientas tecnológicas y los marcos normativos, en lugar de servir a la transparencia, terminen blindando a las élites delictivas bajo la apariencia de legalidad técnica.

Este dosier propone un espacio de resistencia y construcción académica. Invitamos a la comunidad investigadora a presentar trabajos que trasciendan el análisis jurídico tradicional, explorando la relación entre la corrupción, el control social y las nuevas arquitecturas de la impunidad. A través de los ejes temáticos propuestos, se busca diagnosticar las causas de esta justicia que huye y, sobre todo, trazar las rutas estratégicas para su retorno al servicio de la dignidad humana y la reparación integral de los derechos vulnerados.

Ejes temáticos

Se recibirán preferentemente, y no exclusivamente, artículos de investigación y ensayos que se inserten en los siguientes ejes temáticos.

1. Derecho Penal y geografías

Cuerpos territorializados por la corrupción: este eje aborda la corrupción no como un mero desvío de recursos, sino como una forma de poder que se inscribe sobre los cuerpos y los territorios de las poblaciones más vulnerables. Se examina la sextorsión judicial, el intercambio de favores sexuales por beneficios procesales y los delitos en clave de género, donde el cuerpo se convierte en moneda de cambio ante la ausencia de Estado de derecho. Invitamos a investigaciones que utilicen la interseccionalidad como una herramienta analítica para desentrañar cómo la corrupción agrava la discriminación estructural. El objetivo es transitar de una visión puramente patrimonialista del daño hacia una óptica de derechos humanos y reparación integral que exija restaurar la dignidad vulnerada en escenarios donde la impunidad ha sido regla.

Topografías de la invisibilidad: este eje se centra en cómo el diseño urbano o la configuración rural no son neutros, sino que facilitan la fuga de la justicia. Se busca analizar el enfoque de las llamadas "zonas grises", en la cuales la soberanía del Estado se diluye, como selvas y montañas, y también espacios urbanos de alta exclusividad (barrios cerrados) y zonas de sacrificio.

El lavado de activos y la ciudad como espacio de refugio corporativo: Este eje invita a investigar cómo la corrupción y la criminalidad compleja utilizan el mercado inmobiliario y el desarrollo urbano. Se analiza la ciudad como un mecanismo de limpieza de capitales donde el cemento y el lujo actúan como un velo que enmascara y perpetua la impunidad por medio de distintas actividades ilícitas.

Ecocidio transnacional: Este eje explora la intersección entre la destrucción de los ecosistemas, la criminología verde, los mercados ilícitos y la fiscalización y respuesta del sistema de justicia para combatir este fenómeno. Las propuestas presentadas deben analizar cómo las redes criminales transnacionales, camufladas bajo estructuras corporativas legales aprovechan de la falta de control de los Estados en las zonas fronterizas, para saquear el patrimonio natural, desplazando la responsabilidad legal hacia jurisdicciones de impunidad.

2. Administración de justicia, cooptación y crimen organizado

Justicia algorítmica y riesgos de opacidad: En la actualidad militarizada y tecnológica, el uso de Inteligencia Artificial y Big Data en la gestión judicial se constituyen en armas de doble filo. Si bien pueden facilitar la fiscalización, la falta de transparencia algorítmica puede generar “cajas negras” que camuflen actos de corrupción. Entran también aquí los algoritmos de cumplimiento preventivo usados por las instituciones bancarias para detectar indicios tempranos de actos de corrupción. Este eje busca analizar cómo las tecnologías pueden ser utilizadas para la detección de actos de corrupción, y cómo los sesgos digitales pueden generar violaciones procesales.

Política criminal de la omisión: Este eje invita a analizar la política criminal contemporánea desde una perspectiva crítica, cuestionando cuándo el diseño de las leyes y las prioridades de persecución penal estatales están configurados deliberadamente para permitir que ciertos sectores corruptos permanezcan en la sombra. Se quiere explorar la tensión entre el discurso de seguridad y la realidad de una justicia prófuga que se desvanece ante el poder político y económico. En este escenario, se vuelve imperativo examinar el uso u omisión selectiva de las técnicas especiales de investigación (TEI), tales como agentes encubiertos, entregas vigiladas e interceptación de comunicaciones. Se analizará si estas herramientas, diseñadas para desarticular estructuras corruptas y criminales complejas, son subutilizadas o si su falta de implementación efectiva constituye una táctica estatal para garantizar la impunidad y permitir que la criminalidad organizada se consolide en el escenario nacional, regional o trasnacional.

Captura judicial y crimen organizado: La simbiosis entre actores estatales y privados ha consolidado redes que capturan tanto las instituciones como las empresas privadas. Este eje analiza cómo el crimen organizado condiciona la independencia judicial y la forma en que los bufetes corporativos defienden el crimen organizado en contextos de alta violencia. Especial atención requiere el fenómeno de la "justicia bajo amenaza", donde el miedo se convierte en una herramienta de gestión procesal que erosiona la imparcialidad de los/as actores/as judiciales.

Arquitecturas del incumplimiento: Este eje invita a investigar sobre la dimensión espacial y estructural de la criminalidad de cuello blanco. En el contexto de la justicia prófuga, la empresa no solo es un actor económico, sino un dispositivo para ocultamiento de mercados ilícitos criminales. Así, este eje busca analizar cómo las organizaciones complejas utilizan la actividad empresarial como disfraces para viabilizar por medio de facilitación, financiamiento u ocultación del fenómeno criminal, así como la evolución de la criminología con vistas a comprender las dinámicas insertadas en la criminología corporativa.

3. Desafíos y resistencias frente a la corrupción

Desafíos estructurales e impunidad supranacional: Cuando los Estados desarrollan estrategias para eludir sentencias y deslegitimar organismos internacionales, la efectividad del Derecho Internacional se pone en debate. Este eje busca examinar la lucha contra la impunidad en escenarios donde las estructuras criminales son supranacionales, retando la capacidad de los Estados para garantizar el bienestar social.

Gobernanza y resistencias contrahegemónicas: Frente a la violencia estatal y la corrupción, se alzan luchas por la transparencia. Este eje explora el rol de la veeduría ciudadana, el activismo digital y el uso contrahegemónico del Derecho para obtener reparación integral. Queremos discutir reformas administrativas que busquen enfrentar el nepotismo, la ineficiencia y otras prácticas que se acentúan e incrementan junto con la corrupción. También queremos reflexionar acerca del whistleblowing (denunciantes internos) como herramienta de resistencia contrahegemónica dentro de las estructuras de poder.

Indicaciones

• Los artículos, reseñas y entrevistas deberán ser enviadas a través de nuestra página web, usando el botón de Envíos, hasta el lunes 6 de julio de 2026.
• Las contribuciones pueden estar escritas en español, inglés o portugués.
• Sólo serán recibidas las contribuciones que se ajusten a la política editorial, manual de estilo y normas de citación de la revista.
• Toda contribución debe ser inédita y no puede estar sometida al mismo tiempo a otras revistas.
• Toda postulación de artículos, ensayos, reseñas y entrevistas presupone el conocimiento y la aceptación de nuestro código de ética.

 

[1] https://www.transparency.org/en/cpi/2025

[2] https://www.transparency.org/es/press/indice-percepcion-corrupcion-2025-americas-perjudica-vida-personas-exacerba-violencia

[3] Idea planteada por Maximiliano Rusconi en su obra, La justicia prófuga. Por una refundación del sistema judicial (2024).