CÍRCULO DE CASTIGO
Una mirada a la prisión y a la desigualdad social en Ecuador
PUNISHMENT CIRCLE
A Look at Prison and Social Inequality in Ecuador
O CÍRCULO DO CASTIGO
Um olhar da prisão e da desigualdade social no Equador
Pablo D. Punín Tandazo*
Recibido: 08/IV/2022 Aceptado: 24/VI/2022
Resumen
En este artículo se pretende analizar la interrelación entre prisión y desigualdad social, de forma en que se permita determinar cómo, en un país con profundos problemas estructurales de pobreza e inequidad, este castigo recae principalmente sobre personas que pertenecen a los grupos sociales menos favorecidos. Además, se exponen las condiciones tortuosas de las prisiones y su derivación en una vulneración sistemática de derechos que afecta a estos grupos, de modo que aumenta las probabilidades de reincidencia por los efectos del encierro. Con estos elementos se busca discutir sobre la legitimidad de mantener la prisión como principal sanción, y se plantea que es insuficiente para cumplir los objetivos que justifican su existencia.
Abstract
This paper aims to analyze the interrelationship between Prison and social inequality, in a way that allows to determine how, in a country with deep structural problems of poverty and inequality, this punishment falls mainly on people who belong to less favored social groups. In addition, the tortuous conditions of the prisons and their derivation in the systematic violation of rights that affects these groups are exposed, in such a way that the probability
of recidivism due to the effects of confinement increases. With these elements, it is sought to discuss the legitimacy of maintaining prison as the main punishment, and it is argued that it is insufficient to fulfill the objectives that justify its existence.
Resumo
Neste artigo pretende-se analisar a relação entre prisão e desigualdade social, para que se determine como num país com profundos problemas estruturais de pobreza e inequidade, este castigo cai principalmente sobre personas que pertencem aos grupos sociais menos favorecidos. Além disso, se expõe as condições difíceis das prisões e a vulneração sistemática dos direitos que afetam as pessoas privadas de liberdade, e o aumento das probabilidades de reincidência pelos efeitos do encarceramento. Com esses elementos se discute sobre a legitimidade de manter a prisão como castigo principal e, se planteia que esta medida privativa de liberdade es insuficiente para cumprir com os objetivos que justificam sua existência.
En este trabajo, los lectores podrán leer un estudio que se aproxima a la relación entre la pobreza, la des- igualdad social y la prisión. De esta forma, será posi- ble identificar más claramente cómo los efectos de este tipo de castigo, que no se encuentra en condiciones de dar garantías ni de respetar la dignidad humana y recae directamente sobre las personas menos favoreci- das socialmente, perenniza su situación y crea, como consecuencia, un círculo de castigo.
Para conseguirlo se realiza una exposición de los pro- blemas estructurales de pobreza y desigualdad a los que se enfrenta la realidad ecuatoriana, seguido de una caracterización de la población penitenciaria.
Posteriormente, se expone el funcionamiento de las prisiones en contraste con su “deber ser”, de manera en que se pueda constatar la incapacidad de esta ins- titución para alcanzar sus objetivos y así colocar en el centro de discusión la legitimidad de su uso principal en nuestra sociedad.
A lo largo del artículo se utilizan diversas fuentes documentales para exponer los niveles de pobreza y desigualdad existentes en Ecuador. En el mismo sen- tido, se usan datos secundarios obtenidos de informes y reportes realizados tanto por instituciones estatales como por organizaciones no gubernamentales nacio- nales e internacionales, para exponer la realidad peni- tenciaria del país.
La diversidad de fuentes aplicada en este trabajo, jun- to a la revisión de literatura académica en el ámbito criminológico, permiten obtener una visión más com- pleta de la forma en la que se ejecuta el castigo de pri- sión y de quiénes son, en gran medida, las personas que sufren sus efectos.
América Latina es la región más inequitativa del mun- do. La pobreza y la desigualdad distributiva son dos constantes que se han convertido en el mayor obstá- culo para alcanzar sociedades con mayores niveles de integración (Blanco y Cusato 2004). La situación pre pandemia no era positiva, la región mantenía un es- tancamiento respecto del crecimiento económico. En- tre 2014 y 2019 creció a una tasa promedio de 0,3%; que era menor a la del sexenio que incluye la prime- ra guerra mundial (0,9%) y al de la Gran Depresión (1,3%)1.
Se debe tener presente que el concepto de pobreza se ha expandido con el pasar del tiempo. En un inicio se partía de un enfoque que la define como la falta de ingresos, pero actualmente se configura cuando es- tos ingresos no satisfacen el mínimo necesario para la subsistencia, que incluye la salud, la educación, el saneamiento, las ropas y los mínimos necesarios para una calidad de vida digna2 (Caus 2022).
En este sentido, Ecuador ha sido un país que se ha en- frentado constantemente a estas problemáticas3. Las líneas de pobreza y pobreza extrema se han manteni- do estables desde el 2016 hasta el 20214; y, si bien exis- ten ciertas señales de reactivación económica luego de la situación que se ha generado por la pandemia, el avance es lento y desigual.
Los sectores que generan menos empleo son los que crecen más rápido, lo que causa mayor desigualdad en la brecha entre las personas que tienen diferentes tipos de trabajo. Si se tiene presente que el nivel de empleo
Ver: “Ecuador crecerá 3% en 2021 y 2,6% en 2022”, Ecuador en vivo. Acceso en marzo 2022. https://www.ecuadorenvivo.com/index.php/economia/ item/132334-cepal-ecuador-crecera-3-en-2021-y-2-6-en-2022
Los estudios relacionados con desigualdad y pobreza en Ecuador son varios y extensos; una cuestión que ha sido objeto de investigación durante déca- das. Por ejemplo: INEC 2014; Ruíz y Sánchez 1994; Larrea 1990. Para fines investigativos, y dado que la situación no ha presentado cambios significati- vos a lo largo del tiempo, me referiré solamente a la realidad del país en los últimos años.
Ver el Informe Nacional sobre el avance de la Implementación de la Nueva Agenda Urbana. Acceso en marzo 2022. https://www.urbanagendaplatform. org/sites/default/files/2022-01/Ecuador%20NUA%20Report_0.pdf
informal se mantiene y que el empleo recuperado se concentra en hombres urbanos, resulta lógico hablar de una estructura económica con mayor precariedad y exclusión5.
Los efectos de la pandemia se profundizan en las per- sonas que pertenecen a los grupos menos favorecidos. Al respecto se indica que familias con niños o niñas tardarán aproximadamente 11 años en salir de la po- breza, un tiempo 3 veces mayor del que necesitarían las familias sin niños y niñas. Del mismo modo, en Ecuador, la reducción de los ingresos en los hoga- res con niños ha ascendido a un nivel muy elevado, pues se ven afectados 8 de cada 10 hogares, que, como consecuencia, tienen más dificultades para acceder a salud, alimentación, educación y derechos básicos (UNESCO 2021).
Se estima que, debido al COVID-19, existen casi 2 mi- llones de personas más en situación de pobreza por ingresos, de modo que se ha reducido la clase media en aproximadamente 1 millón de personas (UNICEF 2020). En el 2021 se estableció que una persona es considerada pobre por ingresos si percibe menos de 84 USD al mes, y pobre extremo si percibe menos de 47 USD6.
Paralelamente, la tasa de pobreza a nivel nacional en 2021 alcanzó un porcentaje de 32,2%; y así aumentó 8,5 puntos porcentuales respecto al 2016, cuando fue de 23,7%. La tasa de pobreza extrema también ha au- mentado, pasó de 8,6% en 2016 a 14,7% en 2021, con un crecimiento neto de 6,1 puntos porcentuales7.
En la estadística correspondiente a la pobreza por ne- cesidades básicas se indicó que, en diciembre de 2021, esta pobreza fue de 33,2% a nivel nacional, es decir,
afectó casi a un tercio de la población. En este sentido se establece que una persona es pobre por necesidades básicas insatisfechas cuando habita en un hogar en el que existe alguno de estos componentes: 1) falta de ca- lidad de la vivienda, 2) hacinamiento, 3) falta de acce- so a servicios básicos, 4) falta de acceso a educación, y
5) falta de capacidad económica8.
La tasa de pobreza también varía en relación con fac- tores como: área geográfica, sexo, etnia, entre otros. Por ejemplo, la tasa de pobreza urbana en 2021 fue de 24,2%; mientras que la tasa de pobreza rural era de 49,2%; y la tasa de pobreza en mujeres en ese año fue de 33,0%, en tanto en los hombres llega al 31,4%. En el mismo sentido, el 43,4% de los hogares que tie- nen como cabeza de hogar a alguien autoidentificado como indígena estaban bajo la línea de pobreza en ju- nio del 20199.
La desigualdad hace referencia a la forma en que se distribuye el ingreso per cápita del hogar dentro de la sociedad, y se utiliza de forma general el coeficiente de gini como indicador (INEC 2021). En junio de 2021, el coeficiente de gini en el país fue de 0,49310, y dado que durante los últimos 30 años este indicador ha va- riado entre 0.58 y 0.4411, Ecuador presenta problemas relacionados con la desigualdad estructural.
Como se mencionó anteriormente, la crisis actual afecta más a sectores que históricamente se han en- frentado a obstáculos sociales, por ejemplo, grupos afrodescendientes e indígenas. También afecta a gru- pos cuyas condiciones de vida influyen para que sean víctimas de explotación, como ocurre con niños de familias pobres, quienes solicitan asilo, refugiados,
Ver “La economía se reactiva lentamente y con mayores desigualdades”, publicado en el diario Primicias. Acceso en marzo 2022. https://www.primicias. ec/noticias/firmas/economia-reactivacion-lenta-mayores-desigualdades-ecuador/
Ibidem.
Ibidem.
Ver la Encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo (INEC 2021). https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2021/ Diciembre-2021/202112_PobrezayDesigualdad.pdf
Ver: “Pobreza por bajos ingresos afecta al 24% de la población de Ecuador”, publicado en El Universo, 2019. Acceso en marzo 2022. https://www. eluniverso.com/noticias/2019/11/06/nota/7591325/pobreza-ecuador-2019/
Ver la Encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo 2021, del INEC. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/ POBREZA/2021/Diciembre-2021/202112_PobrezayDesigualdad.pdf; y, https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2021/ Junio-2021/202106_Boletin_pobreza.PDF
mujeres y migrantes en situación irregular12. Así pues, la desigualdad en Ecuador involucra muchas dimen- siones que están interrelacionadas.
Desempleo
Según el INEC, de enero a marzo de 2021, el desem- pleo a nivel nacional fue de 5,8%. En el área urbana fue de 7,3%; y, en el área rural de 2,8%13. El aumento en el desempleo de personas adultas y la disminución de los ingresos de las familias se correlacionaron con el incremento del trabajo infantil14. Así mismo, el em- pleo informal se elevó en los últimos años15.
Constantemente se ha indicado que, en el país, la dis- criminación y desigualdad de género en el mercado laboral son persistentes. Para tener una idea, se esta- blece que las mujeres casadas tienen menores posibili- dades de acceder al mercado laboral que los hombres. Además, esta brecha se expande si existen hijos en el hogar (Castillo y Salas 2018).
Pese a realizar el mismo trabajo, el 15,3% de las muje- res recibe menos ingresos que sus pares hombres; y el 33% tiene menor oportunidad de acceder a un empleo adecuado en comparación con un hombre16.
La cifra que se destina para pagar a mujeres es mucho menor y los sectores en donde más participación tie- nen son puestos de cuidado (OIT 2019). Las estadís- ticas del INEC determinan que las tasas más altas de desempleo tuvieron lugar en 2018 y recayeron princi- palmente sobre las mujeres de 18 a 29 años (11,9%) y las afroecuatorianas (10,1%) (INEC 2021).
Vivienda adecuada
Muy pocos hogares (10%) emplean más del 30% de sus ingresos en gastos relacionados con la vivienda. Empero, si se incluyen los costos de transporte, la cifra de los hogares que gastan más del 30% de sus ingresos en vivienda asciende también al 30% y, por lo tanto, sus viviendas están en lugares periféricos o de difícil acceso17.
En todo el país existen barrios que históricamente han vivido en condiciones deplorables: escasez de servicios básicos, pobreza, sobrepoblación, problemas de salud y transporte, falta de iluminación, entre otras; que, por lo general, se ubican en la periferia de las ciudades o en sitios de difícil acceso. En ellos la delincuencia y la inseguridad son dos constantes18.
Las estadísticas del INEC registran que en 2020 el número de viviendas deficientes era de 2.744.124, es decir, el 58% de las viviendas a nivel nacional; y, ac- tualmente, a nivel nacional existen 729.291 hogares en situación de precariedad; por ejemplo, el 25% del total de hogares se halla en sectores amenazados y, de ese total, 504.303 se encuentran en zonas urbanas19. Por lo tanto, el número de hogares en esta situación ha aumentado y se acentúa más dentro de las ciudades.
Educación
Respecto a educación, la sociedad ecuatoriana en- frenta una barrera gigantesca que limita el acceso a la educación en sus diferentes niveles. Esta situación se ha profundizado con la transición de la educación
Ver: “Se incrementa la pobreza y extrema pobreza”, publicado en Confirmado. Acceso en marzo 2022. https://confirmado.net/2022/02/21/ ecuador-se-incremente-la-pobreza-y-extrema-pobreza/
El trabajo infantil tenía un porcentaje de 3% en 2014, de 9,7% en 2019; y, en 2020, el porcentaje ascendió a 13.3%. Ver: “Se incrementa la pobreza y extrema pobreza”, publicado en Confirmado.Acceso en marzo 2022. https://confirmado.net/2022/02/21/ecuador-se-incremente-la-pobreza-y-extrema-pobreza/
Ver: “La quinta parte de las mujeres en Ecuador sobrevive con 42 dólares al mes”, publicado en Swissinfo. Acceso en marzo 2022. https://www.swissinfo. ch/spa/ecuador-trabajo_la-quinta-parte-de-las-mujeres-en-ecuador-sobrevive-con-42-d%C3%B3lares-al-mes/46597346
Ibidem.
presencial a la virtual20, que ha producido brechas más amplias y acentuadas en los sectores sociales menos favorecidos. Por ejemplo, solamente el 45% de los ho- gares tienen acceso a internet, de manera que el 54,5% no podrían acceder a educación virtual21. Así pues, la educación pasa de ser un derecho a un privilegio22.
El problema en la educación no termina en el acceso. Los recortes presupuestarios y la falta de recursos ade- cuados en el sistema educativo nacional generan que las condiciones y la calidad educativa vayan en decli- ve. Todas las personas deberían tener programas de calidad similar, con aprendizajes semejantes, sin im- portar su condición cultural, social e individual (Blan- co y Cusato 2004).
Las diferencias sociales y culturales de los estudiantes condicionan su progreso educativo y los resultados que obtienen, dado que los factores más fuertes para predecir el bajo nivel escolar se relacionan con des- ventajas sociales tales como: pobreza, pertenencia a una minoría étnica, familias inmigrantes o sin vivien- da adecuada, desconocimiento del lenguaje mayorita- rio, tipo de escuela, lugar geográfico en el que viven y falta de apoyo social (Marchesi 2000). Además, los porcentajes de jóvenes que no acceden a educación y se encuentran sin empleo son mayores con el pasar del tiempo23.
En Ecuador, la criminalidad presenta varias caracte- rísticas que se analizarán y describirán en este aparta- do, de forma que el lector podrá determinar si estas se
vinculan, o no, a los factores de desigualdad y pobreza antes estudiados.
En los centros de privación de libertad del país, el 93,9% (37.667) de los internos son hombres, mientras que el 6.1% (2.441) son mujeres. La mayoría oscila en- tre los 18 y 30 años (17.592); los rangos de edad más presentes, fuera del mencionado, son los siguientes: 31-40 años (12.240), 41-50 años (6.097), 51-64 años
(3.059), sin datos (544) (Secretaría de Derechos Hu- manos 2022).
En relación a la autoidentificación, el 88,9% se con- sideran mestizos (34.027), 4,2% afroecuatorianos o
afrodescendientes (1.606), 3,4% negros (1.376), 1,1%
indígenas (414), 1,0% blancos (393), y de 1.842 no hay datos. Respecto a la nacionalidad, en prisiones hay un total de 36.559 ecuatorianos, 1.747 colombianos,
1.391 venezolanos, 135 peruanos, 52 mexicanos, 22 cubanos y 147 personas que pertenecen a distintas nacionalidades (Ibidem). Estos datos permiten ver la diversidad existente dentro de las prisiones y también sirven para desvirtuar ciertos mitos sobre la crimina- lidad que se mantienen vigentes en nuestra realidad (Ibidem)24.
Respecto a la instrucción educativa, los datos del SNAI señalan que el 5,2% de personas privadas de li- bertad son analfabetas o no han recibido ningún tipo de instrucción; el 49,8% ha accedido a educación bá- sica; el 42,4% a básica superior; el 2,7% al nivel uni- versitario; y, a nivel postgrado, el porcentaje no tiene
Ibidem.
Ver: “Solo el 45% de hogares en Ecuador tiene acceso a Internet, según el INEC”, publicado en Primicias. Acceso en marzo 2022. https://www.primicias. ec/noticias/tecnologia/ecuador-hogares-acceso-internet-inec/
En el año 2017, el 25,4% de los jóvenes ecuatorianos no asistía a ningún centro educativo y era desempleado. Este porcentaje ha aumentado con el pasar del tiempo y la mayoría de jóvenes sin educación, empleo o formación son mujeres pertenecientes a los quintiles de menores ingresos. Véase el Informe Nacional sobre el avance de la Implementación de la Nueva Agenda Urbana (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 2021). https://www. urbanagendaplatform.org/sites/default/files/2022-01/Ecuador%20NUA%20Report_0.pdf
Por ejemplo, se suele creer erróneamente que los delitos son cometidos mayoritariamente por personas extranjeras o que pertenecen a grupos afroecua- torianos o afrodescendientes, cuando los datos expuestos revelan que este dato no tiene sustento. Errores de este tipo se explican cuando se comprende que la criminalidad puede tener una correlación más fuerte con factores económicos y sociales, antes que con rasgos personales en nuestra realidad. En efecto, estas personas no son ajenas a los obstáculos sociales, pues pueden verse incluso en una condición social peor a la de sus pares nacionales y mestizos, y este indicador puede ser una razón más fuerte por la que se encuentran en prisión, antes que por su pertenencia étnica o su nacionalidad; caso contrario los datos tendrían un reflejo inverso al expuesto.
valor estadístico, al tratarse de solamente 10 personas (Ibidem). Es importante destacar que en el valor refe- rente a instrucción colegial no existe una distinción entre secundaria y bachillerato, pues ambos se toman como un valor único, de donde resulta una limitación para el análisis25.
En resumen, si bien el analfabetismo es bajo entre las personas privadas de libertad, el 92,2% de estas ha ac- cedido solamente a educación básica; y el 5,2% ha te- nido el privilegio de estudiar una carrera universitaria, sin conocerse quiénes la finalizaron y quiénes no. Es- tos datos muestran las brechas para acceder al derecho a la educación e invitan a cuestionar qué ocurre en el sistema y por qué no existe continuidad en los proce- sos educativos, si se toma en cuenta que la gran mayo- ría solamente pudo acceder hasta la educación básica.
En relación con el aspecto laboral y la ocupación, exis- ten datos respecto a los oficios previos que tenían las personas antes de ser privadas de su libertad. Estos se recopilaron en base a la distinción de sexo y arrojaron los siguientes resultados:
23.633 hombres señalaron tener un oficio antes de estar en prisión, es decir, el 62,7%, mientras que el 37,3% no realizada ningún tipo de actividad. El 21,8% se consideran comerciantes, el 11,3% alba- ñiles, el 10,3% jornaleros, el 8,4% agricultores, el 8,4% choferes, el 3,7% empleados, el 3,2% pesca- dores, el 3,1% mecánicos, el 2,3% estudiantes y el 1,8% agentes de seguridad. El otro 25% se divide en porcentajes mínimos de otros tipos de oficios (Secretaría de Derechos Humanos 2022, 92).
1.653 mujeres señalaron tener un oficio antes de estar en prisión, es decir, el 67,7%, mientras que el 33,3% no realizaba ningún tipo de actividad. El 35,4% se consideran comerciantes, el 17,5% amas de casa, el 13,1% trabajo doméstico, el 4,2% em- pleadas, el 3,3% estudiantes, el 2,7% cocineras y el 2,0% trabajadoras sexuales. Otros oficios como estilista, vendedora, enfermera, empleo informal y
manicurista no llegan al 1,5%, pero sumados dan el 21,8% restante del total (Ibidem, 93).
Estos datos evidencian los bajos niveles de acceso a oportunidades laborales. Tanto en hombres, como en mujeres, el porcentaje de personas que no realizaban ninguna actividad antes de ingresar a prisión es alto, y hay un promedio de 35,3% de desocupación entre am- bos sexos. El problema continúa, dado que la mayor parte de los oficios señalados por los internos corres- ponden a actividades que no generan niveles de ingre- sos altos en el mercado laboral; es decir, son oficios y servicios que reciben una remuneración o ingreso promedio bajo26.
La gran mayoría de oficios corresponden a actividades autónomas, es decir que no requieren de una relación laboral sino de manejo propio, cuestión que se acen- túa en las mujeres. Además, se toma en cuenta como oficio la calidad de “estudiante”, cuando esta no repre- senta ningún tipo de ingreso económico.
Estos datos evidencian la situación previa a la que se enfrentaban las personas privadas de libertad, marca- da por dificultades y obstáculos sociales en relación con el acceso a oportunidades, sobre todo laborales y educativas.
En relación con el tipo de criminalidad, hay diversas fuentes que exponen cuáles son los delitos con mayor presencia en el país. Por un lado, algunas indican que uno de los grupos de delitos con mayor presencia en los centros privativos de libertad es el de quienes per- tenecen a la delincuencia contra la propiedad (Punín 2021).
Por otro lado, existen varios señalamientos a los deli- tos relacionados con drogas, como el microtráfico o la tenencia. Al respecto, se indica que estos delitos son los que en mayor cantidad ocupan las prisiones. Por
Considero que lo correcto sería medir hasta el décimo año de educación, en el cual termina la educación básica y, a partir de ahí, medir el nivel de educación en relación con el bachillerato. La razón es que existen altos índices de abandono escolar al finalizar la educación básica en el décimo año; es decir, no se continúa con el bachillerato.
Ver: “Análisis sobre la vigencia de las ocupaciones, oficios y trabajos especiales en el Sistema de Salarios Mínimos Profesionales”. Acceso en marzo 2022. http://www.conasami.gob.mx/pdf/estudios/INFORME_COMPLETO_OCUPACIONES_OFICIOS_TRAB_ESPECIALES.pdf; y, Discriminación étnica en el trabajo. El caso de los albañiles de Otavalo (Flores 2018).
este motivo, a continuación se traerán a colación datos de los centros que permiten observar cuáles son los delitos más castigados con prisión.
Los datos del SNAI, en relación con la clasificación por tipo de delito, indican que el 28,1% de las perso- nas en prisión están ahí por delitos relacionados con la producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y el 26,2% por delitos contra el derecho a la propiedad. El 16,3% por delitos contra la integridad sexual y reproductiva, y el 13,5% por de- litos contra la inviolabilidad de la vida. Y, en menor proporción, el 4,2% por terrorismo y su financiación, el 3,6% por delitos contra la seguridad pública, el 2,0% por delitos contra la integridad personal, el 1,8% por delitos contra la eficiencia de la administración públi- ca, y el 1,2% por delitos y contravenciones de tránsito (Secretaría de Derechos Humanos 2022).
Estas cifras confirmarían lo mencionado anterior- mente; puesto que los delitos relacionados con drogas son los que mayor presencia tienen en las prisiones ecuatorianas, seguidos de los delitos contra la propie- dad, ambos unidos ocupan el 54,3% de la población carcelaria. Es importante mencionar que dentro de los porcentajes correspondientes a delitos contra la inviolabilidad de la vida (13,5%) y contra la integri- dad personal (2,0%) hay casos en los que la conducta castigada está relacionada con esos dos primeros tipos de criminalidad27.
Se debe añadir que las cifras de tipos de delitos en las prisiones varían en razón del sexo. Hombres y mujeres no cometen los mismos tipos de delitos en cantidad homogénea. Este es un dato importante para el aná- lisis objeto de este estudio, puesto que, como se vio anteriormente, las mujeres presentan más dificultades sociales que los hombres; razón por la cual, sin áni- mo de generalizar, su condición se podría relacionar con el tipo de delito más propenso a cometer por cada grupo.
La criminalidad presente en la población masculi- na de las prisiones se divide de la siguiente forma: el 26,5% por delitos relacionados con drogas, el 26,7% por delitos contra el derecho a la propiedad, y el 17,2% por delitos contra la integridad sexual y reproductiva; en menor proporción, el 4,0% por terrorismo y su fi- nanciación, el 3,8% por delitos contra la seguridad pú- blica, el 2,0% por delitos contra la integridad personal, el 1,8% por delitos contra la administración pública, y el 1,3% por delitos y contravenciones de tránsito (Se- cretaría de Derechos Humanos 2022).
En relación con la población femenina se establece la siguiente estadística: el 54,2% por delitos relacionados con drogas, el 17,8% por delitos contra la propiedad el 10% por delitos contra la integridad sexual y repro- ductiva, el 9,6% por delitos contra la vida, y el 7,9% por terrorismo y su financiación; en menor porcenta- je, el 1,9% por delitos contra la seguridad pública, el 1,7% por delitos contra la integridad personal, el 1,7% por delitos contra la administración pública, y el 0,3% por delitos y contravenciones de tránsito (Ibidem).
Estos datos permiten ver cómo las condiciones dife- renciales de sexo inciden en el tipo de delincuencia. Las mujeres, que son quienes presentan mayores des- ventajas y obstáculos sociales frente al hombre, suman un porcentaje de 72% entre los dos tipos de crimina- lidad más cometida en el país; mientras que, para los hombres suman 53,2%. Esto quiere decir que cuando una mujer delinque hay más probabilidades que este delito esté relacionado con drogas o propiedad que cuando lo hace un hombre. Este dato resulta más rele- vante si se tiene en cuenta, nuevamente, que ambos ti- pos de criminalidad tienen un trasfondo económico28.
Por todo lo expuesto, se puede afirmar que la mayo- ría de la población penitenciaria pertenece a distintos grupos sociales que históricamente han sido desfavo- recidos ante una situación de desigualdad, ya que su situación antes del ingreso a prisión no era favorable.
En la ejecución de un robo, muchas veces se atenta contra la integridad personal o la inviolabilidad de la vida, una conducta que se castiga en razón de las circunstancias. Por ejemplo, una persona quiere cometer un robo y en la ejecución mata a la víctima, será castigado por asesinato y no por robo, aunque su móvil no era vulnerar el bien protegido vida, sino la propiedad. Por esta causa, pese a no tratarse propiamente de un delito contra la propiedad, el trasfondo del delito, o su motivación, es de índole económica.
Ver: “Mujeres y drogas en las Américas: un diagnóstico de política en construcción” (OEA 2014), https://www.oas.org/es/cim/docs/womendrugsamericas- es.pdf; “Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento” (OEA, 2014), https://www.oas.org/es/cim/docs/womendrugsincarceration-es.pdf; Álvarez- Echandi, Isabel y Stella Sáenz (ed.) 2020; Giacomello 2020; Giacomello 2013; entre otros.
Muchos tenían oportunidades laborales limitadas, ingresos económicos bajos e inadecuada prepara- ción académica. En el mismo sentido, la mayoría de delitos castigados en el país se relacionan con el ca- rácter económico y/o social: un claro indicador de los factores con los que se puede correlacionar más la criminalidad.
La pregunta aquí es: ¿cómo influirá la prisión en estas personas, en las condiciones en las que se ejecuta este castigo? El ideal del modelo punitivo ecuatoriano es de índole rehabilitador, de forma que el ingreso en pri- sión de los ofensores debería significar el inicio de un tratamiento que les permita eliminar los obstáculos a los que se enfrentan y evitar ver en la delincuencia una opción de vida, para, así, reinsertarse en la sociedad. Sin embargo, veremos si así sucede en realidad y cuál sería el enfoque adecuado, si se tiene en cuenta lo ex- puesto hasta ahora.
La privación de libertad es la pena principal del sis- tema penal ecuatoriano. Esta se cumple, según la Constitución, en los centros de rehabilitación social (artículo 77 de la Constitución del Ecuador). El orde- namiento jurídico determina que las finalidades de la pena son: la prevención general del delito, el desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de la perso- na con condena, así como la reparación del derecho de la víctima. Además, se indica que, en la rehabilitación de estas personas, se considerarán sus necesidades, capacidades y habilidades, con el fin de estimular su voluntad de vivir conforme con la ley, trabajar y respe- tar a los demás (artículos 7 y 52 del Código Orgánico Integral Penal).
La Constitución del Ecuador establece que las per- sonas privadas de libertad son un grupo de atención prioritaria y deberán recibir un trato especializado en los ámbitos público y privado. El Estado es respon- sable de la protección y garantía de los derechos de las personas que se encuentran dentro de los centros penitenciarios: “Las personas privadas de libertad se
encuentran bajo la custodia del Estado. El Estado res- ponderá por las acciones u omisiones de sus servidoras o servidores que violen los derechos de las personas privadas de libertad” (artículo 35 de la Constitución del Ecuador y artículo 676 del Código Orgánico Inte- gral Penal).
Al catalogar a este grupo de individuos como me- recedores de atención prioritaria, se confirma que la privación de un derecho fundamental, como es la libertad ambulatoria, genera una situación de vulne- rabilidad. En consecuencia, el Estado tiene la obliga- ción de adoptar una conducta activa de garante en la protección de los derechos de las personas privadas de libertad, mediante la implementación de programas, políticas y normas que permitan su ejercicio efecti- vo, de manera que se asegure la rehabilitación social como fin principal del sistema penitenciario, con el propósito de evitar la reincidencia.
El Sistema Nacional de Rehabilitación Social (SNRS) tiene como finalidad proteger los derechos de las per- sonas privadas de libertad con atención a sus nece- sidades especiales y al desarrollo de sus capacidades, para que puedan ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar su libertad. De esta manera, se busca una rehabilitación integral durante el cumplimiento de la condena, así como la reinser- ción social y económica de estas personas29.
Al hablar de rehabilitación integral de las personas privadas de la libertad se revela claramente que, en efecto, se persigue la recomposición ética de la perso- na (Paladines 2008). Así emerge la idea de corregir al delincuente por medio del método de tratamiento; es decir, transformar la personalidad de quien quebrantó la norma. Rehabilitar a una persona implica, en pri- mera instancia, permitirle ejercer libremente sus de- rechos fundamentales, y en condiciones óptimas que garanticen su protección y seguridad (Núñez 2018).
Respecto al tratamiento, la normativa indica que se fundamentará en 5 ejes: 1) laboral; 2) educación, cultura y deporte; 3) salud; 4) vinculación familiar y
El Sistema se rige bajo los principios de dignidad humana, prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes, interculturalidad, convivencia no violenta y cultura de paz, igualdad y no discriminación, motivación y normalidad. Ver el artículo 673 del Código Orgánico Integral Penal y el artículo 3 del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social.
social; y 5) reinserción (artículo 701 del Código Or- gánico Integral Penal). Para lograr este propósito, en el reglamento del sistema se establecen una serie de mecanismos y garantías que permitan cumplir con los objetivos dentro del marco de respeto irrestricto a los derechos y la dignidad humana.
No obstante, el trabajo del Estado no termina con el proceso de rehabilitación que debe llevar a cabo, sino que también debe velar por que el proceso sea exitoso mediante la reinserción social efectiva de la persona privada de libertad (Núñez 2018). La Constitución se- ñala que “el Estado establecerá condiciones de inser- ción social y económica real de las personas después de haber estado privadas de libertad”.
De esta forma, queda claro que el Estado tiene respon- sabilidades posteriores con la persona que cumplió una condena de prisión en sus centros penitenciarios. Debe asegurarles las condiciones mínimas para su co- rrecta reinserción en la sociedad, pues si el Estado fue quien les despojó de varios derechos, debe ser tam- bién quien se encargue de su recuperación adecuada30.
La realidad del Sistema Nacional de Rehabilitación Social dista mucho de su ideal, la problemática es pro- funda. Pese a que las finalidades son de índole reha- bilitador, las condiciones en las que se desarrolla su castigo principal no permiten conseguirlas. El hecho de que la cárcel no haya cumplido con la función de resocializar a las personas que han cometido un deli- to no es algo nuevo; sin embargo, en el contexto ac- tual, esta discusión merece ser clarificada, dado que las soluciones propuestas para enfrentar el problema no están dirigidas a cuestionar ni criticar la existencia misma de la institución penitenciaria.
El origen de este problema que está latente desde hace por lo menos más de dos décadas, radica en el
abandono estatal y la falta de una política criminal integral. En este sentido, los principales factores que profundizan la crisis penitenciaria son: el debilita- miento de la institucionalidad del sistema carcelario, el aumento de penas y del catálogo de delitos que privilegian el encarcelamiento, la política contra las drogas, el uso excesivo de la prisión preventiva, la bu- rocratización de procedimientos internos y las condi- ciones de detención deplorables (CIDH 2022).
El debilitamiento de la institucionalidad es el resulta- do de una serie de medidas erróneas a nivel guberna- mental, impulsadas por el recorte del gasto público, y que han provocado la precarización de recursos hu- manos y materiales, a las que se suma la expansión de la corrupción en todos los niveles. En el 2018 se eliminó el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, que dio paso a la creación de las Secretaría de Derechos Humanos y el SNAI (CIDH 2022).
Este último organismo está a cargo de la gestión pe- nitenciaria y se constituye como un servicio que care- ce de rectoría y presencia territorial, en comparación con un Ministerio. Esta institucionalidad disminuida se profundiza con la reducción presupuestaria que, desde el 2017, ha derivado en la falta de personal de custodia, la reducción de personal técnico para asis- tir a la población penitenciaria, y la falta de recursos materiales que permitan que las condiciones humanas respeten la dignidad humana, entre otros31.
También existe una alta preocupación relacionada con el crecimiento de las tasas de la población carcelaria en el país, que representa el 469.29% durante los últimos 20 años. Actualmente, en Ecuador existen 36 centros de privación de libertad, 10 centros de adolescentes infractores, 7 unidades de aseguramiento transitorio y 8 unidades zonales de desarrollo integral. Los centros de privación de libertad cuentan con una capacidad para albergar hasta 30.000 personas y, según datos de la Secretaría de Derechos Humanos, existe un total de
El Estado es el único legitimado para aplicar un castigo a quién vulnera un bien jurídico protegido a través de la conducta delictiva. En nuestro caso, como ya se indicó, este castigo, principalmente se centra en la privación de libertad durante un tiempo determinado, razón por cual, limita directamente el derecho a la libre movilidad, que no es el único derecho limitado o mermado. Como efecto del encierro, otros derechos como la libertad de asociación, libertad de comunicación, etc., también son limitados; y derechos fundamentales como el acceso a educación y salud se ven mermados por las condi- ciones del encierro, que se expondrán en el apartado correspondiente a la realidad de nuestras prisiones.
40.108 personas (CIDH 2022), que da lugar a un haci- namiento aproximado del 29-30%.
Este problema se manifiesta en razón del uso de po- líticas que promueven mayores niveles de encarcela- miento ante la inseguridad, como el uso excesivo de prisión preventiva, la creación de nuevos tipos pena- les, la reforma penal para aumentar el tiempo de la condena en varios delitos, la burocratización para ac- ceder a beneficios penitenciarios dirigidos a la excar- celación, y el uso limitado y restrictivo del catálogo de alternativas a la prisión (Punín 2021).
Para tener una idea de esta grave situación, el Esta- do reporta que más del 39% de la población carcelaria se encuentra ahí por prisión preventiva y que exis- ten 27.817 personas con sentencia, mientras que hay
12.291 sin sentencia o procesadas (Kaleidos 2021).
El hacinamiento es un fenómeno grave, dado que se interrelaciona con otros problemas, o incluso genera nuevos. Principalmente ocasiona que los servicios y recursos sean insuficientes; que los beneficios pe- nitenciarios sean obstaculizados por demoras en la asignación de audiencias y se dificulte dar boletas de excarcelación; que la convivencia interna sea menos satisfactoria y que existan mayores probabilidades de que tengan lugar incidentes violentos32.
En el caso ecuatoriano, todos los problemas antes des- critos son una realidad. Solamente durante el 2021 tu- vieron lugar 8 eventos violentos en los que fallecieron unas 316 personas privadas de libertad. La mayoría eran jóvenes que se encontraban en prisión preventi- va, entre ellos personas que ya contaban con la boleta de excarcelación. El nivel de violencia fue tan alto en los eventos, que la identificación de las víctimas fue sumamente compleja, dado que existían casos de inci- neración y desmembramiento corporal33.
La falta de control en los centros facilita el ingreso de drogas y armas. Además, hay una insuficiencia de agentes penitenciarios dedicados a la vigilancia y el
control de los centros. El personal existente no tiene el equipo, la formación, ni la preparación requerida (CIDH 2022).
Hasta febrero de 2021, los centros de privación de li- bertad en todo el país contaban con aproximadamente
1.500 guardias. Estándares internacionales manifies- tan que debe haber 1 personal de seguridad por cada 9 personas privadas de libertad, mientras que en Ecua- dor existe 1 por cada 27. Los guardias penitenciarios se encuentran en una situación laboral precaria, con atraso en el pago de sus sueldos o el impago de horas extras, cuestión que resulta relevante en relación con su desempeño dentro de los centros y con problemas de corrupción (Observatorio de Criminología, Políti- ca Criminal y Ejecución Penal del Ecuador 2021).
El SNAI llevó a cabo 16 destituciones de servidores de seguridad y vigilancia, y 77 sumarios adminis- trativos34. La corrupción está presente a lo largo del sistema, y constituye el factor que media el ingreso de armas y sustancias a través de los filtros de segu- ridad, el cobro por acceso a servicios básicos, y el otorgamiento de privilegios y tratos diferenciados a determinados internos, como puede observarse en el manejo del economato, que es el servicio encargado de la provisión y venta de artículos y bienes de consu- mo para las personas privadas de libertad (Kaleidos 2021).
Por último, las condiciones de detención que enfren- tan las personas privadas de libertad se alejan total- mente de los estándares internacionales. No existe una correcta segregación por categorías, la infraestructu- ra es deficiente, la atención médica y la alimentación son inadecuadas, se presentan obstáculos para ac- ceder a servicios básicos como agua potable, no hay personal suficiente, no se toman en cuenta las nece- sidades particulares dentro del contexto de encierro (falta perspectiva de género, atención de personas con enfermedades catastróficas, atención a menores, etc.), y existen diversos obstáculos para la efectiva reinserción social, de modo que se limita el acceso a
Ver: García-Guerrero, J. y A. Marco 2012; Tapia 2021; y, “Efectos colaterales de la prisión”, https://indret.com/efectos-colaterales-de-la-prision/
Ibidem.
actividades de esta índole solamente al 50% de la po- blación penitenciaria35.
Una vez que se ha podido observar el deber ser del Sis- tema Nacional de Rehabilitación Social en contraste con su realidad, corresponde discutir la legitimidad de seguir con la prisión, en las condiciones en las que se encuentra, como castigo principal en Ecuador.
Las características del “deber ser” del modelo puniti- vo ecuatoriano indican que el objetivo no es otro que complementar o rectificar una supuesta socialización deficiente o defectuosa que, pretendidamente, ha lle- vado al individuo a delinquir (Cid 2010). Es decir que tiene como fin y razón de ser conseguir la correcta rehabilitación de la persona a través del castigo, de forma que este sea eficiente y se adecúe, mediante un tratamiento correcto, a las necesidades de la persona que ha cometido un delito y necesita resocializarse.
Así mismo, este modelo guarda relación con aspectos preventivos ante el delito. En este sentido, la norma- tiva vigente previene estas funciones para la pena, y establece que, con su imposición, se buscará la pre- vención general para la comisión de delitos y el desa- rrollo progresivo de los derechos y capacidades de la persona con condena, de manera que quede claro que en ningún momento la pena tiene como fin el aisla- miento y la neutralización de las personas como seres sociales (artículo 52 del Código Orgánico Integral Pe- nal). Por un lado, el primer tipo de función preventiva establecida es la general, la cual supone que, con la im- posición de la pena, se busca generar un temor ante la amenaza de sanción en caso de realizar una conducta tipificada como delito. Esta coerción busca disuadir a la persona de que ejecute el comportamiento des- viado, a sabiendas de las consecuencias negativas que podría tener como resultado de su conducta (Gibbs 1986).
Por otro lado, en la mayoría de las legislaciones ac- tuales de los países occidentales, el fundamento de la
pena privativa de libertad reside en las teorías relati- vas; concretamente, en la prevención especial positi- va. La finalidad de prisión, desde este punto, sirve a la prevención del delito, que, según estas teorías, se consigue mediante la modificación de la personalidad desviada del delincuente, con la reeducación, readap- tación y reinserción social del condenado (Hernández y Lovelle 2019). Y este es el segundo tipo de preven- ción que prevé la ley penal ecuatoriana cuando bus- ca el desarrollo de las capacidades de las personas condenadas.
Como ya se ha indicado, nuestra realidad tiene por castigo principal la prisión. Por ende, se comprende que es esta la forma de castigo con la que, de forma general, se busca conseguir los objetivos planteados para el sistema. Por lo tanto, es este el tipo de castigo con el que se busca cumplir las finalidades preventivas de la pena. Entonces, una de las formas de medir el funcionamiento de un sistema rehabilitador será con el nivel de personas que no cometen delitos al salir de prisión o personas que desisten de la delincuencia. Así, los efectos del factor preventivo podrán medirse de acuerdo a si las cifras indican que existe o no mayor delincuencia, o si esta se ha mantenido.
Al respecto, como se ha podido observar en los apar- tados correspondientes, los números indican que, en Ecuador, la población carcelaria ha aumentado, que los índices de inseguridad están en crecimiento y que hay mayor violencia. En el mismo sentido, los nive- les de denuncia se mantienen o aumentan; y, además, por las limitantes y condiciones actuales de los centros privativos de libertad, hay una tendencia a que 8 de cada 10 personas vuelvan a delinquir tras su paso por la prisión (CIDH 2022).
La ineficiencia del sistema en sus dos objetivos prin- cipales, rehabilitar y prevenir, se explica por las fa- llas estructurales que existen y fueron expuestas. El problema principal, según mi punto de vista, con- siste en esperar resultados positivos sobre la base de soluciones que no han cambiado su orientación y en mantener la actual concepción obsoleta sobre el problema.
Ver: CIDH 2022, Observatorio de Criminología, Política Criminal y Ejecución Penal del Ecuador 2021, y Kaleidos 2021.
Me refiero a que, dentro de nuestra historia, los pro- blemas relacionados con las prisiones son una cons- tante, una evidencia que reafirma la falta de atención al fondo u origen de la situación. Se busca rehabilitar y prevenir el delito mediante el uso de una institución que, con el tiempo, ha sufrido un debilitamiento en todos los niveles, de modo que sus condiciones inter- nas constituyen un mecanismo de tortura antes que uno de rehabilitación.
Como consecuencia, las únicas finalidades alcanzadas por la prisión son justamente las que se deben evitar: aislar y neutralizar a las personas.
Este panorama resulta aún más preocupante si tene- mos en cuenta que una parte mayoritaria de las per- sonas a las que el Estado castiga pertenecen a grupos sociales desfavorecidos. Por lo tanto, es necesario comprender que la presencia de muchas personas en prisión se debe a la estructura social desigual que perpetúa las desventajas en que viven ciertos grupos sociales y la ausencia del Estado para atender a estos sectores.
El hecho de castigar de forma tortuosa sin brindar los mecanismos que permitan una efectiva resocializa- ción perenniza la situación de estas personas; ya que, si antes de la prisión se enfrentaban a obstáculos, estos aumentarán y serán más profundos luego del paso por una institución que deshumaniza36.
Así pues, resulta evidente que al salir de prisión estas personas tendrán más probabilidades de volver a ella, de manera que se crea un círculo de castigo que puede llegar a discutirse como una forma de necropolítica sobre estos grupos sociales, si se toma en cuenta las insuficientes acciones que ha tomado el Estado para cambiar esta realidad y la vulneración sistemática de derechos humanos que sufren las personas privadas de libertad.
En el mundo existe una clara tendencia a la descar- celación y al uso de métodos alternativos a la prisión como formas más eficientes de castigo en cuanto a re- habilitación se refiere, de modo que se implementen
castigos alternativos, incluso de forma principal (Pu- nín 2021).
Sin embargo, vemos que esta posibilidad no se conci- be aquí como una opción real y la corriente va en el sentido contrario, con mayor presencia de la prisión ante los problemas sociales.
Con estos antecedentes, considero que, hoy más que nunca, resulta necesario hacer preguntas incómodas. Es hora de cuestionarnos: ¿es legítimo mantener en prisión a una persona cuando las condiciones en ella son inhumanas?, ¿es la peligrosidad un elemento su- ficiente para justificar el uso de prisión, aun cuando esta vulnera derechos fundamentales?, ¿es igual en to- dos los casos la peligrosidad y el castigo debe seguir siendo principalmente la prisión?, ¿es correcto que el Estado criminalice a quienes no ha dado atención so- cial?, ¿hay fundamento actual que justifique de forma legítima el uso de prisión como castigo principal en una sociedad con estas características?
Ni siquiera el factor económico resulta suficiente para contestar esta última pregunta de forma positi- va, puesto que existen extensos estudios dedicados a analizar el alto costo de la prisión (Consejo Europeo 2003).
Mientras no existan condiciones dignas, la tortura sis- temática no puede seguir siendo legitimada bajo una premisa que el tiempo ha demostrado que carece de validez. Gran parte de la criminalidad se mantiene estable por la inexistencia de una política criminal in- tegral con especial atención a lo social. Esta realidad evidencia que, muchas veces, el Estado es el causante de situaciones que conducen a la delincuencia.
Aunque sea casi imposible imaginar una sociedad sin la existencia de la prisión, es necesario ser conscientes de qué puede ocurrir cuando esta se gestiona de for- ma errónea, tal como ocurre en nuestro país. Hay que empezar a visualizar los castigos alternativos, o las dis- tintas formas de justicia ajenas al derecho penal, como opciones viables para evitar la continua vulneración de derechos.
Ver: Clemmer 1958, Goffman 1961, Lemert 1967, entre otros.
A lo largo de este artículo se analizó la relación en- tre la prisión y las características de las personas sobre las que recaen sus efectos, de manera que se ha puesto en evidencia cómo el poder punitivo se ejerce prin- cipalmente sobre personas que pertenecen a grupos sociales desfavorecidos.
La situación actual de las prisiones ecuatorianas no permite que el castigo cumpla con sus objetivos, dado que las condiciones de su ejecución no son compati- bles con fines rehabilitadores y resocializadores, sino más bien netamente incapacitantes.
Estas dos problemáticas convergen de manera en que derivan en una más grave, mediada por el entorno social desigual en el que nos encontramos. ¿A qué me refiero? A que vivimos en una realidad muy defi- ciente. En ella no existe una adecuada distribución de recursos ni oportunidades, tampoco una atención es- tatal suficiente para los grupos socialmente rezagados, mayoritariamente se cometen delitos de trasfondo económico, su principal forma de rehabilitar es una prisión plagada de condiciones tortuosas y cuyos efec- tos negativos recaen principalmente en las personas a las que se debería dar atención social.
Esta situación permite comprender de mejor manera los motivos por los que nuestro sistema de rehabilita- ción se encuentra constantemente en crisis. La estruc- tura social ecuatoriana y la ausencia de una política criminal eficiente derivan en un círculo de castigo que
recae sobre los más vulnerables de la sociedad. Por estas causas, mantener vigente el uso principal de un castigo que no cuenta con la capacidad real de cumplir sus finalidades, ni atiende las necesidades de las perso- nas encerradas en su interior, es un despropósito en sí mismo y la razón principal por la que esta situación se profundiza con el paso del tiempo.
Es necesario empezar a reconocer la dificultad actual de introducir cambios en la prisión y de ver otras op- ciones como una posibilidad real de encontrar una solución. Debemos dar más confianza a las medidas y sanciones alternativas, ampliar el catálogo de sancio- nes que no impliquen la privación de libertad; y, sobre todo, generar una política criminal coherente con las necesidades del país. El modelo con el que contamos presupone que el tratamiento es la forma de rehabili- tar a la persona, pero no se cuestiona previamente si es la persona la que necesita el tratamiento (¿la pobre- za, la falta de trabajo y la imposibilidad de acceder a educación se solucionan con un tratamiento sobre la persona simplemente?) o quizás sean las condiciones sociales las que deban mejorarse para garantizar una adecuada reinserción.
El camino del punitivismo, transitado durante déca- das, nos ha llevado a un lugar desastroso, en el que la vulneración de derechos se ha convertido en la nor- malidad. No podemos volvernos tolerantes ante la in- justicia, ni dejar que la costumbre nos haga ciegos ante una dura realidad que pide atención a gritos.
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