Enero 2026
PRESENTACIÓN
ESTADO Y VIOLENCIA: CONFIGURACIONES JURÍDICAS DE LA DOMINACIÓN EN EL ECUADOR CONTEMPORÁNEO
PRESENTATION
STATE AND VIOLENCE: LEGAL CONFIGURATIONS OF DOMINATION IN CONTEMPORARY ECUADOR
APRESENTAÇÃO
ESTADO E VIOLÊNCIA: CONFIGURAÇÕES LEGAIS DE DOMINAÇÃO NO EQUADOR CONTEMPORÂNEO
Este dossier nace de una inquietud que nos acom-paña desde hace años —aunque a veces la escondamos detrás del lenguaje técnico—: la violencia estatal no es una anomalía ni un error de cálculo institucional. No es algo que ocurre cuando “algo se desordena”. Es, más bien, una forma de gestión del poder que se normaliza en el día a día del Ecuador. Y eso es lo que incomoda de verdad: aceptar que el Estado, además de proteger, puede herir; que la legalidad no siempre frena la vio-lencia, sino que a veces la protege, la administra y la reorganiza.
En Ecuador solemos hablar de estos temas con una mezcla de resignación y pudor. Nos acostumbramos al daño porque viene envuelto en procedimientos, firmas, resoluciones, silencios administrativos. Pero, cuando uno observa con atención (y con algo de honestidad intelectual) aparecen patrones que ya no se pueden disimular: cuerpos castigados por sistemas que dicen cuidarlos, territorios que soportan la carga de políti-cas que nunca los pensaron como sujetos de Derecho,
instituciones que distribuyen precariedad como si fue-ra parte inevitable de la vida pública.
Los cuatro artículos y la entrevista, reunidos aquí, no buscan resolver ese enredo, sería ingenuo esperarlo. Lo que sí hacen es poner el dedo en la llaga. Muestran que la violencia estatal está viva, que es sistemática, que es histórica y —lo que es peor— que es adaptable. Es decir que cambia de forma y de vocabulario, pero no desaparece.
En este número hay dos ideas que funcionan como un eje desde donde mirar el conjunto, sin amarrarlo ni empobrecerlo. La primera es sencilla de entender, pero difícil de aceptar: el poder punitivo no opera en neu-tralidad. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. El castigo se distribuye siguiendo las líneas de desigualdad del país, y se aplica con más fuerza donde la pobreza, el género o la racialización marcan la vulnerabilidad. La Ley dice una cosa, pero el aparato penal hace otra: se-lecciona, clasifica, disciplina. La segunda idea es más
* Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y Máster en Derecho por Columbia University de Nueva York. Sus áreas de especialización son el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional y Justicia Transicional. Actualmente, se encuentra realizando su investigación doctoral sobre el Ecocidio como crimen internacional, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.
Correo electrónico: fideljaramillop@gmail.com
** Doctora en Derecho por las universidades de Valencia y París Nanterre. Catedrática de Derecho del Trabajo en la Universitat de València y docente invitada en varios programas de posgrado en América Latina y Europa. Coordina el Grupo de Trabajo de CLACSO “Qué Trabajo para qué futuro”. Actualmente su investigación se enfoca en la relación entre Derechos Humanos y empresas transnacionales, con especial atención a los fenómenos de esclavitud contemporánea desde una perspectiva feminista e interseccional.
Correo electrónico: adoracion.guaman@uv.es. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7405-7478
Fidel Jaramillo Paz y Miño y Adoración Guamán Hernández
Cálamo 24
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silenciosa, pero igual de contundente: la colonialidad jurídica persiste, justo allí donde el Estado presume modernidad, pluralismo o reconocimiento. Persiste en la forma en que se limita la justicia indígena, en el modo en que se conciben políticas de desarrollo, en la interpretación de derechos que se anuncian universa-les, pero que se aplican de manera desigual.
Con esas ideas como telón de fondo, cada texto de este dossier abre una ventana distinta. Ninguna reemplaza a la otra. Más bien, se contradicen, se superponen y complementan. Y al hacerlo, revelan un panorama complejo, que es justamente lo que necesitamos ver para dejar de fingir que la violencia estatal es un pro-blema menor.
El trabajo de Mayra Lucía Tirira Rubio es un análisis frontal sobre la criminalización del aborto, sin caer en tecnicismos que “doren la píldora”. Ella va directo al grano: la penalización no protege un bien jurídico, lo que protege es una estructura de control sobre cuer-pos feminizados. Y ese control no se ejerce de manera uniforme, sino profundamente selectiva. Sin embargo, Tirira no se queda en la teoría penal, va al terreno. Demuestra cómo las mujeres jóvenes, rurales, pobres, con menor escolaridad o atravesadas por múltiples ex-clusiones son quienes realmente enfrentan la dureza del sistema. No son las mujeres con redes de apoyo, con acceso a clínicas privadas, con abogados. Son las mujeres que el Estado mira solamente para castigarlas. Lo interesante es que la autora no se limita a describir la injusticia; revela cómo el aparato penal construye una narrativa moral que legitima ese castigo. La figu-ra del “cuerpo que debe vigilarse” aparece una y otra vez en sus casos. Y cuando las instituciones niegan servicios de salud sexual y reproductiva, lo hacen no solo por negligencia, lo hacen también como parte de una decisión política encubierta bajo un lenguaje burocrático: negar atención es, al mismo tiempo, producir daño.
El análisis final es contundente: el Estado no solo falla en proteger derechos, sino que participa activamente en crear las condiciones para que ciertas mujeres vivan con miedo, culpa o persecución. Tirira conecta esta realidad con estándares internacionales que enfatizan la debida diligencia, pero lo hace sin convertir el texto
en un inventario de tratados. Lo que importa aquí es mostrar que la violencia institucional no siempre ne-cesita policías o jueces: a veces basta con no abrir las puertas de un centro de salud.
El texto de Roberto Narváez Collaguazo es sobrio, pau-sado, descriptivo. Su fuerza está en lo que no exagera. A través de un trabajo etnográfico que se nota hecho con paciencia y respeto, Narváez reconstruye los choques
—algunos explícitos, otros silenciosos— entre el siste-ma de justicia estatal y los sistemas normativos propios de pueblos indígenas. El resultado es una verdad in-cómoda: el pluralismo jurídico funciona bien en los discursos institucionales, pero en la práctica se sostiene sobre una estructura jerárquica que coloca a la justicia estatal como única medida de lo que es válido, racional y legítimo. La justicia indígena existe, sí, pero condi-cionada: se delimita, se supervisa y se corrige desde arriba. Este condicionamiento produce algo que el au-tor nombra sin dramatismo y con precisión: violencia epistémica. No es solo una disputa por competencias. Es una disputa para determinar qué conocimiento ju-rídico cuenta como “verdadero”. La colonialidad, aquí, no es un concepto abstracto; aparece en la mesa de diálogo, en las decisiones de jueces, en las exigencias de procedimientos estandarizados. Narváez escribe sin gritos, pero el mensaje queda claro: mientras no se redistribuya el poder epistémico, hablar de pluralismo jurídico será siempre un gesto incompleto.
El texto de Viviane Monteiro es quizá el más narrativo del dossier. Comienza con una escena concreta —la historia de una trabajadora municipal víctima de vio-lencia sexual— y desde ahí despliega un análisis amplio sobre cómo la precariedad laboral abre la puerta para que el daño ocurra una y otra vez. Monteiro se detiene en detalles que suelen pasar desapercibidos: horarios fragmentados, zonas de trabajo sin supervisión, con-tratos precarios, ausencia de protocolos de prevención. Cada elemento parece menor, pero juntos componen un ecosistema donde la violencia se vuelve previsible. Esa es una de sus aportaciones más potentes: mostrar que la violencia no llega de golpe, sino que se instala lentamente, por acumulación de negligencias. Lo que Monteiro subraya —con justa insistencia— es que la omisión del Estado no es neutral. Cuando no regula, cuando no supervisa, cuando no provee condiciones
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Enero 2026
Presentación: Estado y violencia: Configuraciones jurídicas de la dominaciónen el Ecuador contemporáneo
seguras, está produciendo violencia por omisión. Su análisis recuerda que la violencia no es solo física o directa, también es estructural. Y esa violencia estruc-tural tiene responsables.
El trabajo de Pedro Martín Páez Bimos se mueve en otro registro, más conceptual. Su provocación —el “delito de maldesarrollo”— no es solo un juego in-telectual; es una denuncia dirigida hacia quienes toman decisiones públicas que afectan a comunidades enteras. Páez muestra que el maldesarrollo no es sim-plemente “gestión deficiente”, sino la creación activa de condiciones que deterioran la vida cotidiana. La corrupción, la ineficiencia y el abandono estatal no son errores, sino formas de producir daño colectivo. Y cuando ese daño afecta el acceso a servicios esenciales, no es descabellado preguntarse si el Derecho penal debe intervenir. Su artículo no fuerza una respuesta (sería fácil y superficial hacerlo). Más bien, abre un terreno incómodo: ¿qué responsabilidad jurídica y política tienen quienes diseñan estructuras de des-igualdad? ¿Dónde trazamos el límite entre decisión pública y negligencia criminal?
La entrevista a Fidel Jaramillo Paz y Miño, que cie-rra este número, agrega una dimensión personal y
política que ningún análisis técnico podría reemplazar. Jaramillo habla desde una trayectoria concreta, desde años de trabajo en investigaciones sobre graves vio-laciones a los derechos humanos. En sus palabras, la discusión deja de ser conceptual y se vuelve histórica y emocional. Lo que resalta en la conversación es la insistencia en la memoria como herramienta política. La violencia estatal no solo genera víctimas directas, sino que también produce silencios, miedos y fracturas colectivas. Jaramillo recuerda que, sin memoria, la de-mocracia se vuelve una promesa vacía. Sus reflexiones conectan pasado y presente sin caer en nostalgia, y recuerdan que la impunidad no es un accidente; es una decisión institucional que se toma una y otra vez.
En conjunto, este dossier no ofrece soluciones fáciles, ni pretende resolver la tensión entre Estado, Derecho y violencia. Lo que hace —y lo hace con honestidad—es obligarnos a mirar de frente un problema que por demasiado tiempo se ha intentado maquillar con formalidades legales. Si algo queda claro después de leer estos textos, es que la violencia estatal en Ecuador no es marginal ni excepcional. Es una violencia persis-tente, adaptable y profundamente estructural. Y si el Derecho quiere decir algo frente a ello, tiene que dejar de describir el daño y empezar a confrontarlo.