Facultad de Derecho
PROMOVIENDO LA JUSTICIA PROPIA, DEJANDO ATRÁS UN TRATO INDIGNO. RESULTADOS DE UN ESTUDIO SOBRE CAMBIOS EN SISTEMAS LEGALES INDÍGENAS Y CAMPESINOS EN SEIS LOCALIDADES ANDINAS
Anna Barrera Vivero
* Estudiante de noveno semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad de Las Américas.
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El libro Promoviendo la justicia propia, dejando atrás un lado indigno. Resultados de un estudio sobre cambios en sistemas legales indígenas y campesinos en seis localidades andinas, es un estudio de caso que nos invita a conocer los efectos de las transforma- ciones operadas en la justicia indígena y campesina de seis comunidades andinas ubicadas en tres países latinoamericanos: Ecuador, Perú y Bolivia.
El texto muestra la dinámica de reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas a nivel internacional y nacional en las décadas pasa- das, incluyendo el derecho a promover, desarrollar y mantener sus propios sistemas legales. Al tiempo, presenta los desafíos en la realización de estos cam- bios, tomando para ello como hilo transversal los es- collos en torno a los roles de género y a la violencia intrafamiliar.
En Ecuador, se sitúa la Calera, comunidad per- teneciente al cantón Cotacachi en la provincia de Imbabura, en donde se estableció el Comité Central de Mujeres, cuya directiva trató de dar cabida a las necesidades y voces de las mujeres y proveerlas con espacios de organización y actividades propias. La autora señala que posteriormente se crearon grupos asociados a esta organización, que se enfocaron en temas como la salud intercultural y la producción agro-ecológica. La articulación entre mujeres de todo el cantón a través del establecimiento de la Asamblea de la Unidad Cantonal de Cotacachi (AUCC), fue un instrumento innovador de participación local pensa- do para debatir los problemas que enfrentaban como mujeres, entre ellos el de la violencia familiar.
Barrera resalta en este sentido cómo se logró ins- talar el Centro de Atención Integral a la Mujer y a la Familia en la ciudad de Cotacachi, para atender y brindar servicios de consultoría a víctimas de violen- cia. Asimismo señala el primer borrador del regla- mento para una buena convivencia titulado “Sumak Kawsaipa Katikamachik”, donde se determinaron claramente los procesos y sanciones a seguir. Este re- glamento más tarde fue una guía para las diferentes comunidades, que pudieron adaptarlo a sus propias prácticas. De tal suerte se produjo un nuevo borra- dor que fue aprobado como ordenanza y estableció políticas y acciones tendientes a prevenir, atender y
erradicar toda forma de violencia por el gobierno municipal, con lo cual el documento adquirió vali- dez para todo el cantón y se garantizó el compromiso del gobierno municipal en su ejecución.
Otra comunidad estudiada en Ecuador fue la de San Francisco de la Rinconada, en el cantón Otavalo de la Provincia de Imbabura. Destaca Barrera que en esta comunidad, gracias a la abogacía de un grupo de mujeres, se creó la Oficina de Orientación Familiar y Asesoría Jurídica, que un año más tarde se converti- ría en la Comisaria de la Mujer y la Familia, basan- do su trabajo en la Ley 103, Ley Contra la Violencia hacia la Mujer y la Familia. Así, en cooperación con la ONG CEAMOS (Centro de Educación y Acción de Mujeres Otavaleñas), se empezaron a organizar eventos de sensibilización de la población y talleres en centros educativos de la ciudad. Por otra parte, una ONG local integrada exclusivamente por per- sonas indígenas, buscó contacto con la comunidad para proponerle trabajar conjuntamente en un pro- yecto educativo que consistía en la entrega de becas para aumentar la escolaridad y la permanencia en la escuela con el fin de preparar para una mejor vida a las personas.
De igual modo destaca la autora que se estableció un pequeño Centro de Mediación, en el que se aten- día a los residentes de la zona en temas como la ali- mentación o la especificación de los derechos y obli- gaciones de padres que vivían separados. También se buscó fortalecer la autoestima y las capacidades de las personas, por lo que las mujeres comenzaron a dar charlas de capacitación sobre la gestión de orga- nizaciones locales, buscando una mayor apropiación de sus derechos.
En Perú, Barrera hace el estudio de la comunidad campesina Chacabamba, en la cual se creó el Institu- to de Defensa Legal, una red de defensorías comu- nitarias enfocada principalmente en niños y niñas, que buscó el efectivo cumplimiento de sus derechos a la educación, a la alimentación y a la obligación de cuidado por parte de sus padres. Entre otras funcio- nes de la defensoría, destaca la de tener a su cargo la difusión de nuevos conocimientos sobre derechos y la prevención de futuras violaciones a los mismos, así como también la asesoría para integrantes de la
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comunidad en distintos conflictos y asuntos legales, todo lo cual ha generado una disminución de la vio- lencia en los últimos años.
Otra comunidad analizada en Perú es la de Tun- gasuca, en donde la violencia familiar era una prác- tica muy generalizada, por lo que se creó una de- fensoría para buscar la difusión de los derechos y la prevención de futuras violaciones. Así, se produjeron cuñas radiales llamadas “la voz de las defensorías”, que se difundieron en la provincia durante algunos años, con lo que se logró sensibilizar a la población sobre el tema de violencia familiar. La autora des- cribe la formación de una red de defensorías con la Coordinadora Departamental de Defensorías Co- munitarias del Cusco (CODECC), encargada de la incidencia política y de la organización de talleres sobre el tema de violencia familiar y el papel de las defensorías ante representantes del sistema jurídico estatal. De esta manera esta institución jugó un rol importante al brindar asesoría legal y facilitar el ac- ceso a la justicia de muchas personas.
En Bolivia se estudia el territorio de Mojocoya, dividido en tres zonas administrativas, e integrado por 30 comunidades campesinas y centros de po- blados. Aquí las mujeres han logrado consolidar su organización propia, y se han ido capacitando sobre distintos temas como los derechos y los deberes de las mujeres, la violencia de género, la participación ciudadana y su incidencia política. En su preocupa- ción por atender los casos de violencia, se ha creado el Servicio Legal Integral Municipal en función de la Ley contra la violencia doméstica, buscando mejorar el bienestar de la población. Asimismo se ha gene- rado un estatuto que trata el tema de género de ma- nera transversal y se ha declarado la paridad en la representación de hombres y mujeres como uno de los derechos que regirán toda la gestión de la futura autonomía, hechos que reflejan varias propuestas de las mujeres.
En Bolivia también, se investiga la comunidad de Tarabuco, en la cual se evidencia un gran contraste
de poder entre hombres y mujeres. La única apertura para la participación de mujeres en asuntos públicos se dio a través de la ocupación de cargos en la pro- pia estructura sindical. Barrera muestra que en esta comunidad la justicia no fue impartida de manera neutral, elemento reforzado por el hecho de que no disponían de una instancia para resolver conflictos, de manera que las mujeres tenían que acudir direc- tamente a la justicia ordinaria. Debido a esta situa- ción, se crea el Centro Juana Azurduy, enfocado en la generación de espacios de formación, diálogo y re- flexión sobre temas vinculados a derechos individua- les y colectivos, y a la autonomía. El Centro Azurduy organizó talleres para recopilar propuestas de muje- res de base para el Estatuto Autonómico, mediante el cual las mujeres exigieron una representación más equitativa en cargos de administración de justicia, un tratamiento de todos los conflictos que ocurriesen a nivel de la comunidad y una coordinación con la justicia ordinaria en caso de violaciones, violencia y todos aquellos conflictos que no se lograrían resolver a nivel de la comunidad.
A través del presente estudio comparativo, Anna Barrera muestra cómo mediante campañas y capa- citaciones, las mujeres indígenas han tomado con- ciencia de que no sólo son portadoras de derechos colectivos, sino que simultáneamente gozan de dere- chos como mujeres, entre ellos, el de vivir una vida libre de violencia, derecho consagrado en Convenios Internacionales y Regionales, así como las Constitu- ciones de Estado y leyes a nivel nacional.
En suma, el estudio comentado está dirigido a quienes están interesados en conocer de cerca al- gunas iniciativas que se han venido realizando en la región andina para mejorar la protección legal de mujeres en caso de violencia familiar en los sistemas jurídicos locales, sin perder de vista las estrategias y actividades para generar cambios en las normas e instituciones. La defensa de los intereses de las muje- res con respecto a su acceso a la justicia seguramente enfrentará más desafíos en el futuro inmediato.
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