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CÁLAMO / Revista de Estudios Jurídicos. Quito - Ecuador. Núm. 4 (Diciembre, 2015): 56-67
SOCIEDADES MULTIÉTNICAS EN EL SIGLO XXI:
EDUCACIÓN, ACCESO A OPORTUNIDADES E IGUALDAD
MULTIETHNIC SOCIETIES IN THE 21
ST
CENTURY:
EDUCATION, ACCESS TO OPPORTUNITIES AND EQUALITY
SOCIEDADES MULTIÉTINICAS DO SÉCULO XXI:
EDUCAÇÃO, ACCESO A OPORTUNIDADES E IGUALDADE
Resumen:
En una sociedad en la que las personas tienen diferentes
niveles de educación y en las que, pese a los esfuerzos, per-
sisten dicultades en cuanto a la calidad de la educación
otorgada en algunos sectores, ¿qué medidas deben adoptar-
se dentro del ámbito jurídico para mejorar la situación de
aquellos que se hallan en una situación desven-tajosa? Este
problema, común a muchos países americanos en los que
permanecen la desigualdad y los malos resultados educati-
vos, nos lleva a reexionar sobre algunas prácticas utilizadas
con relación a grupos desfavorecidos.
Palabras clave: Multiculturalismo; Educación; Falta de
oportunidades; Sociedad; Inclusión; Igualdad.
Summary:
In a society where people have dierent levels of education
and in which, in spite of the eorts, there are still diculties
regarding the quality of education provided to some groups,
which legal measure should be taken to improve the situation
of those people who are in a disadvantageous situation? is
is a common problem to many American countries in which
inequality and bad education results are still a problem. is
leads us to think on some of the practices related to less
favored groups that were put into practice.
Key words: Multiculturalism; Education; Lack of opportu-
nities; Society; Inclusion; Equality.
Resumo:
Na sociedade em que as pessoas têm diferentes níveis de
educação e nas que pese os esforços persistem dicul-dades
em quanto à qualidade da educação outorgada em alguns
setores, que medidas devem adotar dentro do âmbito jurí-
dico para melhorar a situação daqueles que se encontram
numa situação de desvantagem? Este problema, comum
para muitos países americanos nos que permanecem a des-
igualdade e os maus resultados educativos nos leva a reetir
sobre algumas praticas utilizadas com relação aos grupos
desfavorecidos.
Palavras chave: Multiculturalismo; Educação; Falta de
oportunidades; Sociedade; Inclusão; Igualdade.
Alberto Manuel Poletti Adorno*
Universidad Columbia del Paraguay
* Abogado egresado de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Doctor en Derecho Universidad París 1 Panthéon-Sorbonne. Avocat au Barreau
de Paris, Francia. Profesor de Derecho Internacional de la Universidad Columbia del Paraguay. Investigador externo del Departamento de Derecho Po-
lítico de la UNED, España. Las opiniones descritas corresponden exclusivamente al autor y no comprometen a las instituciones mencionadas. Correo-e:
alberto_poletti@hotmail.com
Recibido: 22/08/2015
Aceptado: 27/10/2015
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El lósofo austriaco Ludwig Wittgenstein, en su
tratado lógico-losóco, realiza una comparación
entre el lenguaje y la lógica que lo lleva a sostener
que “los límites de mi lenguaje son los límites de mi
mundo” (Ludwig Wittgenstein 1973, § 5.6).
La aseveración, para muchas personas que no reci-
bieron una buena educación, constituye una triste
realidad, pues efectivamente este problema limita en
muchos casos el acceso a oportunidades de seguir
formándose, obtener un mejor trabajo y, en conse-
cuencia, acceder a mejores condiciones de vida y, po-
siblemente, a mejores ingresos económicos.
Basta reexionar sobre las posibilidades reales de
obtener un buen trabajo para aquellas personas que,
por no haber tenido o aprovechado la oportunidad de
corregir las deciencias de su educación, se expresan
oralmente o por escrito con errores idiomáticos en
comparación con aquellas que se expresan correcta-
mente, a quienes sin duda se abrirán más oportuni-
dades.
Podemos mencionar también el alcance limitado a
la información y a ventajas de diversas índoles para
aquellas personas que no hablan inglés. Sus posibi-
lidades son menores comparadas con aquellas que sí
lo hablan. Lo ideal para un país es que sus habitantes
puedan hablar varios idiomas, pero las limitaciones
económicas en muchos casos impiden hacer de este
sueño una realidad.
Reexionar sobre los problemas y las complejas re-
laciones entre el Derecho y la educación nos lleva a
investigar sobre las trabas existentes para que este de-
recho universal, pueda ser efectivo y útil a la mayor
cantidad de personas. No es lo mismo ser un alumno
y profesor en el siglo XXI que lo que era serlo hace
veinte o más años. La irrupción de las nuevas tecnolo-
gías vino a sustituir a los métodos tradicionales. Algu-
nos recomiendan hoy, privilegiar el trabajo en clase y
la investigación personal por sobre la clase magistral.
La educación, en todo caso, es tan importante para un
Estado y sus habitantes que los gobiernos designan
frecuentemente a especialistas como jefes del Minis-
terio, quienes se rodean en muchos casos también de
expertos, pues el objetivo es brindar la mejor educa-
ción a sus habitantes, cada vez con menos recursos.
Los resultados son dispares, midiéndose no obstante
el porcentaje del PIB destinado a la educación
1
.
Según la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), más
de la mitad de los países latinoamericanos entre los
que pueden citarse a Chile, Ecuador, México y Perú,
pudieron matricular al 80% de niños en edad prees-
colar. Otros, se hallan rezagados. Paraguay, por ejem-
plo, no alcanzó el 40% de escolarización a ese nivel y
sólo el 80% de los niños en edad de cursar la educa-
ción primaria lo hace (UNESCO 2015) pese a que,
conforme la Constitución, la instrucción a esa edad
debe ser obligatoria y gratuita.
Algunos de los objetivos en materia de educación
para el período 2015-2030 son que todos los niños y
adolescentes de la región cursen y terminen la ense-
ñanza preescolar y primaria, así como que el sector de
la educación pueda, en colaboración con otros secto-
res, mejorar las perspectivas de desarrollo sostenible.
Queda claro que en nuestras sociedades, pese a que se
han realizado avances, existen aún muchas diculta-
des para lograr los objetivos mencionados que ya se
intentaron en años anteriores. ¿Qué nos garantiza que
en esta oportunidad logremos los objetivos?
Emmanuel Kant distingue entre lo que posee pre-
cio y quien posee dignidad: “Cuando algo tiene un
precio –dice el lósofo– en su lugar puede colocarse
algo diferente como equivalente; en cambio aquello
que está por encima de todo precio y por lo tanto, no
tiene ningún equivalente posee dignidad” (Hoerster
2000, 91). Dentro de una misma sociedad conviven
diferentes grupos con igual dignidad, a quienes el Es-
tado debe proteger ecazmente a través de medidas
adecuadas, que muchas veces no pueden ser similares
por tratar situaciones desiguales. Nos encontramos
con un mosaico (I) donde se deben tomar acciones
para mejorar la situación de ciertos grupos (II).
LOS LÍMITES DE MI MUNDO
1 Para una observación preliminar del tema, ver Banco Mundial/UNESCO: Gasto público en educación, Total PIB. Disponible en http://datos.bancomun-
dial.org/indicador/SE.XPD.TOTL.GD.ZS
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Los Estados de América son países con raíces
históricas que se relacionan estrechamente, existiendo
también problemas derivados de manejos oscuros de
algunos gobiernos que poco o nada hicieron por el
progreso de sus países
2
. Francisco Lizcano distingue
seis etnias que integran la población iberoamericana:
latina o ibérica (con tres subetnias: criollos o
trasplantados, mestizos y mulatos), indígena, negra,
creole, garífuna y asiática. En cuanto a la composición
étnica del área cultural iberoamericana se distinguen
cuatro tipos de países: indoeuropeo, afrocriollo,
afromestizo y criollo (Lizcano 2006, sin pg.). El
desarrollo de estos grupos y de sus respectivos Estados
no ha sido similar, y muchos sectores se empeñan en
buscar culpables (y, sin duda, los hay) de los males
actuales de sus países en épocas anteriores.
Ahora bien, cabría preguntarse si sería posible, con
los recursos actuales y una buena administración,
solucionar o disminuir algunos de estos problemas.
Centrémonos en la educación. La respuesta general
resulta arriesgada ya que habrá que ver en particular
la situación de cada Estado y los fondos destinados
para mejorarla. Y no escapará al lector que la mano
de obra calicada y el nivel educativo podrán permi-
tir también la optimización de los montos destinados
a perseguir este objetivo.
La educación no debe ser un privilegio de algunos, la
dignidad de las personas y su futuro se encuentran en
juego si les privamos de este derecho fundamental
3
.
No obstante, debemos entender que los recursos con
los que cuenta el país, aún con la mejor voluntad, son
pocos, pues cada vez el Estado adquiere más obliga-
ciones y todas son, según los beneciados, iguales o
tan urgentes.
Los problemas y las carencias en el ámbito educativo
nos llevan a reexionar sobre los motivos que impi-
den a grupos desfavorecidos acceder a los medios y
recursos adecuados para mejorar su nivel de vida y de
las personas de su entorno.
Las dicultades en la educación
Nos encontramos con que según un estudio de
la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe presentado en enero de 2015 en Santiago de
Chile, la pobreza afectó en 2014 a 28% de la población
de América Latina (CEPAL 2015). Muchos gobiernos
realizan sus mejores esfuerzos y asignan buena parte
de sus recursos para disminuir la brecha existente.
Es indiscutible que personas que no cuentan con asis-
tencia para superar las dicultades diarias y reciben
una educación que no se compadece de sus necesida-
des y del medio en el que viven no podrán progresar,
salvo casos excepcionales, con la misma rapidez con
que lo hacen aquellas que cuentan con educadores
bien formados, ambiente apropiado y pueden cubrir
sus necesidades básicas. En la educación, deben te-
nerse en cuenta las particularidades de los educan-
dos. En este punto, es importante destacar el estudio
“Discriminación étnico-racial y xenofobia en Améri-
ca Latina y el Caribe” realizado por Martín Hopen-
hayn y Álvaro Bello, que establece que “tras siglos de
exclusión y dominación, a principios del nuevo mile-
nio los pueblos indígenas, afrolatinos y afrocaribeños
presentan los peores indicadores económicos y socia-
les y tienen escaso reconocimiento cultural y acceso
a instancias decisorias” (Hopenhayn y Bello 2001, 5).
¿Tiene que ver la falta de educación con estos proble-
mas? Basta ver los fondos destinados a estos sectores
y en muchos casos la calidad de sus establecimientos
educativos, las bibliotecas, el acceso a recursos didác-
ticos, la formación de la mayoría de sus docentes y
compararlos con los de otros lugares situados en las
principales localidades de un país. Podemos adelan-
tar, entonces, una respuesta armativa a nuestra in-
terrogante. Los avances de la tecnología nos hacen
pensar en la posibilidad de utilizar mecanismos al-
ternativos frente a la tradicional impresión de textos.
Así, además de hacer llegar a los grupos los libros en
la forma habitual, puede utilizarse también Internet.
LA SOCIEDAD: MOSAICO DE GRUPOS CON FORMACIONES DIFERENTES
2 “No hay duda de que persiste entre nosotros el problema del atraso socio-económico y la inestabilidad político constitucional. Tal circunstancia pone en
evidencia -según así lo expone César Landa Arroyo- los límites pero también las posibilidades del propio desarrollo de América Latina” (Jiménez 2004,
6).
3 Se rerió Gustavo Zagrebelsky al derecho a la salud diciendo que “es un verdadero derecho frente a los particulares, pero no es más que una aspiración
política y por otro lado una obligación política frente al legislador” (1991, 76 y 79-98). Creemos que el mismo criterio puede ser esgrimido para analizar
el derecho a la educación.
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La “Declaración de París sobre los Recursos Educa-
tivos Abiertos”, que nació de la UNESCO en el 2012,
establece que “los recursos educativos abiertos son
cualquier tipo de materiales de enseñanza, aprendiza-
je o investigación que pertenecen al dominio público
o que están publicados con una licencia abierta, para
ser utilizados, adaptados y distribuidos gratuitamen-
te” (Fundación Karisma 2014). Ahora bien, no todas
las personas tienen acceso a programas informáticos
ni saben cómo utilizarlos. Es de esperar entonces que
programas como “Una computadora por niño”
4
pue-
dan ser expandidos.
Es necesario mejorar la educación en América Latina.
Por supuesto que se han logrado excelentes resultados
en algunos casos con profesionales que se destacan en
diferentes ámbitos, pero tampoco puede desconocer-
se que los ocho países de la región participantes en la
prueba internacional PISA
5
(Argentina, Brasil, Chile,
Costa Rica, Colombia, México, Perú y Uruguay) ca-
lican en los últimos lugares entre los 65 países par-
ticipantes (Monge 2013). ¿Es sólo presupuestario el
problema?
Los Estados son responsables de asignar recursos pre-
supuestarios y establecer programas para favorecer la
igualdad de oportunidades y resultados educativos en
los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Po-
drá discutirse si nos hallamos ante una obligación de
medios o de resultados. Resulta además importante
considerar, siendo los recursos limitados, la discusión
de si se debería favorecer al sector más carente o si los
recursos deberían ser repartidos equitativamente o, al
menos, proporcionalmente.
Tomemos el ejemplo de Norbert Hoerster, quien al
estudiar la igualdad de tratamiento, se pregunta qué
debería hacer un padre con un hijo normal y otro
mental y físicamente retardado: 1) prestar todo su
apoyo al segundo a n de igualar lo más posible la ca-
lidad de vida de ambos hijos; 2) otorgar a los dos hijos
ciertos derechos y deberes idénticos (aclarando que
por las circunstancias descritas el segundo no estaría
en condiciones de gozar y poniendo como ejemplo el
ingreso a educación superior o la inscripción en un
club deportivo) o 3) dentro de sus posibilidades, in-
vertir en cada hijo tanto como fuera necesario para
que ambos tengan la oportunidad de mejorar su cali-
dad de vida (Hoerster 2000, 166).
Compartimos la opinión del autor sobre la conve-
niencia de elegir la tercera opción. Sin duda alguna,
el Estado asume una obligación con todos los habi-
tantes sometidos a su jurisdicción y en el ámbito de
la educación que se relaciona con el interés superior
de los niños y jóvenes; por tanto, no es conveniente
distribuir los recursos entre mayorías o minorías en
forma proporcional. La educación básica debe en-
tonces cubrir a la totalidad, debiendo ocuparse espe-
cialmente de aquellas minorías desfavorecidas para
remover los obstáculos que les impiden el acceso a
una educación de calidad. Es necesario aumentar el
gasto en estos sectores desfavorecidos sin que ello se
traduzca en una disminución de los esfuerzos de los
demás sectores que deben, de por sí, enfrentar cada
año las amenazas de recortes. Sólo de esta forma po-
drá promoverse otro derecho fundamental, que es el
ingreso, permanencia y mejoramiento de las personas
a la actividad laboral.
El acceso al mercado laboral
Podrá discutirse la relación entre educación y
competitividad. América Latina tiene una proporción
mucho mayor de población en edad de trabajar sin
escolaridad que las economías de Asia Oriental o
que el mismo promedio mundial. Los habitantes
han cursado al menos una parte de la educación
primaria (a diferencia de otras regiones), ubicándose
no obstante muy por debajo del promedio mundial
con respecto a la dotación de trabajadores con
educación secundaria. Según informes del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID 2001, 120), en el
año 2001, el porcentaje de la población en edad de
trabajar que poseía educación secundaria alcanzaba
sólo el 20% y, aunque este porcentaje se ha ido
incrementando desde entonces, está aún lejos de
alcanzar las proporciones de otros países (OECD
2015, 99-100).
4 Proyecto Ceibal en Uruguay: “One Laptop per child”. Disponible en http://one.laptop.org/.
5 El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, por sus siglas en inglés), tiene por objeto evaluar hasta qué punto los
alumnos cercanos al nal de la educación obligatoria han adquirido algunos de los conocimientos y habilidades necesarios para la participación plena
en la sociedad del saber. PISA saca a relucir aquellos países que han alcanzado un buen rendimiento y, al mismo tiempo, un reparto equitativo de opor-
tunidades de aprendizaje, ayudando así a establecer metas ambiciosas para otros países. Disponible en http://www.oecd.org/pisa/pisaenespaol.htm
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La situación de exclusión que enfrentan niños y jó-
venes en el ámbito de la educación formal, repercute
obviamente en el acceso al trabajo y reduce sustan-
cialmente las posibilidades de los mismos de obtener
mejores puestos, mejores salarios y mayores oportu-
nidades. Esta circunstancia está lejos de darse única-
mente por motivos raciales, como comúnmente se
cree. El acceso a funciones electivas que favorece a
representantes de todas las regiones de un país per-
mite la migración interna hacia la capital. También
los concursos públicos y exámenes de ingresos en los
institutos superiores hacen que las personas puedan
desplazarse de una ciudad a otra, con el n de prose-
guir su formación y luego ingresar con éxito al mer-
cado laboral.
Ahora bien: ¿cómo puede facilitarse el acceso al tra-
bajo de una persona sin formación adecuada? En al-
gunos países se establecen cuotas o porcentajes que
deben ser cubiertos por personas jóvenes que cuen-
tan con dicultades de acceso al trabajo ya que no
tienen una experiencia laboral previa, incluso cuan-
do pudieron obtener una educación especializada.
Es importante destacar que el vínculo laboral es una
relación voluntaria, por lo que la intervención del
Estado se limita a establecer las condiciones en que
se cumple la misma y, salvo excepciones, no puede
imponer su celebración, aunque sí puede favorecer
mediante políticas públicas la contratación de ciertos
sectores. Así, en el ejemplo citado, una empresa po-
drá recibir subsidios del gobierno o reducciones de
impuestos si contrata a ciertas personas, con lo cual
podría disminuir sus costos. Alternativas como esta,
fueron implementadas con leyes de empleo juvenil en
diversos países. También merece citarse la iniciativa
en el Brasil de la “Ley de Cuotas”, que reserva el 20%
de las vacantes en los concursos públicos federales a
la población negra del país
6
, conformada por más de
la mitad de sus habitantes.
El sistema adoptado es sin duda perfectible. Entra en
vigencia cuando hay más de tres puestos (no cuando
hay una sola vacancia). Sostiene el profesor Bandei-
ra de Mello que para reequilibrar las desigualdades
son necesarias, por parte de los gobernantes, actua-
ciones tanto inmediatas como mediatas, y en dife-
rentes situaciones. El sistema de cuotas, por ejemplo,
sería una solución inmediata y el mejoramiento de la
enseñanza pública la medida mediata. Se debe tener
en cuenta que, a medida que se avance con la mejora
de la educación de todos los sectores podrá ir supri-
miéndose en forma gradual el sistema de cuotas, de
tal modo que, cuando todos estén en igualdad en el
punto de partida, las cuotas ya no serían necesarias
(en Daniela Bonadiman 2013).
Un año después y considerando que la medida se apli-
caba únicamente en el ámbito de la administración
pública a entidades dependientes del Poder Ejecutivo,
se implementó el 20% de cuotas para ingresos al ám-
bito judicial
7
. El Presidente del Supremo Tribunal Fe-
deral, Ricardo Lewandowski, al justicar la ley, señaló
que sólo el 18% de los altos cargos estaban ocupados
por negros. Esta posición es importante ya que se des-
tacó en un estudio reciente la necesidad de alentar
“a los Estados a que promuevan la diversidad
en la composición de los miembros del poder
judicial, entre otras cosas teniendo en cuenta
la perspectiva de género y promoviendo acti-
vamente la representación equilibrada de mu-
jeres y hombres de diferentes segmentos de
la sociedad a todos los niveles, y se cercioren
de que los requisitos para ingresar en la pro-
fesión judicial y el correspondiente proceso de
selección sean no discriminatorios, públicos y
transparentes, y se basen en criterios objetivos,
garantizando el nombramiento de personas ín-
tegras e idóneas que tengan la formación y las
cualicaciones jurídicas apropiadas, sobre la
base del mérito y con arreglo a iguales condi-
ciones de trabajo”. (ONU, Consejo de Derechos
Humanos, Doc. A/HRC/29/L.11)
Podrá, no obstante, discutirse si este plan debería ex-
tenderse a otros sectores. En México, un estudio de
6 Ley Nº 12.990 del9 de junio de 2014 “Reserva aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos
efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades
de economia mista controladas pela União”.
7 Consejo Nacional de Justicia de Brasil, Plenário do CNJ aprova cotas de acesso a negros para cargos no Judiciário, 9 de junio de 2015. Disponible en
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/79590-plenario-do-cnj-aprova-cotas-de-acesso-a-negros-para-cargos-no-judiciario.
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acciones armativas en el ámbito universitario que
permitía el ingreso de estudiantes indígenas señaló
que
“de los pocos que logran acceder a la educación
superior, son aún menos los que la terminan,
porque además de los recursos limitados que
tienen para mantenerse como estudiantes, a su
arribo a la universidad, estos estudiantes tienen
que enfrentar otros desafíos, los que impone su
diferencia cultural”. (Velasco Cruz 2010, 2557)
Y asimismo cabe preguntarse cuántas personas de las
minorías ocupan puestos en América Latina en em-
presas comerciales para venta, servicios o incluso en
los medios de comunicación, sin contar los empleos
en puestos públicos.
LOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD
Al modicarse el marco legal de los países, esta-
bleciéndose cuotas para el acceso al trabajo y acogién-
dose judicialmente acciones tendientes a favorecer la
cohabitación de diferentes grupos dentro de un país,
a algunas personas se les otorgan nuevas oportunida-
des para hacer valer sus derechos. Pero el problema
persiste para la mayoría. Creemos que si bien pue-
den promoverse acciones judiciales para la defensa de
grupos minoritarios, es esencial insistir en el mejo-
ramiento de la educación de estos grupos, para que
ellos mismos puedan detectar y disminuir las situa-
ciones que crean las desigualdades entre las personas
en una sociedad.
La discriminación positiva
Creemos que mientras se adoptan medidas de
fondo destinadas a mejorar la educación, una acción
paliativa temporal podría darse con la utilización de
mecanismos de discriminación positiva para reducir
las desigualdades existentes. En este sentido, se
sostiene que la discriminación positiva
“es el término dado a una política social dirigi-
da a mejorar la calidad de vida de grupos desfa-
vorecidos. Supone acciones que, a diferencia de
la mera discriminación o de la discriminación
negativa, buscan que un determinado grupo
social, étnico o minoritario que históricamente
haya sufrido aislamiento a causa de injusticias
sociales, reciba un trato preferencial en el acce-
so y distribución de ciertos recursos o servicios
así como acceso a determinados bienes, con el
objetivo de mejorar lacalidad de vidade gru-
pos desfavorecidos”. (Corte Suprema de Jus-
ticia de Nicaragua, Sentencia N° 18 del 22 de
agosto de 2013, p. 13)
Dos fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos
merecen ser citados. En 2003, en Grutter vs. Bollin-
ger se sostuvo que la Universidad de Michigan podría
considerar la raza (aunque no exclusivamente) en los
procesos de administración como parte de sus esfuer-
zos para obtener un cuerpo estudiantil compuesto por
diversos grupos. Años más tarde, en 2012, en el caso
Fisher vs. Universidad de Texas una joven estudiante
de raza blanca recurrió a la justicia buscando dejar
sin efecto el rechazo a su admisión en la Universidad,
considerando las cuotas minoritarias y sosteniendo
que había sido tratada discriminatoriamente, ya que
personas menos capacitadas que ella ingresaron a la
Universidad. La Corte ordenó el reenvío del caso para
una nueva revisión de la política de ingreso de la Uni-
versidad y muchas personas temen que los días de las
acciones armativas se hallen contados. En el período
2015-2016, la Corte Suprema de Estados Unidos tiene
previsto analizar nuevamente el caso, que de nuevo
fue resuelto en la instancia inferior a favor de la Uni-
versidad (Faust 2015).
No obstante, se debe considerar la decisión de Schue-
tte vs. Coalition to Defend Armative Action, donde
se sostuvo que los votantes de Michigan tienen el de-
recho de cambiar su Constitución para prohibir a las
universidades públicas considerar la raza en los pro-
cesos de admisión.
La jueza Sonia Sotomayor, primera de origen puer-
torriqueño en llegar al Alto Tribunal, emitió un fallo
en disidencia enfatizando que la negativa a aceptar la
cruda realidad de que la raza importa era lamentable
y que “la forma para frenar la discriminación en base
a la raza es hablar abierta y francamente sobre el tema
de la raza y aplicar la Constitución con ojos abiertos
a los efectos desafortunados de siglos de discrimi-
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nación racial”. Sostuvo en su voto que “como miem-
bros del Poder judicial encargados de intervenir para
hacer efectiva la garantía de la igual protección, no
debemos sentarnos y esperar que desaparezca (wish
away) sino confrontar la desigualdad racial que existe
en nuestra sociedad” (en Liptak 2014).
Es importante destacar que tanto en el ámbito acadé-
mico como en el laboral, la persona favorecida con
la discriminación positiva que tiene la posibilidad de
acceder al puesto, debe esforzarse igual que los otros
para obtener su promoción. La diversidad, lejos de
ser hoy un impedimento, debe ser valorada debida-
mente buscando que sus benecios lleguen a todos
los sectores.
La ayuda inicial para el acceso a los benecios no
constituye una exoneración de todos los demás requi-
sitos. Pero a esta medida, debe sumarse la posibilidad
de recurrir ante el órgano judicial para la vericación
de la persistencia de situaciones de discriminación
que debe igualmente favorecerse y analizarse en el
caso de las minorías.
No es entonces el acceso a la educación de grupos
desfavorecidos el único problema a considerar en
una sociedad multiétnica. La permanencia y la pro-
moción de las condiciones de vida de estos grupos
son desafíos aún mayores. Otorgar el mismo trato a
personas que no cuentan con problemas y a aquellas
que sí presentan dicultades, es injusto a los ojos de
Hoerster.
En realidad, es importante destacar que a lo largo del
proceso educativo surgen siempre aspectos que son
regidos por el Derecho. Por sólo citar algunos: las
oportunidades de promoción, la merienda escolar,
los locales adecuados, la infraestructura, las becas, las
ayudas económicas y el gasto público, las relaciones y
tratos entre alumnos, profesores, padres y la comuni-
dad… Todo está regido por la ley.
No obstante, algunos especialistas consideran que
la discriminación positiva, sobre todo en el modelo
americano, no es una panacea para todos los males.
El destacado economista francés omas Piketty
sostiene que la discriminación positiva sólo puede
tener lugar en la sociedad norteamericana, y reexio-
na sobre una “discriminación positiva a la francesa”,
retomando la propuesta de Patrick Weil, profesor de
la Universidad de París, de que en las mejores clases
preparatorias sean admitidos el 7% u 8% de los me-
jores alumnos de cada colegio, en particular aquellos
situados en las Zonas de Educación Prioritaria (en
francés zone d´éducation prioritaire o ZEP) (Piketty
2006).
Las ZEP han recibido muchos nombres luego de va-
rias transformaciones: APV, REP, RAR, ECLAIR. Al
vincularse a un establecimiento educativo con este
programa, se busca corregir el impacto de las des-
igualdades sociales y económicas en la promoción
escolar, por un refuerzo de la acción pedagógica en
las escuelas situadas en lugares que tienen mayores
dicultades.
Los alumnos de estas instituciones se hallan en gru-
pos reducidos donde pueden contar con más atención
y recibir actividades de formación complementarias
y distintas a las tradicionales, con el n de paliar al-
gunas lagunas de la educación tradicional (Les déco-
deurs y Mattea Battaglia 2014).
Sostiene sin embargo Piketty, que se debe actuar a
una temprana edad para reducir los desfasajes entre
los estudiantes y que, paradójicamente, el hecho de
que los alumnos estén en grupos pequeños no siem-
pre garantiza que obtengan mejores resultados. Con-
cordamos en que las acciones para reducir la brecha
entre hijos de diplomados y no diplomados deben
hacerse en la escuela y no en la universidad, donde
el sistema actual no permite realizar un acompaña-
miento como el que existe en la educación básica y
media.
A lo anteriormente citado debe agregarse que cuando
se reducen los recursos y se tienen que realizar cortes,
se afecta en primer lugar a la investigación, a las ayu-
das económicas y a los programas sociales, evitando
las disminuciones salariales por las posibles conse-
cuencias a nivel legal y social que ello implica. Cree-
mos entonces que hay cambios que pueden y deben
venir por otra vía, distinta a las vías descritas.
Adaptaciones sociales
En muchos países latinoamericanos se realizaron
recientemente marchas estudiantiles luego de haberse
descubierto desvíos de fondos, pero también, como
consecuencia de un despertar colectivo ante la
Facultad de Derecho
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8 Para profundizar sobre los movimientos estudiantiles recientes en diversos países, pueden verse: –en Chile (abril de 2015), http://elpais.com/el-
pais/2015/05/28/album/1432849629_989429.html–
#1432849629_989429_1432849819;
en Panamá (agosto de 2015), http://www.prensa.com/sociedad/Clases-Universidad-Panama-continuan-suspendidas_0_4286571456.html;
en Paraguay (septiembre 2015), http://www.abc.com.py/edicion-impresa/locales/docentes-y-padres-apoyan-la-marcha-estudiantil-del-18-s-1407292.
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9 En México, la acreditación de las carreras de Derecho no es obligatoria (El País, Madrid, 22 de setiembre de 2015). Disponible en http://internacional.
elpais.com/internacional/2015/09/22-/actualidad/1442877308_101403.html En Perú, conforme a la Ley 28740, la acreditación es voluntaria salvo para
las carreras de Ciencias de la Salud, Educación y Derecho. Ver: http://www.sineace.gob.pe/acreditacion. En la República Argentina, la Ley 24521 creó la
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria(CONEAU),que impulsó la acreditación de carreras, habiéndose en el pasado admitido
acciones judiciales por parte de prestigiosas universidades como la de Buenos Aires (UBA) y la Nacional de Córdoba (UNC) contra la intervención de
dicha entidad para la vericación de sus programas. La resistencia ha ido disminuyendo desde entonces. Ver http://www.derecho.unc.edu.ar/docentes/
evaluacion-de-desempeno-docente-acreditacion-y-concursos/-camino-a-la-acreditaci200bon
conciencia de los problemas educativos existentes
8
.
Son varias las interrogantes que surgen en la materia
cuando se tiene conciencia del problema. Planteamos
tres de ellas.
En primer lugar, es necesario reexionar en muchos
casos sobre el mejoramiento de los locales educativos
y la calidad de la formación de los docentes. Si bien
el sector público es el responsable principal, el sec-
tor privado debe apoyar las buenas iniciativas en la
materia y constituirse en un guardián de la correcta
utilización de los recursos. Las manifestaciones estu-
diantiles y docentes constituyeron sin duda un me-
canismo ecaz para evitar daños mayores al sistema.
En segundo lugar, se puede analizar qué materias de-
berían ser enseñadas con mayor énfasis. Las pruebas
PISA, citadas anteriormente, evalúan la competencia
en lectura, matemáticas y ciencias. ¿Debe darse én-
fasis a estas ramas por sobre la historia, los idiomas,
la ética o la moral? Asignaturas como losofía, arte o
geografía, ¿deben ser relegadas frente a deportes y en-
señanzas técnicas? ¿Cómo distribuir la carga horaria?
Creemos que además de la formación especializada,
la educación para la tolerancia y el respeto al otro
debe ser efectuada en todos los ámbitos.
En tercer lugar y sin ánimo de ser exhaustivos, po-
dría discutirse si debe seguirse un programa común
o favorecerse las especializaciones. Dentro de la auto-
nomía de cada institución y principalmente en el ám-
bito superior, podrá darse mayor libertad a algunos
establecimientos pero ello no implica, bajo ningún
punto de vista, la facultad de sustraerse al control del
Estado.
Creemos que a medida que la persona vaya avanzan-
do en su educación, pueden proveerse asignaturas co-
munes; pero existe un mínimo esencial en cada nivel,
cada carrera que debe ser dispensado por cada insti-
tución educativa y cuya calidad debe ser supervisada
por el Estado.
Es importante destacar el ámbito de la evaluación
y acreditación de ciertas carreras universitarias. No
existe uniformidad en la materia
9
ya que si bien se
privilegian algunas formaciones que tienen que ver
directamente con la salud, la seguridad, los derechos,
los bienes o la formación de los habitantes en algunos
países, no todos los países acceden a someterse a con-
troles para vericar lo que ya saben: las carencias de
la educación.
Creemos que es preferible centrarse en solucionar los
problemas principales antes que brindar remedios
transitorios. Tal vez un ejemplo permita alimentar el
debate. Un pedido de informes de la Honorable Cá-
mara de Diputados de Paraguay a la Facultad de Filo-
sofía de la Universidad Nacional de Asunción busca-
ba conocer los requisitos establecidos por la Facultad
para el ingreso, la cantidad de plazas habilitadas para
las distintas carreras, la cantidad de postulantes que
se inscribieron en el año lectivo y cuantos obtuvieron
el puntaje mínimo requerido (Honorable Cámara de
Diputados de la República del Paraguay, Resolución
N° 1659 de 17 de septiembre de 2015). Además, se
consultó sobre las plazas vacantes (atendiendo a que
muchos alumnos no alcanzaron el puntaje mínimo) y
sobre si la institución había previsto algún mecanis-
mo para dar lugar al ingreso de postulantes que no
alcanzaron el mínimo requerido.
Esta intervención dio lugar a un amplio debate sobre
la calidad de la educación. Creemos que el principal
problema no se resume a que las personas alcancen o
no un puntaje mínimo en un examen de ingreso, pues
siendo jóvenes, tienen aún varias oportunidades de
prepararse mejor y lograrlo en otra oportunidad. La
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cuestión es si el poder político debe o no inmiscuirse
en asuntos vinculados a la calidad de la enseñanza y
los puntajes mínimos exigidos. En el ámbito judicial,
y salvo agotamiento de recursos administrativos, los
jueces se inclinan por respetar la autonomía universi-
taria y no intereren en dicho ámbito, rechazándose
acciones de amparo para el ingreso de personas que
no alcanzaron el mínimo establecido previamente
10
o
no aprobaron las exigencias mínimas de la institución
para continuar en la misma
11
.
Creemos que esta posición es correcta. Pese a que mu-
cha gente considera a la educación como un negocio
(ello puede verse con el auge de universidades priva-
das), en realidad la educación sigue siendo un servi-
cio público que no puede ser proveído íntegramente
con la calidad deseada por el Estado y por ende, el
sector privado también puede concurrir a brindarlo.
Los problemas vinculados al ingreso y egreso de
alumnos de instituciones universitarias que les per-
mitan un mejor futuro laboral no deben tratarse úni-
camente durante los últimos años, sino que deben
merecer una atención por parte del Estado y de la so-
ciedad a lo largo de todo el proceso educativo.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
“Todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos”. Esta máxima de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos está
lejos de ser realidad y la situación de la educación es
probablemente una prueba más palpable.
La sociedad del siglo XXI ha cambiado y, por ende,
las necesidades de la educación de sus habitantes. Sin
perjuicio de seguir contando con personas especiali-
zadas en la delicada tarea de la educación, es impor-
tante destacar que los gobiernos deben reconocer esta
situación y realizar rápidamente los cambios necesa-
rios, utilizando al Derecho como un instrumento in-
discutible. En este sentido, debe haber una selección
de contenidos para todos.
Señala el periodista argentino Andrés Oppenheimer
que mientras
“los asiáticos están guiados por el pragmatis-
mo y obsesionados con el futuro, los latinoa-
mericanos estamos guiados por la ideología y
obsesionados con el pasado. La obsesión de los
asiáticos está en cómo volverse más competiti-
vos, ganar posiciones en la economía mundial,
reducir la pobreza y elevar el nivel de vida de
sus poblaciones. En América Latina está ocu-
rriendo exactamente lo contrario, se vive aún
con la idea de que los vivos están guiados por
los muertos” (Oppenheimer 2010, 1).
No debemos eliminar asignaturas ni posibilidades
de formación. La educación básica que, conforme a
la mayoría de las Constituciones de la región, debe
ser gratuita, está lejos de serlo. Los países necesitan
cientícos pero también deportistas, artistas, lóso-
fos, médicos, abogados. También son indispensables
los empleos de nivel medio, al igual que los agricul-
tores y obreros. Así, la adecuación de los programas
con materias obligatorias y opcionales parece ir en la
dirección correcta.
Debe haber mecanismos ecaces de control de la ges-
tión de gastos públicos. Es necesario mejorar el gasto
educativo y ofrecer servicios de calidad a todos los
sectores, buscando evitar que las situaciones de des-
igualdad que existen en la sociedad se repitan en el
futuro. Las acciones de discriminación positiva son
elementos que pueden paliar momentáneamente las
situaciones de inequidad, pero no pueden ser eternas
y deben ser tomadas con cautela.
Por tanto, es indispensable también la adopción
de políticas para permitir a las minorías desfavore-
cidas un mejoramiento de las brechas existentes en
la educación actual. No hay que esperar a llegar a la
10 Tribunal de Apelaciones en lo Criminal de Asunción, sala 1. A. F., M. G.; V. P., L. R.; E. A., F. R.; TC., T. E.; S., L. N.; A., M.; M., M.; O., M.; R., M.; M. C.,
B. A. y C., M. c. Facultad de Filosofía U.N.A. y Consejo Directivo s/ Amparo Constitucional. (Ac. y Sent. N° 42 del11/08/2015).
11 Tribunal de Apelaciones en lo Criminal de Asunción, sala 2 Amparo promovido por el Abog. G. F., J. C. en representación de D. B., J. c. Colegio San José.
(SD Nº 22 del 02/04/2007). En el mismo sentido: Tribunal de Apelaciones en lo Criminal de Asunción, sala 3. Juicio: D. S. de M., A. M. A. c. Colegio
Internacional (Ac. y Sent. Nº 36 del29/04/2003)
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Universidad para actuar. Mientras más temprano se
comience a brindar una educación de calidad, pro-
veyendo a cada alumno durante el proceso educativo
los mecanismos para salir adelante, podrán obtenerse
mejores resultados.
El control social es indispensable. Además de pre-
miarse la calidad educativa, resulta necesario que la
sociedad sea contralora de la gestión no sólo del go-
bierno, sino también de las universidades sobre el uso
de fondos públicos. La evaluación y vericación de la
calidad debe provenir no sólo de organismos ociales
sino también de los miembros de la sociedad. Debe
destacarse qué parte de la acreditación de calidad
consiste en la realización de actividades de impacto
social que, lejos de constituir una mera parte de la
vericación, constituyen una condición esencial para
la comprobación de uno de los objetivos de la educa-
ción, que es la de mejorar la condición de las personas
a través del conocimiento.
Por otra parte, la autonomía universitaria no debe
ser sinónimo de exclusión de controles estatales. Este
tema sin duda merece una reexión particular pero,
por su importancia, no puede dejar de ser al menos
mencionada. Las resistencias a las vericaciones na-
cionales e internacionales no sólo a nivel académico
sino también en el uso de fondos y calidad de los pro-
gramas, deben merecer una respuesta enérgica del
Derecho. El acceso a la información es un derecho
humano, y al afectar signicativamente a la sociedad
el uso de fondos públicos, debe garantizarse la posibi-
lidad de controles para prevenir los comportamientos
tristemente detectados recientemente. Luego, la jus-
ticia decidirá sobre la culpabilidad o no de los acu-
sados.
Estas son algunas de las medidas que deberían tomar-
se para que el problema tratado comience recién a
resolverse. También debe buscarse un mejoramiento
del nivel de preparación de los docentes, de sus con-
diciones laborales. Lamentablemente, el siglo XXI ha
iniciado con problemas nancieros importantes en
los países. Aunque no quiera admitirse públicamente,
los recursos para educación no son prioridad, ya que
los resultados no se ven inmediatamente en una con-
tienda electoral.
No porque falta dinero debe descuidarse la atención
prioritaria a la educación, so pena de que luego apa-
rezcan otros problemas ante la ausencia o imposibi-
lidad del Estado de brindar educación de calidad a
todos los sectores. Kant dijo que “un pueblo educado
es un pueblo libre”. Y la libertad permitirá tal vez lo-
grar una sociedad con menos conictos que los que
tenemos hoy.
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