Facultad de Derecho

DIÁLOGOS INTERJURISDICCIONALES Y CORTES DIALÓGICAS CON LA COMUNIDAD.

LA REPARACIÓN INTEGRAL ENTRE LOS JUECES LOCALES E INTERAMERICANOS

CON LA COOPERACIÓN DE LOS PODERES POLÍTICOS

INTERJURISDICTIONAL DIALOGUES AND DIALOGICAL COURTS WITH THE

COMMUNITY. WHOLE REPARATION BETWEEN LOCAL AND INTER-AMERICAN

JUDGES WITH THE COOPERATION OF POLITICAL POWERS

DIÁLOGOS INTER JURISDICIONAIS Y CORTES DIALÓGICAS COM A COMUNIDAD.

A REPARAÇÃO INTEGRAL ENTRE OS JUÍZES LOCAIS E INTERAMERICANOS

COM A COOPERAÇÃO DOS PODERES POLÍTICOS

Paúl Córdova*

Recibido: 13/04/2018

Aprobado: 07/07/2018

Resumen

Summary

El trabajo es un esfuerzo descriptivo por discutir cuá-

is essay is a descriptive eﬀort to discuss what would be

les serían los componentes de una hoja de ruta hacia la im-

plementación de un esquema de justicia dialógica para la

reparación integral de derechos con la intervención de las

Cortes locales y la Corte IDH, más la cooperación del Poder

Ejecutivo y el Poder Legislativo, y todos estos actores parti-

ciparían en un diálogo democrático permanente con la ciu-

dadanía para la formulación de las políticas de reparación.

the components of a road map towards the implementation

of a dialogical justice scheme for a whole reparation of rights

with the intervention of local Courts and the Inter-American

Court, plus the cooperation of both Executive and Legislative

powers; all these actors would participate in a permanent

democratic dialogue with citizens for the formulation of

reparation policies.

La tesis central consiste en aﬁrmar que los derechos, sus

formas de ejercicio y protección, necesitan de una delibe-

ración colectiva y extendida entre las autoridades, los jueces

estatales e interamericanos y la comunidad para que sus al-

cances no dependan de monólogos proferidos por minorías

selectas como los jueces, ni de los vaticinios de las autori-

dades políticas de turno que representarían a las grandes

mayorías. Así, los desafíos deberán centrarse en los aportes

de cada una de estas instancias mencionadas para un inter-

cambio dialógico constitucional que garantice la ejecución

de políticas de reparación integral.

e main thesis to ensure that rights, their forms of exercise

and protection, need a collective and widespread deliberation

among authorities, state and inter-American judges and

the community so that their scope does not depend on

monologues uttered by select minorities such as judges, or

the predictions of the shif political authorities that would

represent the majorities. us, the challenges should focus on

the contributions on each of the instances above mentioned

for a dialogical constitutional exchange that guarantees the

execution of comprehensive reparation policies.

Key words: Multidimensional dialogue; Human rights;

Local and inter-American judges; Protection and repair

Palabras clave: Diálogo multidimensional; Derechos

humanos; Jueces locales e interamericanos; Protección y

reparación

*

Es Docente de la Universidad Central de Ecuador en Instituto de Posgrados en la Escuela de Derecho. Doctor en Jurisprudencia y Abogado (UCE),

Mgs. Internacional de Investigación en Derecho, con mención en Derecho Constitucional (UASB-E), Mgs. en Gestión y Desarrollo Social (UTPL),

Especialista Superior en Ciencias Internacionales y Superior en Derechos Humanos (ISP-UCE).

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Resumo

O trabalho é um esforço por discutir quais seriam os

dos, interamericanos e a comunidade para que seus alcances

no dependam de monólogos proferidos por minorias sele-

cionadas como os juízes, nem dos vaticínios das autorida-

des políticas da vez que representariam as grandes maiorias.

Assim, os desaﬁos deverão centrar-se nos aportes de cada

una destas instancias mencionadas para um intercambio

dialógico constitucional que garanta a execução de políticas

de reparação integral.

componentes de uma folha de roteiro para implementação

de um esquema de justiça dialógica para a reparação inte-

gral de direitos com a intervenção das Cortes locais e da

Corte IDH, mais a cooperação do Poder Executivo e o Po-

der Legislativo, e todos estes atores participariam em diálo-

go democrático permanente com a cidadania para a formu-

lação das políticas de reparação.

A tese central consiste em aﬁrmar que os direitos, suas for-

mas de exercício e proteção, precisam de uma deliberação

coletiva e estendida entre as autoridades, os juízes dos Esta-

Palavras chave: Diálogo multidimensional; Direitos

humanos; Juízes locais e interamericanos; Proteção

e reparação

INTRODUCCIÓN

Los sistemas jurisdiccionales latinoamericanos

contienen escasos instrumentos dialógicos para la

formulación de políticas de reparación. El trabajo

propone un marco institucional para plantear esque-

mas deliberativos que promuevan nuevas prácticas

constitucionales; y, en esa perspectiva, dimensionar

los alcances de un activismo dialógico en los ámbitos

jurisdiccional y litigante hacia la construcción de un

control democrático de constitucionalidad y la repara-

ción de los derechos humanos. Para pensar otro tipo de

constitucionalismo y sus desafíos, propone una agen-

da básica de políticas e innovaciones institucionales

para los Estados constitucionales de la región. Varios

tribunales en Colombia, la India, Sudáfrica, Canadá y

otros países desarrollan procesos de activismo judicial

dialógico y suscitan aportes relevantes para tutelar y

restaurar derechos. Uno de los grandes legados de es-

tas jurisdicciones para el mundo constitucional es la

búsqueda de decisiones deliberativas para superar los

procesos monológicos y que contribuyan a redeﬁnir su

rol.

Este trabajo apunta a señalar que los diseños constitu-

cionales latinoamericanos deben revisar sus modelos

institucionales para avanzar hacia esquemas de cons-

titucionalismos dialógicos, donde los problemas sobre

los derechos y garantías involucren a las distintas ra-

mas del poder, a los jueces locales e interamericanos y

a la ciudadanía para la toma de decisiones en las polí-

ticas y medidas de reparación.

LA INTERACCIÓN DIALÓGICA DE LOS JUECES LOCALES E

INTERAMERICANOS CON LA CIUDADANÍA PARA LA REPARACIÓN

INTEGRAL

Para interpretar el sentido o el alcance de los de-

rechos, siempre existen diferencias. De ahí que, para

resolver estas cuestiones, el paradigma de la justicia

dialógica propone innovar las metodologías y los sabe-

res de los operadores de justicia con miras a desarrollar

mecanismos conversacionales con las partes en con-

ﬂicto para concebir la revisión judicial en términos de

inclusión y deliberación con la ciudadanía. Entendida

así, los alcances y límites de la justicia dialógica pueden

explicarse desde el propósito de democratizar los soli-

loquios de los jueces para superar el excesivo forma-

lismo legal y la tecnocracia judicial por un desempeño

deliberativo del juzgador con las personas que puedan

sentirse perjudicadas en sus derechos y garantías.

Ciertamente, la argumentación del juez debe partir

del derecho de las personas a participar en la discu-

sión sobre los problemas y límites de los derechos

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iusfundamentales y los operadores deben desarrollar

su argumentación mediante la prestación de condicio-

nes que aseguren esa reﬂexión democrática y un diálo-

go colectivo y abierto con la ciudadanía.

superiores fulminantes, sino en construcciones dialó-

gicas que surgen de la voluntad conversacional de los

juzgadores con los oprimidos o los excluidos en sus

derechos. Siendo así, la argumentación deja de ser un

diálogo entre élites que realiza el juez con otras vo-

1

Lo que pretendería la justicia dialógica es que las cues-

tiones resolutivas sobre los derechos y sus interpreta-

ciones requieren siempre de discusiones inclusivas y

plurales que garanticen respuestas democráticas y, que

los jueces sean los encargados de promover, mediar y

preparar esas discusiones para que las decisiones ju-

risdiccionales no se conviertan en órdenes supremas o

ces que no son los directamente involucrados o los

posibles perjudicados por la forma de interpretación

jurisdiccional de los derechos, sino que se extiende

con otros protagonistas para buscar las mayores argu-

mentaciones con distintos participantes en la provi-

sión de las normas constitucionales y convencionales

interamericanas.

ACTIVISMOS DIALÓGICOS JURISDICCIONALES Y LITIGANTES

PARA CONECTAR LAS DECISIONES JUDICIALES A LAS POLÍTICAS

DE REPARACIÓN

El estudio del fenómeno de la litigación vinculada

con los derechos supone atender factores protagóni-

cos como las fuerzas que lo impulsan, el impacto que

ejerce sobre las políticas de reparación y protección

de derechos y la asignación de recursos, todo lo cual

supone que los procesos jurisdiccionales en las distin-

tas materias requieren enfoques multidisciplinarios y

comparativos que combinen el conocimiento del De-

recho y los procesos jurídicos con las políticas públicas

del ámbito en estudio y los sistemas que las integran

primer obstáculo de tipo ideológico por cuanto se ha

concebido estos como programáticos y dirigidos a

motivar la acción de los poderes políticos y no a ser

aplicados por los jueces. Al respecto, aﬁrma que el De-

recho internacional de los derechos humanos y, en es-

pecial, del Comité de Derechos Económicos, Sociales

y Culturales, han contribuido con respuestas para en-

frentar esos prejuicios como la previsión de parte del

Estado de recursos suﬁcientes, dentro de los que des-

tacan aquellos de carácter judicial o equivalente en los

casos de incumplimiento de sus obligaciones por parte

del deudor “-que habitualmente, es el Estado, aunque

los deudores de derechos sociales también pueden ser

sujetos de carácter privado, como en los casos de pri-

vatización de ciertos servicios públicos, tales como los

de salud, educación o seguridad social” (Courtis 2007,

206-7).

(

Gloppen 2013, 31). La orientación propuesta por Siri

Gloppen es relevante para atender la realidad de los

procesos contenciosos en materia de salud en la re-

gión como un ejemplo. La discusión sobre los litigios

en derechos y sus impactos suscita un debate de fon-

do acerca de la justiciabilidad de los derechos econó-

micos, sociales y culturales que según varios estudios

contemporáneos “desplazó su eje de las sentencias –

con la victoria en los tribunales de justicia como crite-

rio de éxito- a considerar, además, su implementación,

incluidas las relaciones entre litigación y movilización

social en general” (Gloppen y Roseman 2013, 20).

Otro obstáculo señalado por Courtis se reﬁere a la fal-

ta de mecanismos judiciales o mecanismos procesales

adecuados para tutelar los derechos sociales. Para este

autor, la vía jurisdiccional permitiría atender los recla-

mos extraordinarios de quienes tienen mayor acceso

a los estrados judiciales, que no son necesariamente

quienes más necesidades tienen. Este obstáculo remite

a pensar que la satisfacción de derechos sociales re-

quiere remedios y medidas de alcance colectivo y pro-

pone algunas medidas:

La vinculación entre políticas públicas y litigios ju-

diciales se activa para enfrentar distintos obstáculos

históricos para la justiciabilidad de derechos sociales

como el uso de garantías jurisdiccionales en defen-

sa de aquellos derechos. Christian Courtis señala un

1

Como la doctrina, la jurisprudencia, el derecho comparado, entre otros. Todos estos son elementos relevantes, pero no pueden ser sus voces las únicas

protagonistas en la decisión judicial.

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El primero, que ya he abordado, es la preferencia

por la especiﬁcación del contenido de los derechos

sociales por medio de la ley, entendida ésta en senti-

do formal, cono norma general emanada del órgano

representativo. Desde el punto de vista procedimen-

tal, además de la legitimidad electoral, se trata del

instrumento jurídico que requiere mayor consenso

político y el que supone mayor publicidad y trans-

parencia. Desde el punto de vista del contenido, la

generalidad de la ley, la deﬁnición de los titulares y

el alcance de los derechos sociales en términos uni-

versales permiten identiﬁcar más claramente en qué

consisten el derecho y sus correlativas obligaciones,

y qué previsión presupuestaria debe hacer el Estado

para satisfacerlo. De este modo, hay menos espacio

para la asignación discrecional, a partir de criterios

meramente partidarios u orientados a clientelas po-

líticas del gasto en materia social. Queda más claro

así quién puede reclamar un derecho ante los tri-

bunales, qué puede reclamar y de qué recursos se

dispone para satisfacer los derechos previstos legal-

mente (Courtis 2007, 209).

problemas que conciernen a las ramas del poder pú-

blico y a la ciudadanía en la deﬁnición de la agenda

pública para lograr mayores niveles de presión hacia

los actores políticos e institucionales que intervienen

en los ámbitos judiciales y en los ámbitos tecnocráti-

cos. De igual manera, es indispensable que las preocu-

paciones relativas a los derechos involucren a la mayor

cantidad de actores sociales para su reivindicación

porque la diversiﬁcación de actores con voz en el de-

bate y de legitimidad para impulsar instrumentos de

acción judicial pueden ser estrategias clave en las ini-

ciativas públicas de defensa por los derechos.

¿Por qué es necesaria la intervención de las organiza-

ciones de la sociedad civil en el desarrollo de inicia-

tivas deliberativas por profundizar los derechos en el

Poder Judicial y en las políticas públicas? La conclu-

sión que sugiere Charles R. Epp en su estudio al res-

pecto es la siguiente:

La lección básica de este estudio es que los dere-

chos no son un don: se ganan a través de la acción

colectiva concertada que surge tanto de una socie-

dad civil decidida como de la subvención pública.

Las revoluciones de derechos se originaron en la

presión ejercida desde abajo por la sociedad civil

y no desde arriba, por el liderazgo de un grupo.

Pero, como hemos argumentado a lo largo de este

libro, sólo cierta clase de presión desde abajo, par-

ticularmente el sostén organizado para litigar por

los derechos, tiene probabilidades de incentivar la

atención judicial sostenida a las libertades y a los

derechos civiles; por otro lado, el respaldo de las

elites judiciales no es en modo alguno irrelevan-

te. En última instancia, la revolución de los dere-

chos siempre se ha desarrollado y ha alcanzado su

máxima cima y fuerza mediante una interacción

entre jueces inclinados a apoyarla y la estructura

de sostén necesaria para litigar a lo largo de todo el

proceso judicial (Epp 2013, 293).

Los litigios estructurales sobre derechos deben ser

pensados a partir de sus implicaciones en las políticas

públicas porque son cuestiones de interés público y de

justicia social. En cuanto a la primera, porque las com-

plicaciones que se desprenden como resultado de una

prestación deﬁciente o excluyente en servicios relacio-

nados con derechos puede incrementar los riesgos del

derecho a la vida y su falta de protección; y, en cuanto

a la segunda, porque los sectores más vulnerables de la

sociedad son quienes sufren las consecuencias negati-

vas de las decisiones judiciales restrictivas de derechos

o las políticas públicas con escasa cobertura de desti-

natarios, todo lo cual puede desembocar en la vigencia

de ciclos vitales inseguros y con altos índices conﬂic-

tuales en las garantías a las personas. Por lo expuesto,

es imperativo que los temas relativos a los derechos, en

cuanto a su tutela y reparación, se construyan como

DECISIONES JUDICIALES Y POLÍTICAS REPARATORIAS DESDE

UN CONSTITUCIONALISMO DIALÓGICO

¿

Qué ocurre cuando el resultado ﬁnal de un litigio

que las entidades públicas encargadas de asegurar las

políticasolasdecisionesparalaprotecciónoreparación

de ese derecho no cumplen sus responsabilidades?

es favorable a las pretensiones de un grupo social sobre

el acceso a un derecho, pero la comunidad encuentra

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La respuesta que puede ofrecer el constitucionalismo

contemporáneo es una alternativa de diálogo judicial

que vincule las decisiones de los jueces con las formu-

laciones de políticas de los operadores administrati-

vos. La construcción de mecanismos dialógicos en el

diseño procesal puede permitir mayores condiciones

de transparencia e información sobre los presupues-

tos públicos y los cambios que estos pueden acoger de

acuerdo a las disposiciones reparatorias que se emitan

en los litigios. Asimismo, las carteras que implementan

programas y proyectos en materia de derechos deben

ser más receptivas e impulsoras de discusiones delibe-

rativas con la Legislatura y los jueces para preparar las

reformas legales e institucionales que acojan las pro-

blemáticas tratadas en otras ramas del poder público.

integral. Aquel modelo da luces para que las sentencias

puedan ser desarrolladas de un modo participativo

para asegurar seguimientos a su aplicación. Y es que

los problemas de los derechos merecen remedios –en-

tendidos como acciones de política pública- diversos

que los atiendan y un monitoreo de su ejecución, de lo

contrario las repercusiones y sus efectos están llenos

de diﬁcultades.

La concepción del constitucionalismo dialógico es

reposicionar a los tribunales en el papel de media-

dores autorizados para intercambiar puntos de vista

que coadyuven a la solución de problemas, para lo

cual pueden implementar diversos mecanismos, Ro-

dríguez Garavito y Rodríguez Franco sugieren i) la

conformación de salas de seguimiento especializadas

a las decisiones jurisdiccionales o ii) el nombramiento

de expertos independientes que supervisen el cumpli-

miento de las sentencias, otros autores sugieren iii) la

realización de audiencias públicas o iv) la promoción

de los amicus curiae como dispositivos que facilitan el

diálogo judicial con la comunidad.

Las respuestas para atender las demandas sobre de-

rechos debe involucrar a la institucionalidad hacia

la búsqueda de prácticas dialógicas y no pueden ser

pensadas únicamente desde los operadores adminis-

trativos de la cartera sectorial de Estado, sino que los

conﬂictos en torno a derechos insatisfechos deben in-

volucrar a diferentes roles de responsabilidad por par-

te de las ramas del poder público. Así, el Poder Judicial

puede adoptar medidas cautelares constitucionales

para proteger el derecho de esas personas, disponien-

do a la agencia estatal encargada la programación de

acciones de contingencia para atender la afectación de

esas personas, lo cual signiﬁca hacer cumplir expresos

mandatos constitucionales a favor de este derecho.

El esquema deliberativo jurisdiccional enfatiza en que

las intervenciones judiciales dialógicas tienen un ma-

yor impacto en el cumplimiento de los DESC en rela-

ción a las monológicas de los operadores de justicia.

Las sentencias dialógicas son deﬁnidas por estos au-

tores como:

Aquellas que combinan derechos fuertes (es decir,

la protección judicial de niveles básicos de bienes-

tar), remedios moderados (es decir, órdenes abier-

tas que dejan los detalles de la política pública al

gobierno, pero especiﬁcan plazos y procedimien-

tos que este debe cumplir) y seguimiento fuerte

(es decir, decisiones de seguimiento que valoren

el progreso, presionen a los funcionarios recalci-

trantes a cumplir e involucren a diversos grupos de

interesados en un proceso de deliberación pública

y de solución colaborativa de problemas sobre las

causas subyacentes a las violaciones de los DESC)

(Rodriguez Garavito y Rodríguez Franco 2016,

240).

Asimismo, el poder legislativo debe ﬁscalizar y ejercer

el control político a la agencia estatal correspondiente

y precisar mayores controles a la ejecución del presu-

puesto del sector mediante el seguimiento respectivo,

así como en las cautelas necesarias para revisar la nor-

mativa legal que puede profundizar el acceso a estos

derechos.

La correlación de intervenciones expresan una corres-

ponsabilidad de distintos órganos del poder público

para avanzar hacia dinámicas deliberativas más am-

plias que activen responsabilidades concurrentes para

la protección de los derechos sociales. La justicia dia-

lógica o conversacional es un modelo complementario

de la democracia deliberativa que contribuye a fomen-

tar otras respuestas y compromisos en medio de prác-

ticas y respuestas deliberativas de varios actores que

aportan para concertar las múltiples soluciones que

requieren los derechos hacia su defensa y reparación

La propuesta del constitucionalismo dialógico tiene

por objetivo reconceptualizar las relaciones entre los

poderes del Estado hacia dimensiones cooperativas

y promover mayores resonancias públicas sobre los

efectos de las decisiones judiciales. La generación de

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reformas legales o institucionales son formas de instar

al poder legislativo y ejecutivo como consecuencia de

un pronunciamiento jurisdiccional, lo cual no supo-

ne deﬁnir los contenidos de esas reformas, pero sí los

puntos de partida para su generación.

que el sistema judicial les da a individuos aislados su-

plicantes”. De acuerdo a lo que sugiere Charles R. Epp:

Ni una Constitución escrita ni una cultura defen-

sora de los derechos ni la actitud liberal de los jue-

ces son suﬁcientes para lograr que el sistema judi-

cial preste una atención sostenida a los derechos

y los respalde. La protección de los derechos y las

libertades civiles depende, además, de una estruc-

tura de sostén enraizada en la sociedad. Sin ella,

hasta las más claras garantías constitucionales de

los derechos pueden perder toda su signiﬁcación

en los estrados. Por el contrario, una estructura

de sostén sólida y vital puede extender y expan-

dir la más débil de las legislaciones sobre derechos.

Quienes participan de las decisiones en una de-

mocracia constitucional harían bien en concentrar

sus esfuerzos no sólo en redactar o revisar las cláu-

sulas constitucionales ni únicamente en la desig-

nación de los jueces que habrán de interpretarlas,

sino también en formar la estructura de sostén que

deﬁenda y desarrolle esos derechos en la práctica

(Epp 2013, 302-3).

De igual manera, la presión ciudadana debe encon-

trar apertura y receptividad en los jueces para tratar

sus reclamos en consideración de las respuestas sobre

aquéllos y sus necesidades tendrán efectos y afectacio-

nes colectivas. El diálogo judicial resalta la responsa-

bilidad democrática de los tribunales bajo el siguiente

correlato:

[

…] [L]os tribunales pueden profundizar, en vez

de erosionar, la gobernanza democrática al actuar

como fuentes de rendición de cuentas horizontal,

es decir, mediante la liberación de los bloqueos

entre y dentro de organismos públicos que están

casi exentos de rendir cuentas a los ciudadanos y

presionando a los funcionarios públicos para que

se ocupen de las deﬁciencias sistémicas de la polí-

tica pública que llevan a violaciones masivas de los

DESC. […] la capacidad y el potencial institucio-

nal de los tribunales para fomentar la deliberación

democrática puede desarrollarse mejor mediante

su participación continuada tras el pronuncia-

miento de la sentencia, por medio de procesos

de seguimiento que proporcionan oportunidades

para la participación de los actores interesados y

para la deliberación pública sobre la solución de

los problemas de justicia distributiva (Rodrígez

Garavito y Rodríguez Franco 2016, 241).

Por otra parte, todos los jueces deben observar y ejecu-

tar el control de convencionalidad de tipo difuso para

dar forma a su margen nacional de apreciación me-

diante una adecuada tutela de los derechos humanos

a nivel nacional, teniendo presente, según la Constitu-

ción de cada Estado, el ius commune interamericano,

esto es, los instrumentos internacionales de derechos

humanos ratiﬁcados suscritos por el Estado.

La Constitución y la normativa interna no son los úni-

cos referentes para la tutela de los derechos constitu-

cionales porque también los derechos reconocidos en

instrumentos internacionales son referentes jurídicos,

siempre que se avale un mayor ámbito de favorabili-

dad en su tutela respecto a la normativa nacional.

El desarrollo de derechos requiere de una capacidad

para movilizar el Derecho constitucional a su favor

según Charles R. Epp. Este fenómeno sucede porque

el diseño de la política judicial puede ser antidemo-

crático y esto se debe a que la interpretación judicial

puede sólo impulsar los derechos que interesen a los

grupos que cuenten con condiciones organizativas y

ﬁnancieras para litigar hasta el ﬁnal de un proceso,

mientras que para aquellos sectores o grupos que no

cuenten con esas condiciones los derechos se convier-

ten en “barreras de pergamino”. El presente y el futuro

de los derechos está también condicionado por los es-

fuerzos colectivos y la estructura de sostén asentada en

la sociedad civil, lo cual hay que tener presente para no

pensar que los derechos son “simplemente limosnas

Asimismo, los administradores de las políticas públi-

cas también intervienen en repertorios monológicos

cuando actúan en nombre de las mayorías que no son

escuchadas, pero que se las usa para legitimar las po-

líticas que no necesariamente contienen debates de-

mocráticos robustos para su formulación y ejecución,

así como cuando ejecutan las políticas relativas a dere-

chos sin mediaciones dialógicas con la rama judicial y

la ciudadanía.

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¿

POR QUÉ EL DIÁLOGO JUDICIAL INTERCOMUNITARIO E

INTERJURISDICCIONAL PUEDE PROFUNDIZAR LA PROTECCIÓN

A LOS DERECHOS Y SU REPARACIÓN?

La realización del diálogo judicial tiene distintas

variables y utilizaciones. Por una parte, puede ser for-

mulado como un mecanismo previo y alternativo a la

pena; por otra, puede ser el empleo de mecanismos de

judicialización cooperativa para combinar los proce-

dimientos tradicionales con la perspectiva de buscar

deliberativamente soluciones y respuestas con los sec-

tores involucrados en los procesos.

enunciado de que los aportes que ofrece la justicia de-

liberativa para la participación del pueblo en la toma

de decisiones para el uso y ejercicio de un derecho son

una garantía para canalizar jurídicamente la regla de-

mocrática y hacer un intercambio conversacional con

relación a las tensiones que puedan desprenderse so-

bre otros elementos como las dimensiones verticales y

horizontales de un derecho.

La intervención de un tribunal puede suponer un abor-

daje que articule más participación y transparencia

con ﬂexibilidad en la adopción de decisiones provisio-

nales donde las partes tienen mayor injerencia y cola-

boran en un proceso educativo y de reconstrucción.

Otra variación del diálogo judicial puede ser entendi-

da a partir del activismo dialógico y el impacto de los

derechos sociales con las siguientes consideraciones:

Al otorgar poder a una variedad más amplia de in-

teresados en participar en el seguimiento, los tri-

bunales generan efectos directos e indirectos que

pueden ayudar a superar la resistencia política. El

principal es la participación activa de los actores

políticos, como las ONG de derechos humanos,

los organismos administrativos orientados a la

reforma y las organizaciones de base que es pro-

bable que adopten, como parte de programa de

acción, impulsar el cumplimiento de la sentencia,

con lo que se convierten así en una fuente de poder

compensatorio contra el statu quo. […] En segun-

do lugar, los mecanismos del activismo dialógico

pueden ayudar a los tribunales a ocuparse de las

deﬁciencias institucionales para solucionar proble-

mas socioeconómicos complejos. No hay que ser

un formalista jurídico para ver que los tribunales

carecen del conocimiento técnico, el personal y los

recursos (por no hablar de la legitimidad) para ela-

borar y ejecutar las soluciones a asuntos tan com-

plicados como el desplazamiento forzado o la falta

de acceso a medicamentos esenciales. Sin embargo,

eso no signiﬁca que no puedan provocar y mode-

rar un diálogo entre las autoridades públicas y los

actores de la sociedad sobre estas cuestiones, frente

a los fracasos extendidos de las políticas públicas

y las violaciones masivas de los DESC (Rodríguez

Garavito 2016, 237).

El diálogo judicial implica impulsar mayores instan-

cias de articulación para la inducción y estimulación

entre diversos mecanismos de accountability horizon-

tal y vertical con la generación de oportunidades para

la movilización y deliberación en los procesos juris-

diccionales, donde la comunidad o los sujetos de de-

rechos son actores centrales en el análisis y la decisión

judicial que se encuentra pendiente.

La proposición central de este ensayo académico es que

el pueblo tiene los derechos constitucionales para ejer-

cer un poder interpretativo o una posición divergente

frente a las interpretaciones judiciales. En consecuen-

cia, es el soberano quien puede aportar en la deﬁnición

del derecho existente y sus formas de tutela y repara-

ción porque el sistema normativo debe permitir la in-

tervención popular porque quien tiene que deﬁnir los

alcances, límites y formas de resolver los derechos es

la ciudadanía; ella es el intérprete mayor de la Norma

Fundamental, no necesariamente el único, pero sí el

deﬁnitivo. Si la democracia es la expresión del pueblo

soberano, y el Derecho constitucional ﬁja las condicio-

nes para que esa democracia y el pueblo puedan equili-

brar sus poderes, entonces la sociedad activa su poder

interpretativo para discutir y ser escuchada sobre las

condiciones en que necesita hacer uso de un derecho

y cómo debe ser reintegrado cuando aquél es afectado.

El Estado constitucional precisamente constituye un

intento por recomponer la gran factura entre demo-

cracia y constitucionalismo. La implementación de

A pesar de las variaciones en que pueden deﬁnirse

esas condiciones, el presente estudio se aﬁrma en el

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CÁLAMO / Revista de Estudios Jurídicos. Quito - Ecuador. Núm. 9 (Julio, 2018): 46-56

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mecanismospropiosdelademocraciadeliberativapara

asegurar la participación popular en la jurisdicción or-

dinaria y en la jurisdicción constitucional permitirían

la interacción mediada por acciones comunicativas y

la interacción regida por normas donde los partici-

pantes coordinan e intercambian diferentes posiciones

hacia una comunidad de lenguaje interpretativo ius-

fundamental caracterizada por la interacción simbó-

licamente mediada. El pensamiento de Habermas es

propicio para adaptarlo en este análisis y proponer que

la base de validez de un proceso jurisdiccional puede

depender de que sus normas procedimentales adopten

consensos mediados comunicativamente por razones

expresadas mediante la participación social para la in-

terpretación de la Norma Suprema. Cuando este autor

explica la estructura racional de la lingüstización de lo

sagrado en la evolución del Derecho y la búsqueda de

un habla gramatical, sugiere enunciados que los utilizo

para explicar cómo constituir un proceso deliberativo

en los tipos de jurisdicción a continuación:

participantes en la interacción los que tienen que

relacionar las normas dadas con la situación del

caso y adaptarlas a las tareas especiales que esa

situación plantea (Habermas 2010, 562).

Considero que la ejecución de los procesos jurisdic-

cionales mediante procesos de conversación pública

contribuye a que quienes integran el cuerpo social se

hagan cargo de la aplicación de las normas median-

te una actuación comunicativa, donde los problemas

de justiﬁcación e implementación de esas normas res-

ponden a procesos dialógicos para la formación razo-

nada de consensos y disensos –lo cual debe abordarse

sin dejar de destacar que hay distinciones entre las

2

teorías de Habermas y Bohman– (Bohman 2006, 32).

Lo interesante de sugerir la opción de la deliberación

pública es que la facultad de decidir las cuestiones con-

trovertibles para ejercer cualquier derecho se funda-

mentan en debates que se abren hacia el pueblo para

que los participantes no se reduzcan a los represen-

tantes de los poderes constituidos, ni se agoten en las

instituciones de la justicia ordinaria o constitucional.

La aplicación comunicativamente mediada de las

normas de acción requiere que los implicados

lleguen a deﬁniciones comunes de la situación que

comprendan a la vez los aspectos objetivos, los

aspectos normativos y los aspectos subjetivos de la

situación de acción de que se trate. Son los propios

Los derechos son creaciones sociales y su signiﬁca-

do depende de la conversación extendida entre jue-

ces, comunidad y autoridades para su interpretación

iusfundamental.

LOS PUENTES CONVERSACIONALES ENTRE LAS AUTORIDADES,

LA CIUDADANÍA Y LOS JUECES LOCALES E INTERAMERICANOS

PARA PROMOVER LA REPARACIÓN INTEGRAL DE DERECHOS.

CONCLUSIONES

El sistema interamericano de protección de dere-

chos humanos ha contribuido en la tutela de los dere-

chos y su desarrollo normativo ha sido acogido por los

Estados parte. No obstante, la población de la región

no recibe las dimensiones completas de la reparación

integral al momento de ser atendida en sus derechos

vulnerados y las medidas de reparación expresan nive-

les insuﬁcientes de ejecución y seguimiento. Las diná-

micas cambiantes de las sociedades reclaman mayores

demandas en las políticas de reparación para asegurar

mayor coherencia entre las condiciones de restitución,

indemnización, rehabilitación, medidas de satisfac-

ción y garantías de no repetición. Acaso, una alterna-

tiva puede ser la adopción de un modelo de activismo

jurisdiccional dialógico que aporte con mecanismos

cooperativos y deliberativos entre los jueces, la comu-

nidad y las ramas del poder público para intercambiar

soluciones concertadas a los problemas estructurales

en torno a la reparación de derechos.

2

Al utilizar la explicación de Yebrail Haddad Linero, se inﬁere que “a diferencia de Habermas, la deliberación para Bohman se vuelve pública a través del

diálogo y no del discurso. El diálogo se centra en como la interacción pública produce los efectos prácticos en los participantes que elaboran razones

convincentes, en tanto que el discurso, se interesa en los argumentos y en los tipos de justiﬁcación que puedan ser públicamente convincentes. En ese

sentido, la teoría habermasiana pretende reconstruir los ideales de convergencia, unanimidad e imparcialidad en términos políticos, ideales que para

Bohman no constituyen necesariamente los presupuestos de la argumentación pública”

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RECOMENDACIONES

El activismo jurisdiccional dialógico para el desa-

rrollo de los derechos requeriría de los siguientes as-

pectos para su concreción: i) la conformación y soste-

nimiento de organizaciones sociales para la defensa de

los derechos; ii) la visibilidad permanente de sus agen-

das en los medios de comunicación; iii) las intervencio-

nes públicas de profesionales y usuarios de los derechos

en conﬂicto como voces legitimadas para discutir sobre

el tema en un intercambio con los operadores de justi-

cia y los administradores de las políticas públicas; iv)

la promoción de debates en la opinión pública sobre

los temas propuestos en las agendas; v) el impulso de

la judicialización de los temas presentes en la agenda;

vi) la deliberación pública antes de la emisión de los

fallos en las instancias judiciales con las organizaciones

sociales en situaciones relacionadas con estos derechos

en cuestión; vii) los compromisos de las agencias es-

tatales para adoptar reformas institucionales; viii) los

proyectos de reformas e iniciativas legales impulsados

por las autoridades correspondientes; ix) las acciones

de seguimiento a las decisiones en litigios judiciales; y,

x) la interrelación permanente de los jueces nacionales

e interamericanos para la protección de derechos y el

establecimiento de políticas de reparación.

Los conﬂictos que se suscitan para el desarrollo de

los derechos y las formas de protección requieren de

puentes dialógicos sostenidos en el tiempo y con ro-

bustos debates democráticos. La adopción de medios

conversacionales para el intercambio de razones que

permitan la participación social en las políticas públi-

cas, las decisiones judiciales y el intercambio con las

voces de la comunidad son estrategias de protección

multinivel que coadyuvan a enfrentar las tensiones

existentes.

Así, los prolegómenos requieren respuestas institucio-

nales, legislativas y jurisprudenciales que expresen un

constitucionalismo conversacional, donde los sujetos

de derechos puedan ser los protagonistas en las deci-

siones judiciales y las políticas públicas.

Para decir lo mismo de un modo más claro: las auto-

ridades y los jueces deben provocar una deliberación

permanente con la sociedad para alcanzar deﬁniciones

colectivas sobre la protección y reparación de derechos

y que éstas surjan de oportunidades conversacionales

inclusivas que permitan a la comunidad ser el último

intérprete de la Constitución.

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CÁLAMO / Revista de Estudios Jurídicos. Quito - Ecuador. Núm. 9 (Julio, 2018): 46-56

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