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LA FUNCIÓN AMBIENTAL DE LA PROPIEDAD Y EL BIENESTAR ANIMAL.

OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES PARA PROTEGER LOS DERECHOS

DE LOS ANIMALES DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO

THE ENVIRONMENTAL FUNCTION OF PROPERTY AND ANIMAL WELFARE.

CONSTITUTIONAL OBLIGATIONS TO PROTECT THE RIGHTS OF ANIMALS

THAT ARE DESTINED TO HUMAN CONSUMPTION

A FUNÇÃO AMBIENTAL DA PROPRIEDADE E O BEM-ESTAR ANIMAL.

OBRIGAÇÕES CONSTITUCIONAIS PARA PROTEGER OS DIREITOS

DOS ANIMAIS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO

Viviana Morales*

Recibido: 26/04/2019

Aprobado: 30/05/2019

Resumen

La Constitución ecuatoriana reconoce que la naturale-

Furthermore, the Magna Carta establishes two obligations

to guarantee the animal´s rights. On one hand, the animal’s

owners should fulﬁll the environmental function; on the

other hand, the state obligation to guarantee the animal

welfare. e relationship between obligated subjects

(humans) and rights’ beneﬁciaries (animals) is the main

focus of this research.

za –el todo– es sujeto de derechos. Consecuentemente, los

animales –que son parte de naturaleza– también ostentan la

calidad de sujetos de derechos. Sin embargo, los animales,

al igual que la naturaleza, no tienen los mismos derechos

que el ser humano, sino únicamente aquellos inherentes a

cada especie. En el caso de los animales destinados al con-

sumo humano, estos tienen derechos especíﬁcos que serán

desarrollados a lo largo de este documento. Adicionalmen-

te, la Carta Magna establece dos obligaciones para garan-

tizar los derechos de los animales: por un lado, el deber de

que los propietarios de los animales cumplan con la función

ambiental; por otro lado, la obligación estatal de garantizar

el bienestar animal. La relación entre sujetos obligados (ser

humano) y beneﬁciarios de tales derechos (animales) es el

eje principal de esta investigación.

Key words: Ecological function; Property; Animal welfare;

Rights of animals

Resumo

A Constituição reconhece que a natureza –o todo– é

sujeito de direitos; consequentemente, os animais –que

sao parte da natureza– também ostentam a qualidade de

sujeitos de direitos. Sem embago, os animais, igual que a

natureza, não tem os mesmos direitos que o ser humano,

mas unicamente aqueles inerentes a cada espécie. No caso

dos animais destinados ao consumo humano, estes têm

direitos especíﬁcos que seriam desenvolvidos ao longo

desta pesquisa. Adicionalmente, a Carta Magna estabelece

duas obrigações para garantir os direitos dos animais:

por um lado, a obrigação estatal de garantir o bem-estar

animal. A relação entre sujeitos obrigados - ser humano -

e beneﬁciados de tais direitos -animais- é o eixe principal

desta pesquisa.

Palabras clave: Función ecológica; Propiedad; Bienestar

animal; Derechos del animal

Summary



e Ecuadorian Constitution recognizes nature –as a

whole thing– is a subject of rights. Consequently, animals

as a part of nature– also hold the status of subjects of

–

rights. However, neither animals nor nature, have the same

rights as humans, but only those inherent to every species.

Regarding the animals intended for human consumption,

they have speciﬁc rights that will be discussed in this paper.

Palavras chave: Função ecológica; Propriedade; Bem-estar

animal; Direitos dos animais

*

Master en Derecho Ambiental y desarrollo sostenible por la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne, y Phd (c) en Derecho por la Universidad Andina

Simón Bolívar. Actualmente es docente en la Universidad de las Américas. Correo electrónico: viviana.morales.naranjo@udla.edu.ec

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En la comuna francesa de Falaise, en 1386, una cerda tras cometer infanticidio fue

torturada y colgada frente a una gran multitud de aldeanos y otros cerdos. El vizconde

invitó a los campesinos a presenciar el acto, se recomendó asistir acompañados por sus

animales para que aprendan la lección sobre lo que les podría ocurrir.

(Kempf 2016, 1)

INTRODUCCIÓN

Durante los siglos XIII a XVI, en ciertos países

como Francia, se habituaba demandar a los animales

para que estos respondiesen por supuestos delitos y

daños civiles cometidos, tales como lesiones, inva-

siones a cultivos y homicidios. Al mismo tiempo, los

animales tenían derecho a que se acepten pruebas du-

rante el juicio y a contar con un abogado. Los castigos

iban desde la tortura hasta la pena de muerte.

obra Animals’ Rights: Considered in Relation to Social

Progress de 1892, aﬁrmó que:

los animales, al igual que los seres humanos, tie-

nen determinados derechos limitados, que no

pueden negárseles, como se les niegan ahora, sin

incurrir en injusticia y tiranía. Poseen individua-

lidad, carácter, razón, y poseer esas cualidades es

tener el derecho a ejercitarlas en la medida en que

se lo permitan las circunstancias que lo rodean.

(Salt 1892, 38)

Esta costumbre cambió a partir de la segunda mitad

del siglo XVI, cuando se sustituyeron las sanciones al

animal por multas y pago de daños y perjuicios a car-

go del propietario de dicho animal.

Finalmente, el ﬁlósofo australiano Peter Singer, en

su obra Animal liberation, de 1975, contribuyó con

fundamentos éticos sobre el rechazo al especismo y

la defensa de la eliminación del consumo de anima-

les; esto se convirtió en el credo de los movimientos

animalistas del siglo XX. Esta evolución ética llevó a

que, en 1977, se emita la Declaración Universal de los

Derechos del Animal, con una serie de principios en-

Posteriormente, se determinó que la persona que usa-

ba animales para cometer crímenes contra otro ser

humano, no podía eximirse de responsabilidad cul-

pando al animal (Agnel 1858, 6-21).

Lo ocurrido durante la Edad Media, pone en eviden-

cia que la relación ser humano-animal ha evoluciona-

do para aceptar que no se puede atribuir obligaciones

a los animales, puesto que carecen de racionalidad.

1

caminados a garantizar el bienestar animal .

En Ecuador, el surgimiento de una conciencia sobre

el bienestar animal fue mucho más tardía. La prime-

ra normativa que reguló la prevención y lucha contra

enfermedades, plagas y ﬂagelos provenientes de los

animales destinados al consumo fue la Ley de Sanidad

Animal de 19 de junio de 1959. Sin embargo, dicha ley

se limitó a establecer reglas para la crianza, transpor-

te y faenamiento de los animales de consumo, con el

único objetivo de prevenir enfermedades para la salud

humana, mas no de regular las condiciones de vida

pecuaria. Así, la primera ley que mostró cierto grado

de preocupación por el bienestar animal fue la ley de

Si bien en principio queda claro que los animales no

pueden tener obligaciones, son varios los autores que,

a partir de 1822, sostienen la idea de reconocer dere-

chos inherentes al animal por su calidad de ser sensi-

ble. Así, tenemos a Richard Martin, político irlandés,

promotor de la Ley sobre el tratamiento cruel de ani-

males de 1822 y fundador de la primera organización

por el bienestar animal: Society for the Prevention of

Cruelty to Animals. Más tarde, el padre de la teoría

de los derechos de los animales, Henry Salt, en su

1

Adoptado por la Liga Internacional de los Derechos del Animal y por las Ligas Nacionales aﬁliadas tras la 3.ª Reunión sobre los derechos del Animal,

Londres, 21 al 23 de septiembre de 1977.

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Mataderos, de 7 de abril de 1964, en la que por pri-

mera vez se estableció que el médico veterinario res-

ponsable de la inspección sanitaria debía disponer que

se proceda a la matanza de emergencia del animal en

casos de traumatismos accidentales graves que causen

marcado sufrimiento o pongan en peligro su super-

vivencia (Ley de mataderos No 502 – C, artículo 21,

Decreto Supremo 502, Registro Oﬁcial 221). Fue ne-

cesario esperar la entrada en vigor de la Constitución

de la República de Ecuador de 2008, para que empiece

a desarrollarse la normativa que materialice los dere-

chos de los animales.

El animal es un ser que detenta la calidad de sensi-

ble porque los avances cientíﬁcos y la ética animal

han puesto en evidencia que se trata de seres vivos

con capacidad de sufrir, por lo que las consecuen-

cias prácticas sobre el plan ético (o moral) deben

ser transcritas al plano jurídico (el derecho). (Brels

2012, 24)

Como veremos más adelante, a partir del 2008, el de-

recho ecuatoriano ha creado una doble protección a

favor de los animales. Primero, la limitación al dere-

cho del que gozan los propietarios de los animales,

con la creación, para el efecto, de la ﬁgura jurídica de

la función ambiental. Segundo, el deber estatal de ga-

rantizar el bienestar animal fundado en una postura

bienestarista. Esta, lejos de fomentar el antropomor-

ﬁsmo, permite que los animales puedan ser destina-

dos al consumo humano, en la medida en que ellos

sean criados, transportados y sacriﬁcados en condi-

ciones que garanticen su bienestar. Para conseguirlo,

el Estado, a través de sus prerrogativas públicas, debe

poner en marcha las diferentes garantías normativas,

con el ﬁn de proteger los derechos de los animales.

La protección de los animales se basa en dos posturas.

Por un lado, la bienestarista –también llamada refor-

mista–, que acepta el sacriﬁcio de animales con ﬁnes

alimenticios en la medida en que se garanticen ade-

cuadas condiciones de vida para el animal, de modo

que no se le pueden infringir sufrimientos que vayan

más allá de lo necesario (Coulon y Nouet, 2009, 35).

Por otra parte, la postura vegana o radical, que, bajo el

2

principio de igualdad (Singer 2009, 62) , exige el re-

conocimiento de derechos a los animales, similares a

los de los seres humanos; y, como consecuencia, exige

la eliminación absoluta de las prácticas de sacriﬁcio

y utilización de los animales para consumo (Moyano,

Castro y Gómez 2015, 69).

Con un método analítico, a través de las siguientes

líneas, se pretende evidenciar que las obligaciones

constitucionales sobre 1) la función ambiental de la

propiedad y 2) el deber estatal de garantizar el bien-

estar animal, implican el reconocimiento tácito de

los derechos de los animales; un logro que, en últi-

ma instancia, refuerza los derechos de la naturaleza

y el ecologismo jurídico en Ecuador. 3) Finalmente,

se propondrán ciertas alternativas para garantizar los

derechos que detentan los animales destinados al con-

sumo humano.

Lo expuesto pone en evidencia que el desarrollo cientí-

ﬁco y la ética animal han permitido que la conciencia

humana evolucione al punto de incluir a los animales

dentro de la comunidad jurídica, los cuales, en su cali-

dad de seres sintientes, son merecedores del derecho a

no tener sed, hambre, ni dolor, y a crecer en un entor-

no adecuado. Así lo aﬁrma Sabine Brels:

LA FUNCIÓN ECOLÓGICA DE LA PROPIEDAD

Hablar de los orígenes del Derecho de Propiedad

implica remitirse al estudio de las primeras civiliza-

ciones, especíﬁcamente al momento en que apareció

la propiedad privada. Este tema excede el ámbito

de esta investigación, de modo que nos limitaremos

al derecho a la propiedad privada reconocido en la

Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano

de 1789, producto de la Revolución Francesa, de corte

liberal, que otorgó a la propiedad el carácter de invio-

lable y sagrada, y símbolo de la libertad económica

2

Sin importar la naturaleza del ser, el principio de la igualdad requiere que su sufrimiento sea valorado de igual forma que el sufrimiento de otro ser.

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de los ciudadanos (Declaración de los Derechos del

de 1998 (Constitución Política de la República del

Ecuador, Decreto Legislativo 000, RO 1, artículo 30);

pero, adicionalmente, está sujeta a una función am-

biental, como mecanismo para frenar ciertas conduc-

tas contrarias al medio ambiente y a la naturaleza. Así,

se crea una segunda limitación al derecho de propie-

dad a ﬁn de tutelar un bien jurídico superior –la pro-

tección, preservación, mantenimiento y reparación de

la naturaleza–, y corresponde al Estado garantizar la

plena vigencia de la función social y ambiental de la

naturaleza.

3

Hombre y del Ciudadano, Artículo 17) . La herencia

civil francesa plasmada en el Código Napoleónico de

1

804, que sirvió de inspiración a Andrés Bello para la

elaboración del Código Civil Chileno, fue retomada

en Ecuador a través del Código Civil ecuatoriano de

1857. En su artículo 599, el Código Civil establece que

el dominio, que se llama también propiedad, es el de-

recho real en una cosa corporal, para gozar y disponer

de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y con

respeto por el derecho ajeno, sea individual o social.

En lo referente a los bienes sujetos a propiedad, estos

se dividen en corporales e incorporales. Los primeros

son aquellos que tienen un ser real y pueden ser perci-

bidos por los sentidos, como una casa, un libro o, por

supuesto, un animal (Código Civil Ecuatoriano, artí-

culo 583). En la misma línea, el artículo 595 clariﬁca

qué son los derechos reales, incluyendo el de dominio.

La función ambiental implica que las actuaciones

u omisiones del propietario de un bien deben estar

encaminadas a alcanzar la protección del ambiente.

Desde una visión antropocéntrica, el ambiente impli-

ca todos los asuntos que rodean al ser humano y que

comprenden: elementos naturales (tanto físicos como

bilógicos), elementos artiﬁciales (las tecnoestructu-

ras), elementos sociales y las interacciones de todos

estos elementos entre sí (UNESCO 1989, 63). Sin em-

bargo, con el pasar del tiempo, el enfoque ecocentrista

insta al reemplazo del término ambiente por el térmi-

no naturaleza, la cual es deﬁnida por la Constitución,

en el artículo 71, como:

Concomitantemente a la tradición civilista del dere-

cho de propiedad, la CRE consagra el derecho a la pro-

piedad. El reconocimiento de este derecho no es una

creación de la Constitución de 2008, ni menos aún una

innovación del Estado Constitucional de Derechos y

Justicia. En efecto, la Primera Constitución Política

del Ecuador de 1830 ya incluía el reconocimiento

expreso de este derecho (Constitución Política del

el lugar donde se reproduce y realiza la vida, la

cual tiene derecho a que se respete integralmente

su existencia y el mantenimiento y regeneración

de sus ciclos vitales, estructura, funciones y pro-

cesos evolutivos.

4

Ecuador, artículo 62). Sin embargo, sus implicaciones

jurídicas han evolucionado a lo largo de la vida repu-

blicana hasta llegar a la Constitución de Montecristi,

en la que se da un giro diferente a los fundamentos de

este derecho. Efectivamente, al igual que sus codiﬁca-

ciones anteriores, la Carta Magna vigente, de acuerdo

a los diferentes enfoques sobre el derecho de propie-

dad, reconoce y garantiza el derecho a la propiedad

en todas sus formas –pública, privada, comunitaria,

estatal, asociativa, cooperativa, mixta– (Constitución

de la República del Ecuador-CRE, artículo 66, nume-

ral 26). Sin embargo, la novedad jurídica radica en

que, a partir de 2008, la propiedad debe cumplir una

función social, como ya lo establecía la Constitución

Dicha deﬁnición incluye como parte de la naturaleza

a todos los elementos de los ecosistemas –seres huma-

nos y no humanos– que permiten el normal desarrollo

de los ciclos vitales, de forma que existe relacionalidad,

correspondencia, complementariedad y reciprocidad

5

entre cada elemento . Bajo esta premisa, las activida-

des humanas no pueden menoscabar la existencia de

otras especies, razón por la cual, el derecho subjetivo

de propiedad, cuya ﬁnalidad es el beneﬁcio personal,

3

4

“La propiedad, en tanto que derecho inviolable y sagrado, no se la puede arrebatar a nadie, salvo en caso de necesidad pública legalmente constatada y

bajo la condición de una indemnización justa y anticipada.”

“Nadie puede ser privado de su propiedad, ni ésta aplicada a ningún uso público sin su consentimiento y sin recibir justas compensaciones a juicio de

buen varón. Nadie está obligado a prestar servicios personales que no estén prescritos por ley. Todos pueden ejercer libremente cualquier comercio o

industria que no se oponga a las buenas costumbres”.

5

Para profundizar, ver: Ramiro Ávila Santamaría. 2016. El neoconstitucionalismo andino. Quito: UASB.

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debe someterse al respeto y cumplimiento de la fun-

ción ambiental, que no es otra cosa que una arista para

el pleno ejercicio del interés general.

El desarrollo de la función ambiental de la propiedad

se evidencia en el cuerpo legal que regula el derecho de

propiedad en Ecuador: el Código Civil. Dicho código

–

que hasta antes del 12 de abril de 2018 consideraba

La función ambiental no representa una innova-

ción jurídica ecuatoriana. A nivel internacional, la

Declaración Mundial de la Unión Internacional para

la Conservación de la Naturaleza (UICN) de 12 de fe-

brero de 2017, incluyó como principio la función eco-

lógica de la propiedad, al aﬁrmar que:

al animal como un bien mueble– ha evolucionado, a

ﬁn de descosiﬁcar a los animales y, así, se adaptó a las

disposiciones constitucionales. A través de la disposi-

ción general quinta del Código Orgánico Ambiental

(Ley 0, RO, Suplemento 983), se modiﬁca el artículo

585 del Código Civil, disponiendo que “las especies

animales y vegetales serán consideradas conforme a

lo determinado en este artículo, sin perjuicio de las

limitaciones y del resguardo, protección y bienestar

animal que reconocen las leyes especiales”. Por lo tan-

to, se trata del establecimiento tácito de tres categorías

jurídicas: personas, animales y bienes. Una vez más, el

Código Civil ecuatoriano sigue los pasos del Código

Civil francés, el cual desde el 16 de febrero de 2015

reconoce que los animales son seres vivos dotados de

sensibilidad. Bajo reserva de las leyes que los protegen,

los animales son sujetos al régimen de bienes (Código

Civil de Francia, artículos 514 y 515).

Toda persona natural o jurídica o grupo de per-

sonas que posea o controle tierras, aguas u otros

recursos, tiene el deber de mantener las funciones

ecológicas esenciales asociadas a dichos recursos

y de abstenerse de realizar actividades que pue-

dan perjudicar tales funciones. Las obligaciones

legales de restaurar las condiciones ecológicas de

la tierra, el agua u otros recursos son obligatorias

para todos los propietarios, ocupantes y usua-

rios de un sitio y su responsabilidad no concluye

con la transferencia a otros del uso o del título de

propiedad.⁶

Por la tesis expuesta, nace una limitación al derecho

absoluto de propiedad sobre los animales, que tiende

a modiﬁcar la relación clásica ser humano-animal en

su relación de sujeto-objeto, para pasar a una relación

de propiedad solidaria, bajo la cual, los animales no

pueden ser considerados seres inanimados y carentes

de sensibilidad. En la misma línea, el artículo 146 del

Código Orgánico Ambiental ratiﬁca que los tenedores

o dueños de los animales responderán por los daños y

perjuicios que les ocasionen.

De igual modo, Estados vecinos, como Colombia, han

incluido en su Constitución que la propiedad es una

función social que implica obligaciones y, como tal,

le es inherente una función ecológica (Constitución

Política de Colombia, artículo 58).

Este principio ha sido utilizado como parámetro de

la Corte Constitucional en diversos casos, como en la

célebre sentencia en que se declaró al río Atrato como

sujeto de derechos. Así, el máximo tribunal colombia-

no señaló que con la nueva Carta Política se impulsó

el concepto de “Constitución Ecológica”, la protección

de las riquezas culturales y naturales de la nación, la

primacía del interés general, la función social y eco-

lógica de la propiedad y el derecho al medio ambiente

sano (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia

de la Sala Sexta de Revisión N° T-622 de 2016, de 10

de noviembre de 2016, 81).

No es la primera vez que se restringe el derecho de

propiedad para garantizar el ejercicio de nuevos dere-

chos. Por ejemplo, la lucha por el abolicionismo trajo

consigo la limitación del derecho de propiedad que se

tenía sobre los esclavos, a ﬁn de garantizar el derecho a

la libertad, a la igualdad, etc. Otro de los derechos que

se pretende proteger a través del establecimiento de la

función ambiental de la propiedad es el derecho a vivir

6

El Principio 6 de la Declaración fue adoptado durante el 1er. Congreso Mundial de Derecho Ambiental de la UICN, coorganizado por la Comisión

Mundial de Derecho Ambiental de la UICN (WCEL, por sus siglas en inglés), el Programa de la ONU para el Medio Ambiente, la OEA, la Asociación

Internacional de Jueces y otros socios; en abril de 2016, en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Fue concluida por el Comité Directivo de la Comisión

Mundial de Derecho Ambiental el 12 de febrero de 2017.

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en un ambiente sano. Alimentar al ganado que se cría

a gran escala en condiciones de hacinamiento provo-

ca una serie de problemas ambientales, puesto que se

requieren enormes cantidades de agua y de suelo fértil

para cultivar el alimento de los animales. Así, en lugar

de destinar directamente los productos agrícolas al

consumo humano, se lo destina como alimento para

el ganado. Existen investigaciones que evidencian los

efectos de la producción ganadera a gran escala en el

medio ambiente, tales como la erosión de los suelos en

áreas ocupadas por el ganado, las emisiones de óxidos

nitrosos ocasionadas por el cultivo de granos para la

alimentación animal, la producción de metano inhe-

rente al proceso digestivo del ganado, así como el uso

intensivo de recursos limitados como el agua (ESPOL,

para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la pro-

ducción animal es una fuente importante de emisión

de gases de efecto invernadero en todo el mundo.

Precisamente, la contribución del ganado a las emi-

siones mundiales de los gases de efecto invernadero

antropogénico representan entre el 7% y el 18% de las

emisiones totales (ESPOL 2016, 9). Por lo expuesto, la

propiedad sobre el animal se halla limitada por la obli-

gación de que las actividades ganaderas no pongan en

riesgo los derechos a la salud, a un ambiente sano, ni

los derechos de la naturaleza.

Desde el ámbito jurisdiccional, las altas cortes de

Ecuador han emitido varias sentencias que restringen

el derecho de propiedad, a ﬁn de proteger la vida de

seres humanos y no humanos. Por ejemplo, la Corte

Constitucional ha limitado el derecho de propiedad de

una camaronera con el objeto de proteger una reserva

ecológica que estaba siendo destruida por las activi-

dades acuícolas (Corte Constitucional del Ecuador,

sentencia N° 166-15-SEP-CC), y ha declarado la res-

ponsabilidad del Estado por la falta de control res-

pecto al funcionamiento de una granja porcina, en la

que se vertían las deyecciones de los animales al río

provocando su contaminación (Corte Constitucional

del Ecuador, sentencia N° 023-18-SIS-CC). Por otra

parte, la Corte Nacional de Justicia ordenó que se

retire una antena telefónica ubicada cerca de un par-

que nacional, con el argumento de que dicha antena

podría amenazar la vida y la naturaleza presente en

la zona (Corte Nacional de Justicia, Sala de lo Civil y

Mercantil, Juicio N° 117-2010).

2016, 19; Andersen y Kuhn, 2014).

Existe un consenso sobre los efectos en el medio am-

biente a nivel mundial que la producción ganadera

intensiva ocasiona, algunos de los cuales están asocia-

dos con la producción de alimento concentrado y la

disposición de los residuos animales. Otros elemen-

tos relacionados son la transformación de bosques a

pasturas y cultivos como uno de los mayores factores

en la emisión de dióxido de carbono, la erosión de

los suelos en áreas ocupadas por el ganado, las emi-

siones de óxidos nitrosos ocasionadas por el cultivo

de granos para la alimentación animal, la producción

de metano inherente al proceso digestivo del gana-

do, así como el uso de recursos limitados como el

agua (ESPOL 2016, 19). Se debe tener presente que,

de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas

EL ANIMAL COMO TITULAR DEL DERECHO AL BIENESTAR

La Constitución en su artículo 281 establece que

la soberanía alimentaria constituye un objetivo estra-

no prohíbe el consumo de carne, pero crea una limita-

ción ética fundada en el respeto hacia el animal. Por lo

tanto, es necesario explicar las normas jurídicas crea-

das por el legislador para garantizar el bienestar del

animal que será destinado al consumo humano.

“

tégico y una obligación del Estado para garantizar que

las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades

alcancen la autosuﬁciencia de alimentos sanos y cul-

turalmente apropiados de forma permanente”. Para

lograrlo, es responsabilidad del Estado “precautelar

que los animales destinados a la alimentación humana

estén sanos y sean criados en un entorno saludable”.

Bajo la lógica bienestarista, la normativa ecuatoriana

Primero, el Derecho Civil ha evolucionado para limi-

tar el derecho de propiedad sobre el animal, al impo-

ner la obligación de resguardo, protección y bienestar

animal, tal como vimos en la primera parte de esta

82

CÁLAMO / Revista de Estudios Jurídicos. Quito - Ecuador. Núm. 11 (Julio, 2019): 77-90

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investigación. Segundo, en cuanto a la materia penal,

el Código Orgánico Integral Penal no tipiﬁca como de-

lito el maltrato a los animales destinados al consumo,

sino solo aquellos caliﬁcados como mascotas y fauna

silvestre. Por lo tanto, la única posibilidad de recurrir

a la vía penal es en caso de que las actividades gana-

deras contaminen el aire, el agua o el suelo, o en caso

de que se oculte información a la autoridad ambiental.

Entre sus disposiciones, la Ley Orgánica de Sanidad

Agropecuaria crea la Agencia Ecuatoriana de Asegu-

ramiento de la Calidad del Agro –AGROCALIDAD–,

con competencia para controlar el cumplimien-

to de regulaciones técnicas en materia de bienes-

tar animal en toda la cadena de producción (Ley

Orgánica de Sanidad Agropecuaria, artículos 12 y

13). Adicionalmente, se hace recaer sobre los hom-

bros del propietario del animal la obligación de ga-

rantizar el cumplimiento de las condiciones de salud

y de bienestar del animal (Ley Orgánica de Sanidad

Agropecuaria, artículo 38). Se dispone que en caso de

que en el centro de faenamiento no se garanticen bue-

nas prácticas de bienestar animal, se procederá a su

clausura temporal o deﬁnitiva. Se tiene previsto que

las sanciones por incumplimiento a la ley sean esta-

blecidas en el reglamento de esta ley, que todavía no

ha sido aprobado.

Así, tanto la vía civil como la vía penal resultan in-

suﬁcientes para garantizar el bienestar animal. Bajo

el Derecho Civil se puede indemnizar al propietario,

pero no se puede alcanzar una reparación integral

para el animal lesionado o muerto, y mucho menos

algún tipo de medida preventiva. En cambio, desde

el Derecho Penal no se contempla una sanción para

quien maltrata animales destinados al consumo.

Por lo expuesto, ha sido el Derecho Administrativo

el que se ha encargado de desarrollar el contenido y

alcance de la obligación constitucional de garantizar

el bienestar animal. Así, la Ley Orgánica del Régimen

de la Soberanía Alimentaria, de 5 de mayo del 2009,

recurrió, por primera vez en el país, al término “bien-

estar animal”, para señalar que los animales que se

destinen a la alimentación humana serán reproduci-

dos, alimentados, criados, transportados y faenados

en condiciones que preserven su bienestar y la sanidad

del alimento (Ley orgánica del régimen de la sobera-

nía alimentaria, artículo 25).

Como parte del sof law, Agrocalidad ha emitido una

serie de manuales sobre el trato que debe darse al

animal en los centros de concentración (Reglamento

zoosanitario de centros de concentración de animales,

artículo 32), durante la movilización, faenamiento y

comercialización de animales de producción. Sin em-

bargo, dichos manuales carecen de poder coercitivo y

solo se trata de lineamientos que el Estado y los pro-

pietarios del animal deben seguir.

Por otra parte, Agrocalidad estableció un Comité

Consultivo de Bienestar Animal, conformado por

miembros de Agrocalidad, universidades y represen-

tantes de las empresas ganaderas, encargado de pro-

mover iniciativas sobre protección ambiental y emitir

observaciones a la normativa jurídica sobre ese bien-

estar (Agrocalidad, resolución 247). Dicho comité,

al no tener poder de decisión, carece de efectividad.

Finalmente, a nivel internacional existe la Estrategia

Regional de Bienestar Animal para las Américas, apro-

bada durante la 23ª Conferencia Regional de la OIE

para las Américas, realizada en noviembre de 2012,

cuyas metas regionales son proporcionar un marco

para lograr resultados sostenibles en base a un trabajo

cientíﬁco sobre el bienestar animal. Sin embargo, has-

ta la fecha no cuenta con un plan de implementación

y aún no ha sido ratiﬁcado por todos los Estados que

tuvieron la iniciativa.

El desarrollo de las implicaciones jurídicas provenien-

tes del concepto “bienestar animal” fueron pasmadas

en la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria de 3 de

julio de 2017 (Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria,

2

° Suplemento, RO 27, 3-VII-2017), cuerpo normati-

vo que deﬁne el bienestar como:

el estado del animal, su cuidado, la crianza y tra-

to compasivo que recibe. Para ello, debe enten-

derse que un animal, está en buenas condiciones

de bienestar, si está sano, cómodo, seguro, bien

alimentado, puede expresar formas innatas de

comportamiento y si no padece sensaciones des-

agradables de dolor, miedo o desasosiego. (Ley

Orgánica de Sanidad Agropecuaria, disposición

general quinta, literal e)

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Por otra parte, la obligación de garantizar el bienes-

tar animal fue desarrollada en la norma principal del

derecho ambiental, es decir, en el CODA. En su título

VII, referente al manejo responsable de la fauna urba-

na, el Código Ambiental establece que:

y 2) los intereses personales de los servidores públicos

que omiten sancionar las faltas que cometen ciertos

criaderos de animales y centros de faenamiento. Por

tales causas, si se prueba que la vía administrativa no

es adecuada ni eﬁcaz, siempre existe la posibilidad

de activar la vía constitucional para reclamar la vul-

neración a cualquier derecho establecido en la Carta

Magna o en instrumentos internacionales ratiﬁcados

por Ecuador (Ley orgánica de garantías jurisdicciona-

les y control constitucional, artículo 42, numeral 4).

es obligación del tenedor o dueño de un animal,

satisfacer necesidades básicas tales como alimen-

tación, agua y refugio, un trato libre de agresiones

y maltrato, atención veterinaria; y respeto de las

pautas propias del comportamiento natural del

animal, según su especie. (CODA, artículo 145)

Efectivamente, el bienestar animal constituye un tema

de preocupación mundial. Basta ver las decisiones que

se han emitido respecto al trato que reciben los ani-

males destinados al espectáculo humano. Así, la Corte

Suprema de Justicia de Colombia, frente al pedido de

habeas corpus presentado a favor de un oso que vivía

en condiciones inadecuadas, estableció que:

En lo referente a animales destinados al consumo

humano o animal, se dispone que, en toda la cade-

na de producción, se deberán implementar prácti-

cas y procedimientos que respeten los parámetros y

protocolos nacionales e internacionales de bienestar

animal. Adicionalmente, se establece que el sacriﬁcio

de los animales se realizará con procesos, prácticas,

protocolos y estándares que promuevan minimizar

el sufrimiento y dolor (CODA, artículos 146 y 151).

Finalmente, se establecen sanciones: por el incum-

plimiento de las obligaciones y responsabilidades en

relación con los animales, por la ejecución de actos

prohibidos contra los animales y por obstaculización

de la labor de vigilancia y control de las autoridades

competentes.

el ordenamiento jurídico garantiza la protección

de los animales frente al sufrimiento y el dolor,

causados directa e indirectamente por el hombre,

a través de la: i) promoción de la salud y el bienes-

tar de esos seres, asegurándoles higiene, sanidad y

condiciones apropiadas de existencia, ii) erradica-

ción y sanción de maltrato y los actos de crueldad,

iii) desarrollo de programas educativos a través de

medios de comunicación del estado y de los es-

tablecimientos de educación oﬁciales y privados,

promoviendo el respeto y el cuidado de los anima-

les (…). (Corte Suprema de Justicia de Ecuador,

Sala de Casación Civil, AHC4806-2017)

En cuanto a la parte procesal, el CODA, en base al

marco constitucional, establece la imprescriptibili-

dad de las acciones por daños ambientales y la acción

popular, a ﬁn de que toda persona natural o jurídica,

solicite a Agrocalidad el cumplimiento y tutela de los

derechos de la naturaleza. Asimismo, como incen-

tivo al empoderamiento ciudadano en la denuncia

de violaciones a las disposiciones establecidas en la

Constitución, en este Código y en la normativa am-

biental, se prevé que el juez condenará al responsable

al pago de 10 a 50 salarios básicos uniﬁcados a favor

del accionante, de conformidad con la gravedad del

daño que se logró reparar (CODA, artículo 304).

Estas aﬁrmaciones ponen en evidencia que las obliga-

ciones que pesan sobre el ser humano implican, al mis-

mo tiempo, el desarrollo del derecho del animal a no

tener ni sed, ni hambre, ni sufrimiento innecesario, y a

crecer en condiciones adecuadas. Consecuentemente,

estamos frente a la sustitución del principio kantiano

–bajo el cual solo se puede dar derechos a quien tiene

obligaciones– por una postura jurídica bienestaris-

ta fundada en la idea de que es el ser humano quien

detenta las obligaciones a ﬁn de que el animal pueda

ejercer plenamente sus derechos.

Puede ocurrir que las actuaciones u omisiones de la

administración pública o del juez administrativo im-

pidan garantizar el bienestar animal debido a: 1) la fal-

ta de funcionarios públicos que controlen las granjas,

Lo propio hizo el Poder Judicial de Buenos Aires res-

pecto a una acción de amparo encaminada a obtener

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CÁLAMO / Revista de Estudios Jurídicos. Quito - Ecuador. Núm. 11 (Julio, 2019): 77-90

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la libertad de una orangutana que vivía en un zooló-

que el Estado garantice, a favor de los animales: salud,

comida, buena alimentación, seguridad y capacidad

de expresar un comportamiento innato sin dolor, mie-

do ni angustia (Corte Suprema de Justicia, sentencia

Narayan Dutt Bhatt VS. Union of India & others).

7

gico. Así, en base a informes técnicos , el juez resol-

vió aceptar el habeas corpus a favor del animal y le

otorgó la calidad de sujeto de derecho, al reconocer a

su favor el derecho a vivir en condiciones adecuadas

y a preservar sus habilidades cognitivas (Juzgado de

la Ciudad de Buenos Aires, Acción de Amparo, expe-

diente A2174- 2015/0).

En Ecuador, la función jurisdiccional aún no se ha

pronunciado respecto a los fundamentos y alcances

del bienestar animal. No obstante, en la sentencia so-

bre la violación a los derechos de los niños que asisten

a los espectáculos taurinos, la Corte Constitucional

aﬁrmó que estos deben ser prohibidos para meno-

res de doce años, debido a la violencia que acarrean

(Corte Constitucional, sentencia N° 119-18-SEP-CC);

así, reconoce indirectamente que se trata de un es-

pectáculo en el que el toro de lidia es sometido a actos

crueles que provocan dolor y sufrimiento.

En un contexto sociocultural totalmente distinto, en

la India, la Corte Suprema, a ﬁn de frenar los actos

de crueldad que sufren los animales de carga, declaró

que todo el reino animal, incluidas las aves y especies

acuáticas, son personas jurídicas con los derechos, de-

beres y responsabilidades correspondientes a una per-

sona viva. Como parte de sus argumentos, el máximo

tribunal indio aﬁrmó que el bienestar animal implica

ALTERNATIVAS PARA GARANTIZAR EL BIENESTAR ANIMAL

Una vez estudiado el alcance de la función am-

biental de la propiedad y de los parámetros para

garantizar el bienestar animal, es necesario explicar

posibles políticas públicas que puede implementar el

Estado a ﬁn de detener el maltrato del animal destina-

do al consumo humano. Para conseguirlo, se analizan

tres alternativas: la semaforización y etiquetamien-

to de productos respetuosos del bienestar animal, la

creación de un impuesto a la carne, e incentivos esta-

tales a criaderos sostenibles.

empresas vean el bienestar animal como una oportu-

nidad para aumentar sus ventas y legitimar socialmen-

te su actividad. Sin duda, la responsabilidad ambiental

es una carta de presentación para las empresas. Por

ejemplo, en el Reino Unido, la crianza de aves al aire

libre es el nuevo eslogan que utilizan las avícolas para

aumentar la demanda de huevos. En un informe de la

red de inversionistas Fair Animal Investment Risk &

return, dedicada a la asesoría en técnicas de crianza

responsable, se señala que:

Semaforización y etiquetamiento de carnes

las políticas corporativas encaminadas a permitir

que los animales expresen sus comportamientos

naturales se han convertido en una cuestión de

“licencia para operar” y deben tener un precio en

cualquier sistema de producción. Las empresas

rezagadas que priorizan la eﬁciencia de la pro-

ducción sin tener en cuenta el bienestar, están ex-

puestas a riesgos reputacionales y operacionales.

(FAIRR 2018, 27)

Existe una creciente demanda entre los consumido-

res por conocer la procedencia de los productos que

compran, a ﬁn de evitar el consumo de productos no

saludables o que provengan de criaderos en los que se

maltrata y explota al animal. Etiquetar la carne impli-

ca que podamos conocer la forma en que trabaja cada

ganadero. Por tal motivo, resulta interesante que las

7

En la sentencia se cita el informe del Dr. Héctor Ricardo Ferrari, profesor de la cátedra de Bienestar Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de

la Universidad de Buenos Aires, quien establece que toda especie tiene necesidades comportamentales, es decir, conductas intrínsecamente motivadas;

este estatus se relaciona con la idea de instinto. Entonces, para todo animal –silvestre, en cautiverio, de investigación, de compañía, de trabajo y de pro-

ducción–, se debe generar un ambiente que permita que esas necesidades comportamentales se expresen, sin dañar ni dañarse. Y, por ambiente, no solo

me reﬁero al espacio físico, sino al conjunto de relaciones e intervenciones que contienen y modulan la vida de los seres bajo nuestro control.

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Así, una certiﬁcación de carne natural implica que el

animal ha sido alimentado en base a pasturas (100%

vegetal, sin productos o subproductos animales) y a

cielo abierto durante todo el año, libre del uso de hor-

monas, anabólicos o promotores del crecimiento. En

una línea similar, la producción de carne ecológica

Implementación de un tributo a la carne para

evitar la contaminación

Si se toman en cuenta los impactos de la ganadería en

el medio ambiente y la salud, países como Dinamarca

8

o Suecia analizan ahora la posibilidad de crear un

(

biológica u orgánica) implica la adopción de sistemas

impuesto a los productos cárnicos, a ﬁn de mitigar el

gas metano emitido por las vacas durante su proceso

de digestión y las epidemias de salud como la obesi-

dad y el cáncer. Según, Fair Animal Investment Risk

de producción sustentables, no contaminantes, respe-

tuosos del bienestar animal y de la diversidad biológi-

ca (Flores 2012).

&

return, existe evidencia que conecta el consumo de

En Ecuador se puede recurrir a la semaforización de

los productos cárnicos, a ﬁn de garantizar el derecho

constitucional de las personas a recibir información

oportuna, clara, precisa y no engañosa sobre el conte-

nido y características de los alimentos (CRE, artículo

carne con las emisiones de gases de efecto invernadero

que exceden las emisiones del sector del transporte;

una tasa de incidencia creciente de obesidad global y

mayores riesgos asociados de diabetes tipo 2 y cáncer;

aumento de los niveles de resistencia a los antibióti-

cos; amenazas a la seguridad alimentaria mundial y

la disponibilidad de agua; y degradación del suelo y

deforestación (FAIRR). Por tales razones, se cree que

crear este impuesto podría disminuir el consumo de

carne y sus efectos sobre la salud y la naturaleza.

52).

El reglamento de etiquetado de alimentos procesados

para consumo humano (Reglamento de etiquetado de

alimentos procesados para consumo humano, en su

artículo 1, establece una semaforización sobre el con-

tenido alto, mediano o bajo de azúcar, grasas totales,

grasas saturadas y sal de un producto. Con la misma

lógica, se podría semaforizar el origen de la carne, de

acuerdo a los siguientes parámetros: 1) animal criado

en espacio adecuado, 2) animal alimentado apropia-

damente, 3) animal transportado y faenado de forma

respetuosa. Con este objetivo, se requiere dinamizar

el subsistema de Información Pública de Sanidad

Agropecuaria implementado por el artículo 18 de la

Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, a ﬁn de gene-

rar, administrar y proveer información oportuna a los

productores y agentes económicos. Así, sería necesa-

rio que Agrocalidad ejerza plenamente la competencia

de otorgamiento de certiﬁcaciones a favor de las ﬁncas

que aplican buenas prácticas sanitarias pecuarias y es-

tándares de bienestar animal, entre otros.

Sin embargo, gravar un producto de primera necesi-

dad como la carne no signiﬁca una solución real, sino

por el contrario, la aparición de nuevos problemas so-

ciales, puesto que este impuesto afectaría únicamente

el poder de adquisición de las clases sociales menos

favorecidas, las cuales no podrían asumir los nuevos

precios de la carne. Por lo tanto, nos enfrentaríamos

a un tipo de “ecología punitiva”; que, si bien en prin-

cipio contribuiría al cumplimiento de las obligaciones

sobre cambio climático y la obesidad, al ﬁnal impedi-

ría el ejercicio del derecho a la soberanía alimentaria,

derecho que implica la obligación estatal de garantizar

–a las personas, comunidades y pueblos– la autosuﬁ-

ciencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente

apropiados de forma permanente.

Incentivos a los ganaderos que realizan una

crianza responsable

Así, promocionar un producto que incluya la etiqueta

de “certiﬁcación de bienestar animal”, puede colocar al

pequeño, mediano y gran empresario en una situación

de ventaja frente a sus competidores no respetuosos

de la legislación de protección ambiental.

Las ayudas ﬁscales a las granjas de crianza responsa-

ble representan una alternativa viable a la producción

industrial de carne. Bajo esta modalidad de crianza, se

8

Plant-based proﬁts: investment risks & opportunities in sustainable food systems fair, Fair Animal Investment Risk & return: En 2016, el Partido Verde de

Suecia presentó una moción en el parlamento sueco pidiendo la introducción de un impuesto climático sobre los alimentos.

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garantiza que el animal lleve una vida plena y entera.

Según Jocelyne Porcher:

los microorganismos de la tierra. En lugar de ser

un contaminante, el estiércol se convierte en un

recurso clave.

Para los criadores responsables, lo que caracteriza

al animal, es el hecho de que tenga vida subjetiva,

afectiva y cognitiva. Para que un animal se con-

vierta en carne, es necesario que éste muera. Los

criadores dan vida al animal, ellos comparten su

existencia, ellos le dan muerte y lo saben, hay que

tener presente que lo que no vive, no muere y que

por el contrario, es necesario estar vivo para mo-

rir. (Porcher et al. 2014, 34)

−

Circuito corto: una vez que el animal ha cumplido

su ciclo de vida en condiciones aptas de crianza,

éste será llevado directamente por su criador a los

centros de faenamiento, y se procurará que el cir-

cuito corto por el que pasa el animal (de la granja

al faenamiento) permita que el consumidor sepa

con certeza las condiciones en que el animal fue

criado y sacriﬁcado. (CIWF)

La obligación estatal de garantizar el bienestar animal

puede ser materializada en la medida en que el Estado

otorgue incentivos –exenciones tributarias y ayudas

públicas– a los ganaderos que optan por una crianza

responsable, a ﬁn de que estos puedan competir con

las empresas ganaderas que carecen de prácticas ade-

cuadas de crianza. Adicionalmente, se requiere frenar

las prácticas abusivas del mercado realizadas por em-

presas que hacen caso omiso de la normativa de bien-

estar animal. Para conseguirlo, resulta indispensable

un control permanente y riguroso por parte de la au-

toridad ambiental. Se debe tener presente que se trata

de una responsabilidad compartida; si bien, en princi-

pio, el dueño tiene la obligación de procurar el bienes-

tar de cada uno de sus animales –desde el minuto en

que nace hasta el minuto en que muere–, el Estado, a

través de Agrocalidad, tiene la obligación jurídica de

controlar que las normas de bienestar animal se cum-

plan a cabalidad y de sancionar administrativamente a

quienes las infringen.

Bajo la lógica bienestarista, el animal no es visto úni-

camente como un kilo de carne, sino como un ser vivo

con derecho a una vida y muerte adecuadas y respe-

tuosas de los parámetros ético-jurídicos que se han

construido alrededor del bienestar animal. Entre las

prácticas ganaderas que garantizan una crianza res-

ponsable, tenemos:

−

Crianza al aire libre para reforzar el sistema inmu-

nitario: a ﬁn de evitar el hacinamiento y permitir

que desarrolle sus comportamientos naturales.

Evitar el monocultivo con un uso importante de

agroquímicos para obtener el alimento del animal:

se debe alimentar al animal con hierba y residuos

de cultivos que no pueden consumir los humanos,

y evitar, también, el uso de fertilizantes lixiviados,

amoniaco, antibióticos y partículas ﬁnas.

−

Utilización de estiércol animal como fertilizante

para el cultivo: es rico en nutrientes y energía para

CONCLUSIONES

En el transcurso de la evolución del Derecho, se

actualidad, a nivel internacional se tiene un consenso

sobre la importancia de crear normas que garanticen

el bienestar animal; sin embargo, estas constituyen de-

claraciones sin efecto vinculante y, por el momento,

son simples pautas que pueden o no ser acogidas por

los Estados.

ha tenido que pasar por varias etapas antes de llegar

al reconocimiento jurídico de la naturaleza como

sujeto con derechos a la protección, preservación,

mantenimiento y reparación. La primera escalera

hacia el reconocimiento de un ser no humano como

persona jurídica se dio respecto a los animales. Ya en

1

892, Henry Salt puso sobre la mesa la necesidad de

otorgar derechos a los seres no humanos que son ca-

paces de sufrir y sentir dolor, felicidad y gratitud. En la

En Ecuador, si bien en principio la Constitución no re-

conoce expresamente que el animal detenta la calidad

de sujeto de derechos, se acepta que la naturaleza es el

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lugar donde se reproduce y realiza la vida, la cual tiene

derecho a que se respete integralmente su existencia y

el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales,

estructura, funciones y procesos evolutivos (artículo

Finalmente, la función ambiental de la propiedad y la

obligación estatal de garantizar el bienestar animal no

son más que el medio jurídico para alcanzar un ﬁn

constitucional mayor, es decir, la materialización de

los derechos del animal como parte de la naturaleza.

Si países como la India, Colombia o Argentina, a pe-

sar de no aceptar expresamente que la naturaleza tiene

derechos, se han atrevido a desaﬁar el derecho kantia-

no y han reconocido que los animales tienen ciertos

derechos, con más razón debería hacerlo el Ecuador,

país pionero en el reconocimiento constitucional de la

naturaleza como sujeto de derechos. Si hacemos una

analogía con el derecho civil, si lo principal sigue la

suerte de lo accesorio, si la naturaleza –el todo– tie-

ne derecho a la protección, el animal –una parte del

todo– también tiene ese derecho.

71). Consecuentemente, si en los animales nace, se re-

produce, se siente y muere la vida, no debería ponerse

en duda que estos tienen derecho a la protección, que

incluye el derecho a no tener sed, hambre, ni dolor, y a

crecer en un entorno adecuado.

Cabe señalar que la protección animal no se encuentra

únicamente en el artículo 71 de la Constitución, que

declara el reconocimiento de la naturaleza como suje-

to de derechos. Efectivamente, el artículo 66 numeral

2

6 de la Carta Magna reconoce el derecho a la propie-

dad con función ambiental. Tal estipulación conlleva

la obligación de que el propietario de un animal pueda

gozar, usar y disponer de su animal, bajo la condición

de que no menoscabe dos aspectos: 1) otros derechos

humanos, como el que prescribe un ambiente sano, los

derechos de la naturaleza o el derecho a la salud; y 2) el

derecho al bienestar animal.

Estas aﬁrmaciones no pretenden privar al ser humano

de su derecho a la alimentación, sino que su sentido

consiste en evidenciar que los deberes que recaen so-

bre el ser humano tienen como ﬁn garantizar deter-

minados derechos a favor del animal; aunque, para

conseguirlo, no se haga un reconocimiento jurídico

expreso. En otras palabras, se trata de visibilizar que

no es posible que exista un código de puros deberes

que no lleve inevitablemente al reconocimiento táci-

to o expreso de los derechos del animal, puesto que

necesariamente hay un beneﬁciario de la obligación

que, en este caso, es el animal –salvo criterio de quien

se aferre a la teoría kantiana del humanismo, amplia-

En la misma línea, el artículo 281 numeral 7 de la

Constitución crea la obligación estatal de precautelar

que los animales destinados a la alimentación humana

estén sanos y sean criados en un entorno saludable. Por

lo tanto, el Estado se convierte en el veedor de que toda

actividad que involucre la crianza, transporte, exhibi-

ción y faenamiento de animales destinados al consumo

se realice dentro de los parámetros de bienestar animal

que han sido desarrollados en las diferentes normas,

manuales e instructivos creados para el efecto.

9

mente superada. Así, el cumplimiento de las obliga-

ciones por parte de alguien, el ser humano, permite el

pleno ejercicio de los derechos de otro, el animal.

9

Ver: Mauricio Maldonado. 2018. Los derechos fundamentales, un estudio conceptual. Ecuador: ARA. El autor explica que: “... para Kant, los seres huma-

nos no tienen deberes directos hacia los animales, sino solamente hacia otros humanos; sin embargo, dice él, maltratar a un animal es un acto inhumano,

de modo que si debemos evitar realizar este tipo de actos es porque debemos a otros seres humanos conservar nuestra humanidad. Pero también esta

concepción ha ido cediendo terreno, y hoy prácticamente no hay moralista que no sostenga que tenemos algunos deberes directos hacia los animales”.

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https://www.youtube.com/watch?v=NShpc-jQEZY

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