Facultad de Derecho

LA PRAXIS DE LOS NUEVOS PARADIGMAS:

EL DERECHO DE LA NATURALEZA EN EL CURRÍCULO UNIVERSITARIO

THE PRAXIS OF THE NEW PARADIGMS:

THE RIGHT OF NATURE IN THE UNIVERSITY CURRICULA

A PRÁTICA DOS NOVOS PARADIGMAS:

O DIEITO DA NATUREZA NO CÍRCULO UNIVERSITÁRIO

Walter Benjamín Rivera Coria*

Recibido: 07/04/2019

Aprobado: 06/06/2019

Resumen

La aparición de la nueva Constitución de la República

new course into the university curricula. is idea can

clash with the trend to keep a thematic “orthodoxy” and the

exigency to create a national theoretical foundation.

ha introducido en la discusión jurídica el criterio de sujeto

referido a la Naturaleza; y concede, a esta entidad, un ca-

tálogo corto de derechos semejantes a los atribuidos a las

personas físicas. Las implicaciones jurídicas y no jurídicas,

acerca de la implementación de esta novedosa institución

jurídica, se alzan aún, múltiples e inconmensurables. En el

ámbito cientíﬁco-académico, abren una disputa en torno a

la necesidad de su incorporación como una materia espe-

cíﬁca dentro de las mallas curriculares de las universida-

des del país, que se tensiona entre mantener la ‘ortodoxia’

temática y la necesidad de instituir un soporte doctrinario

disciplinar propio.

Key words: Rights of nature; Subjects of law; Buen

vivir; Disciplinary autonomy; Interdisciplinarity;

Multidisciplinarity

Resumo

A aparição da nova Constituição da República vem

introduzindo na discussão jurídica o critério de sujeito

referido a natureza; e atribuí, a esta entidade, um catálogo

de direitos semelhantes aos atribuídos as pessoas físicas. As

implicações jurídicas e não jurídicas, acerca do implemento

dessa nova instituição jurídica, se levantam ainda, múltiplas

e incomensuráveis. O âmbito cientíﬁco-acadêmico, abre

uma disputa em torno da necessidade de sua incorporação

como uma matéria especíﬁca dentro das grades curriculares

das universidades do país, que causa uma tensão entre

manter a ‘ortodoxia’ temática e a necessidade de instituir

um suporte doutrinário disciplinar próprio.

Palabras clave: Derecho de la naturaleza; Sujetos

de derecho; Buen vivir; Autonomía disciplinar;

Interdisciplinariedad; Multidisciplinariedad

Summary

e new Ecuadorian Constitution has brought into

the legal debate the notion of Nature as a subject of law. It

gives it a small list of rights similar to those attributed to the

human being. e implications (legal and non-legal) from

this innovation are still countless. In the academic context,

the debate revolves around the necessity to incorporate a

Palavras chave: Direito da natureza; Sujeitos de direito;

Bom viver; Autonomia disciplinaria; Interdisciplinaridade;

Multidisciplinariedade

*

Maestro en Estudios Socio-ambientales por FLACSO Ecuador; Máster en Gestión y Conservación de Biodiversidad en los Trópicos, por Universidad

San Pablo CEU, España; actualmente, doctorante del Programa Sociedad, Política y Cultura, por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), España.

Docente de la Facultad de Derecho en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Ecuador; Correo electrónico: wrivera@outlook.com

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INTRODUCCIÓN

Las constituciones de Ecuador y Bolivia han deno-

minado Buen Vivir/ Vivir Bien, Sumak kawsay/ Sumaq

amaña, a dos interpretaciones ﬁlosóﬁco-políticas de la

cosmovisión indígena que son hoy consideradas, por

diferentes autores, como parte del denominado nuevo

constitucionalismo latinoamericano (Salmorán 2016).

partir de la Constitución nacional van desde la propia

consideración de la naturaleza como un sujeto de de-

rechos hasta la postura conservadora que persiste en

atribuirle un carácter de bien jurídico especial.

En relación al currículo universitario, considero que

arribar a una autonomía cientíﬁca de esta nueva te-

mática resulta una aspiración coherente y relevante,

que debería ser apuntalada en el pensum de las fa-

cultades de ciencias jurídicas del país; o bien admitir,

sin más, la renuncia a tal especiﬁcidad y permitir su

asimilación como parte de los contenidos teóricos del

Al apelar a la existencia de una lógica particular andina

asimilable a la occidental, el ﬁlósofo Josef Estermann,

sostuvo la validez de cuatro principios que la rigen:

la relacionalidad del todo o principio holístico, co-

rrespondencia, complementariedad y reciprocidad

1

(

Estermann 2006). Este conjunto de lineamientos de-

Derecho Constitucional o del Derecho Ambiental .

ﬁnitorios son los que describen la realidad ﬁlosóﬁca

conocida como Sumak Kawsay, en la cual la naturaleza

o Pachamama adquiere “no solamente la categoría de

sujeto de derechos sino también de connotación po-

lítica, religiosa y mágica”, o “sistema de vida” (Llasag

En el primer sentido, sostengo, a manera de hipóte-

sis de trabajo, que existen mayores razones episte-

mológicas para incluir en la malla curricular de las

universidades una materia dedicada al Derecho de la

naturaleza; razones que son coherentes con la mag-

nitud ontológico-jurídica de esta creación jurídica,

y que justiﬁcan la necesidad de un despliegue ﬁlo-

sóﬁco-cientíﬁco que le permita trascender a su sola

existencia jurídico-normativa e instituirse como una

nueva disciplina en el ámbito del Derecho, con carác-

ter interdisciplinar. La aproximación metodológica es

de tipo exploratorio-analítico-descriptivo, y emplea el

razonamiento deductivo para el abordaje de los ele-

mentos jurídicos propiamente dichos, así como una

formulación descriptiva para extender la compren-

sión jurídica hacia otros campos del conocimiento.

2

011, 82-117).

El enfoque cosmocéntrico se opone al antropocén-

trico y, en el caso de Ecuador, ha encontrado entidad

jurídica determinada por las especiﬁcaciones del artí-

culo 10 de la Constitución de la República, que atribu-

ye concretamente el carácter de sujeto de derechos a la

naturaleza, y la de los artículos 71 y 72 (Ecuador 2008)

que le han reconocido un cúmulo de facultades jurídi-

cas análogas al corpus de la Declaración de Derechos

del Hombre y del Ciudadano francesa, del año 1789.

Actualmente, las interpretaciones desarrolladas a

LA DOBLE PERSPECTIVA DEL DERECHO

Un generalizado consenso sitúa al Derecho, mo-

dernamente, como una ciencia cuyo anclaje está en

el ámbito de las Ciencias Culturales (Torré 2003). Se

sabe que el Derecho acoge una doble perspectiva, inte-

grada por dos disciplinas: la Filosofía y la Ciencia del

Derecho, que comparten un mismo objeto: la regula-

ción de la conducta humana en interferencia subjetiva

(Torré 2003), cada una desde su enfoque particular.

Con respecto a la discusión en torno al carácter de la

naturaleza como persona jurídica en nuestro sistema,

1

El Derecho Ambiental es una disciplina de ámbito difícil de delimitar, por su carácter transversal; dado que sus contenidos pertenecen a distintos

sectores del Derecho Privado y del Derecho Público. Se ciñe en el derecho a un medio ambiente sano; convertido en su piedra angular disciplinar, que

posiciona al ser humano y su entorno como bien jurídico protegido. Con el Derecho de la Naturaleza, en cambio, se ha dejado abierto un espacio dife-

renciado y paralelo al del Derecho Ambiental, pues éste le atribuye a la naturaleza la inédita condición de sujeto de derechos.

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correspondería situar su tratamiento en el ámbito de

las propias fuentes del Derecho, fundamentalmente en

la normativa, la jurisprudencia y la doctrina. Mientras

que, en el mundo de la Filosofía, donde se impone un

abordaje teórico mucho más abierto, habría que consi-

derar su presencia en el escenario compartido por las

distintas disciplinas que se relacionan con esta última,

tales como la Estimativa Jurídica, la Epistemología, la

Lógica o la Antropología Jurídica.

sujeto de derechos dentro del escenario de la Filosofía

del Derecho ha sido emprendida con un marcado en-

tusiasmo y continúa como un debate signiﬁcativo para

una amplitud de autores –entre economistas, antro-

pólogos, ﬁlósofos, biólogos e incluso abogados–, ella

es aún exigua en lo inherente a la propia Ciencia del

Derecho; pese a tratarse de aspectos trascendentales

de índole jurídico.

Este es el aspecto que motiva a profundizar en este tipo

de discernimiento, para lograr una aproximación a la

realidad a partir de categorías y contenidos propios de

la compresión cientíﬁco-jurídica e interdisciplinaria

que trasciendan en lo curricular. Vamos a partir, en-

tonces, de una perspectiva histórica inherente al ca-

rácter y naturaleza del concepto de “persona”.

En la versión de Ortega y Gasset, el saber ﬁlosóﬁco pre-

supone la posibilidad de conocer la realidad, mientras

que la Filosofía “hace de ello un problema y lo somete

a un riguroso análisis” (Torré 2003, 51). Así tenemos

que, si bien desde la aparición de la Constitución de la

República, la tarea de inscribir a la Naturaleza como

EL CRITERIO DE PERSONA JURÍDICA A LO LARGO DE LA HISTORIA

E INSEPARABILIDAD DEL CARÁCTER DE PERSONA JURÍDICA

DE LA CATEGORÍA SUJETO

El antiguo Derecho Romano no fue capaz de re-

conocer la existencia de otras personas al margen de

las humanas o naturales. Si bien, desde una perspec-

tiva funcional sí se aceptaba que las personas físicas,

tanto públicas como privadas, podían constituir aso-

ciaciones o agrupaciones con diferentes ﬁnes, estas no

eran tenidas como individualidades aparte. Se halla-

ban regidas, en todos los casos, por reglas de Derecho

Público, tanto en lo patrimonial, como en lo institu-

cional, en lo privado y en lo público. Se aﬁanzó así

como patrón dominante para estos dos últimos casos

el carácter de autoridad atribuido a las entidades de

gobierno (Orgaz 1948). Y, recién con el arribo de la

doctrina de la universitas, la asociación pudo ser re-

conocida como poseedora del patrimonio común,

e incluso adquirió el carácter de acreedor y deudor;

aunque nada permite aﬁrmar que el Derecho Romano

se haya instituido como partidario del reconocimiento

de personalidad para las personas jurídicas, ni siquie-

ra como una ﬁcción (Orgaz 1948).

alcanzó a atribuir derechos subjetivos –e incluso de-

beres jurídicos– a la administración, cuando, en cada

caso concreto, esto parecía justo (Bacigalupo 1997).

Los glosadores, ya en el siglo XI, reanudaron el discer-

nimiento del tema, y fue el Papa Inocencio IV (1185-

1284) quien, por primera vez, sugirió la idea de una

persona ﬁcticia. Pero la teoría de la ﬁcción fue for-

mulada orgánicamente mucho después por Savigny

(Torré 2003), probablemente como una manera de

sistematizar todas las inﬂuencias antedichas. Aun así,

algunos autores, como Binder o Gierke, citado por

Bacigalupo (1997), sostienen que fueron canonistas

quienes, en apego a la verdad, deberían considerarse

como los verdaderos padres de la concepción moder-

na de corporación.

La diferencia entre persona natural y colectiva, de

acuerdo al criterio de Kelsen (explicado por Torré),

consiste en que, en el primer caso, sucede un facul-

tamiento y obligamiento inmediato (entre el ordena-

miento y la conducta), mientras que en la segunda,

ambos son de carácter mediato (Torré 2003). La teo-

ría pura del Derecho resuelve el dualismo entre el

Derecho en sentido objetivo y el Derecho en sentido

En la misma línea, Bacigalupo coincide en que, en

efecto, el Derecho Romano jamás llegó a admitir la

responsabilidad de las personas jurídicas, aunque sí

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subjetivo, en el caso de ambos tipos de sujetos jurí-

dicos, positivizándolos: “reduce a norma jurídica la

obligación y el derecho subjetivo (en sentido subje-

tivo), norma que enlaza una sanción a determinada

conducta de un hombre, haciendo dependiente la eje-

cución de la sanción de una demanda que lo solicite”

como parte de éste. Así, la personalidad jurídica varía

según el tipo de persona jurídica de la que se trate, de

acuerdo a la razón o ﬁn social que tenga, y le permi-

te entablar determinados tipos de negocios jurídicos

(Gordillo 2012).

(

Kelsen 2009, 199). Tal positivización se da, para las

De acuerdo a lo dicho, consideramos que la atribución

del carácter de persona jurídica a la naturaleza, por

parte de la doctrina, termina por negarse en virtud de

los dos criterios de síntesis siguientes. 1) En cuanto

a las categorías de persona colectiva y personalidad

jurídica, éstas han sido desarrolladas necesariamente

para colectivos de individuos humanos, si se entien-

de –tal como el propio Gordillo preﬁere– que persona

jurídica no es una realidad social, ni política, ni física

en concreto, sino simplemente una realidad o noción

jurídica; y que, personalidad jurídica no es sino una

atribución que el Derecho extiende a dichas entida-

des. 2) No se ha hecho posible desprender el criterio

de persona jurídica de la esencia humana con la que

ha sido creado, y en función de la cual ha acontecido

todo el despliegue del Derecho. Esta última conse-

cuencia surge por la propia razón de ser del objeto del

Derecho –de acuerdo a Torré–, consistente en regir la

conducta humana en su interferencia intersubjetiva. Y

Gordillo parafrasea a Kelsen cuando concluye: la per-

sona jurídica no puede entenderse como otra cosa que

como “un centro de imputación de actos humanos”

(Gordillo 2012, s/n).

personas jurídicas colectivas, en los dos órdenes nor-

mativos que le son inherentes: el orden jurídico estatal

y el orden jurídico parcial.

Así también, cabe hacer referencia al criterio de per-

sonalidad jurídica considerado comúnmente como

capacidad legal de una persona para ejercer derechos

y contraer obligaciones. Agustín Gordillo remarca que

este criterio no debe de ser enaltecido al extremo de

considerarse la sustancia principal de una entidad o

individuo, ya que se trata tan solo de un rasgo distin-

tivo. Es decir que la personalidad jurídica “... es solo

un carácter atribuido por el Derecho a un sujeto o en-

tidad; más no un aspecto deﬁnitorio, propiamente, de

su existencia” (Gordillo 2012, s/n).

En cuanto a las personas físicas, cuya existencia jurí-

dica es indiscutible, según Gordillo, nos referimos a

un concepto jurídicamente puro, asumido como aje-

no a cualquier otra realidad que no sea normativa.

Menciona que en estos casos la personalidad tiene

un alcance más integral acerca del ente, y se asimila

LA NATURALEZA, UNA PERSONA

La interpretación literal del párrafo primero del

artículo 71 de la Constitución de la República, es que

la naturaleza o Pacha Mama es destinataria de un ca-

tálogo de derechos. El artículo 10 enuncia también,

explícitamente, que la naturaleza será el sujeto de los

derechos que le sean reconocidos por norma constitu-

cional (Ecuador 2008).

que el Derecho, hasta ahora, ha sido una disciplina

constituida en torno al ser humano como una realidad

única. Ese hecho hace que dicho propósito sea estéril,

por quedar así convertidas las categorías jurídicas co-

nocidas en un territorio inexpugnable; y en tal virtud,

correspondería más bien optar por el camino descrip-

tivo de un sujeto sui géneris.

Dada la explicitud literal de la norma, coincido con

autores como Julio Prieto (2013) en la necesidad de

que la exploración de los determinantes de la natu-

raleza como sujeto de derechos no puede realizarse

desde una visión puramente dogmático-jurídica, ya

Pero esta vía solo es posible desde un horizonte de

apertura interdisciplinaria que haga inteligible una

nueva concepción y refuerce la interacción del ámbi-

to jurídico con entradas teóricas ajenas al Derecho. A

continuación, exploraremos algunas de ellas.

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Sociedades de árboles

lectura de resultados arrojó, en efecto, resultados po-

sitivos, poniendo en evidencia la relación madre-hija,

entre el árbol madre y estas plántulas.

La botánica Suzanne Simard es profesora de Ecología

Forestal en la Universidad de British Columbia, en

Canadá. Simard es una de las cientíﬁcas pioneras en el

estudio de las sorprendentes formas de comunicación

que mantienen los árboles. Ella aﬁrma haber eviden-

ciado su capacidad de comunicarse y de crear vínculos

de interdependencia. Pero la cientíﬁca no solo habla

de relaciones de intercambio de información, sino de

verdaderas relaciones afectivas y de estructuras socia-

les complejas y estratiﬁcadas (Simard 2016).

3

Slobodchikoﬀ , profesor de biología en la Northern

Arizona University, ha logrado evidencia cientíﬁca

acerca de las formas de lenguaje social de los perri-

tos de la pradera (Cynomys ludovicianus), que inclu-

yen llamadas –chillidos– diferenciadas para distinguir

a varios tipos de depredadores. Aunque lo más sor-

prendente de sus descubrimientos no radica en esta

capacidad de sustantivación –de la que se sabe, otros

4

animales disponen –, sino en el nivel de complejidad

La comunicación de los árboles, según Simard, se pro-

duce a través de intercambios químicos y de energía

en las raíces, que conﬁguran un tejido semejante a las

redes neuronales de los seres superiores. En palabras

de Simard, este lenguaje es el de las formas de carbo-

no, pero, además, el del “nitrógeno, el fósforo, el agua,

y estructuración alcanzados por estos pequeños herbí-

voros para transmitir entre sí múltiples especiﬁcacio-

nes como el tamaño, la forma, el color y la velocidad

de los depredadores de los que se ocupan –adjetiva-

ción–; situando al eventual observador en el papel de

espectador de conversaciones articuladas, en toda la

regla.

2

los productos químicos, las hormonas y los alelos”

(

Simard 2016, s/n).

De las maneras descritas, los árboles estudiados por

Simard y los animales estudiados por Slobodchikoﬀ

son la manifestación de un funcionamiento abierto

que instituye relaciones susceptibles de ser gobernadas

por reglas, observables en diferentes sistemas vivos;

esencialmente, la homeóstasis y la resiliencia –ras-

gos sistémicos sobre los cuales también han trabajado

Luhmann (1998) y otros–; al margen de un compor-

tamiento social que, como ya se dijo, es comparable

La autora ha alcanzado a describir cómo, a través de las

raíces de diferentes especies de árboles en el bosque,

se establecen nodos en asociación con ciertos hongos,

que conﬁguran redes de micorrizas. Así también, la

investigación de Simard ha revelado que, mediante

algunos de estos nodos –los más grandes–, ciertos in-

dividuos denominados árboles madre son capaces de

alimentar a las plántulas que ellos han engendrado, en

el nivel del sotobosque, al transmitirles su exceso de

carbono. Así, mejoran las condiciones de superviven-

cia de estas últimas en hasta cuatro veces con relación

a otras plántulas ajenas, que crezcan aisladamente.

5

al de las sociedades animales y humanas , entendidas

como sistemas sociales funcionales. La comunicación

como actividad racional, consecuentemente, no es –

de modo alguno– patrimonio exclusivo del ser huma-

no, sino que, vista en perspectiva ampliada, resulta un

modo común de interacción que tiene la vida en ge-

neral; utilizada por todo el complejo de medios a dis-

posición de los organismos que la integran. Cuando

hablamos de comunicación, desde esta óptica, habla-

mos de Ecología –interacción entre formas de vida y

su ambiente– y biodiversidad –procesos ecológicos

y evolutivos a nivel de genes, especies, ecosistemas

y paisajes–, pero también de Semiótica/Semiología

Yendo más lejos, Simard ha experimentado con la ca-

pacidad de los árboles madre de reconocer a sus crías

y asegura haberlo comprobado con un experimento

posterior, en el que extrajo algunas de esas plántulas

para desarrollarlas en condiciones artiﬁciales y rein-

troducirlas más tarde, en lugares adyacentes, con el

ﬁn de veriﬁcar si los nuevos seres entablaban algún

tipo de vínculo con quienes les habían engendrado. La

2

3

4

Traducción del autor.

Mayores referencias del trabajo de Slobodchikoﬀ, pueden hallarse en su blog personal: http://conslobodchikoﬀ.com/

Existen investigaciones estructuradas, aunque no con mucha frecuencia, muy probablemente debido a su gran complejidad intra e inter-disciplinaria,

ya que conjugan múltiples disciplinas, como la Etología, la Semiótica/Semiología, Comunicación no verbal, Psicología, Ecología y Zoología. Destacan

ciertos trabajos pioneros, como los de Riba (1990) y los de Bekoﬀ y Byers (1998).

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llevada al margen de su signiﬁcación humana, entre

otras disciplinas. Tal amplitud sale de lo intra-disci-

plinar y arriba al campo ﬁlosóﬁco, donde se encuentra

con las dimensiones éticas provocadas por la domi-

nación humana del entorno y que han condicionado

la reciente (re)aparición del paradigma cosmocéntri-

co (Reale 2016); y así su abordaje –se puede asegurar,

desde un punto de vista cientíﬁco-ﬁlosóﬁco– se aden-

tra en el ámbito de lo multi e interdisciplinario.

fantástica, incluso como parte del terreno del Derecho

Ambiental; la historia de nuestra ciencia es capaz de

mostrar que la indiferencia acerca de la atribución de

prerrogativas jurídicas a otros entes biológicos por

parte del ser humano, no ha sido precisamente una

constante. Distintos autores han reproducido registros

provenientes de la Edad Media, relativos a un sinnú-

6

mero de juicios en contra de animales . Se referencian

procesos en contra de cerdos y otros seres –incluidos

los insectos– como responsables por la muerte y muti-

lación de personas, o daños a la propiedad.

Algunos juristas actuales se consideran poco ortodo-

xos por mostrarse partidarios de las corrientes ani-

malistas, son capaces de sentirse hoy muy audaces

cuando se esfuerzan por sostener la posibilidad de

atribuir a algunos mamíferos superiores determinadas

condiciones de conciencia tales como la sensibilidad,

la empatía, el instinto maternal o la solidaridad –de

modo semejante a los seres humanos–, con el objeto

de solventar la existencia de prerrogativas jurídicas a

favor de ellos, pero ¿podrían siquiera admitir como

probable un abordaje similar con respecto a las plan-

tas? O, ¿cuán lejos podemos considerar que se hallan

tantas de esas múltiples, pero todavía indescifradas

formas de convivencia, de estar regidas por reglas,

equiparables a las nuestras? O, más cosmocéntrica-

mente aún: dado que podemos dar por evidente que la

biodiversidad y los ecosistemas se sostienen en com-

plejos intercambios, ¿no será la especie humana aque-

Todos estos casos, evidentemente alejados de los cri-

terios jurídicos convencionales contemporáneos, ter-

minan por ser solo anécdotas de interés histórico o

ﬁlosóﬁco. No obstante, tampoco se trata de asuntos

aislados y del todo carentes de sentido jurídico, de-

bido a que, modernamente, han hecho su aparición,

corrientes como la bioética animal, de más amplio y

renovador espectro ﬁlosóﬁco.

Leyton reﬁere la existencia de distintos antecedentes

legislativos de bioética animal y derechos de los ani-

males, entre los que se cuentan algunos coleccionados

por Brels, en cuya estadística acentúa que un 61% de

los países reconocidos por la ONU disponen actual-

mente de leyes de protección animal, formuladas en

función del reconocimiento de ciertos tipos de usos

propios de ellos.

5

lla que más aislada se encuentra comunicativamente

de su entorno?

De tal manera, en países de Europa rigen leyes para

la protección de animales de compañía, mientras que

en los Estados Unidos de América predomina la le-

gislación sobre los “animales de abasto”. Aunque, en

general, la situación a nivel mundial, tal como eviden-

cia la autora, es muy dispar, pues hay países donde no

existen leyes de protección animal, tanto como países

donde, al legislar, se considera a los animales como

bienes muebles, o se protege jurídicamente solo a al-

gunos de ellos y se deja a otros en indefensión.

Si bien aún no podemos considerar admisible trasla-

dar la reﬂexión jurídica a ciertos extremos, sí pode-

mos aspirar a llegar a un acuerdo de mínimos, como

que el Derecho –a riesgo de anquilosamiento– es to-

davía una disciplina profundamente antropocéntrica,

cuya evolución cientíﬁca depende cada vez más de su

integración interdisciplinaria.

Derechos de las personas no humanas

Aunque los estudios acerca de sociedades de árboles

parecen, para un letrado, fetiches o atisbos de literatura

Autores como Zaﬀaroni hacen referencia a la vigorosa

tendencia animalista europea, que tiende a liberar a

5

6

Si profundizamos en el abordaje de las relaciones entre la Teoría de la Acción Comunicativa, el Derecho y el Medio Ambiente, se pueden citar algunos

trabajos, como los de Aguirre (2012) y Deﬂem (1995).

Distintas referencias pueden encontrarse en el libro: Hribal, Jason. 2010. Fear of the Animal Planet: e Hidden History of Animal Resistance. Canadá:

AK Press.

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los animales de su condición de cosas y a concederles

un lugar intermedio más próximo a los seres huma-

nos. Este autor cita las disposiciones de los códigos

civiles suizo y alemán, que han impuesto el carácter

de “no cosas” a favor de estos seres, así como la obliga-

ción estatal y social de su tutela mediante leyes espe-

ciales (Zaﬀaroni 2011).

1954, resulta para el autor una “intuición sumamente

interesante” (Zaﬀaroni 2011, 55).

En este contexto, se aprecia que la imputación del

carácter de sujeto de derechos a entes naturales o no

humanos, sí ha sido materia de la jurisprudencia y

del ordenamiento comparado, aunque esta represen-

tación nunca ha sido tan medular como en el caso

ecuatoriano. Con respecto a nuestra Constitución, la

particularidad más grande de este tipo de reconoci-

miento de lo no humano se expresa en forma abierta

y generalizada, no a favor de las especies e individuos,

sino de la naturaleza; cuya determinación es vasta,

Más recientemente, también se tienen noticias acerca

de sentencias y declaratorias a favor de algunos ani-

males, como en el caso de la sentencia dictada por el

Tercer Juzgado de Garantías de la Ciudad de Mendoza,

en Argentina. Éste declaró a una hembra de chimpan-

cé llamada Cecilia como sujeto de derecho no huma-

no, determinándose su traslado ﬁnal a un santuario en

Brasil, en respuesta a una demanda de Hábeas Corpus

8

abierta y sistémica (“donde se reproduce y realiza la

vida”, de acuerdo al artículo 71). Esta determinación,

no obstante, debe entenderse con evidentes márgenes

territoriales circunscritos a la soberanía del Estado, de

acuerdo al principio de territorialidad de la ley.

7

presentada por asociaciones animalistas .

Esta sentencia adquirió repercusión internacional y es

considerada hoy como un referente para el reconoci-

miento de derechos a estos seres. La petición estuvo

aﬁanzada en argumentos de doctrina jurídica del tra-

tadista Raúl Zaﬀaroni, quien aﬁrma que debe hacerse

extensivo el carácter de sujetos de derechos a los suje-

tos no humanos, instaurando para ello como bien jurí-

dico en casos de maltrato, el derecho del propio animal

a no ser objeto de la crueldad humana. Se debe reparar

en el hecho de que esta postura no llegó a correspon-

derse con criterios de integración del ordenamiento

jurídico, sino que produjo un inusual precedente judi-

cial al asentarse en el reconocimiento del animal como

sujeto titular del bien jurídico, a tenor del supuesto del

tipo penal de maltrato de la Ley Nacional 14.346 de

Protección Animal, de 5 de noviembre de 1954, de la

República Argentina; la cual, en su Aartículo 1, dispo-

ne: “Será reprimido, con prisión de quince días a un

año, el que inﬂigiere malos tratos o hiciere víctima de

actos de crueldad a los animales” (Zaﬀaroni 2011, 55).

En torno a este artículo, la evidente atribución del ca-

rácter de víctima a los animales contenida en esta nor-

ma, es un indudable reconocimiento de su condición

de sujetos jurídicos; y, que se haya realizado en el año

Doctrina ecuatoriana

El Derecho de la Naturaleza ha tenido un escaso de-

sarrollo dentro de la doctrina nacional, dada su re-

lativamente reciente aparición y el interés que ha

despertado tan solo en determinados autores. La li-

teratura existente es, sobre todo, de talante ﬁlosóﬁco

–aunquenonecesariamente,deFilosofíadelDerecho–,

y los criterios inherentes a la doctrina jurídica, como

ya se mencionó al inicio, son aún más escasos.

Efectuar una aproximación propiamente cientíﬁca

ameritaría un desarrollo a partir de la jurisprudencia,

la doctrina tradicional y la doctrina jurisprudencial,

cuya limitada aplicación está basada solamente en

las acciones de protección como único instrumento

jurisdiccional habilitado por el ordenamiento. Es así

que apenas podemos hablar de doctrina jurídica en

materia de Derecho de la Naturaleza, sino tan solo de

aspectos doctrinales obtenidos de la revisión de cate-

gorías provenientes de la teoría general del Derecho

y de algunas otras disciplinas como el Derecho Civil,

Constitucional y Penal.

7

8

Se tienen referencias de otra decisión judicial semejante, pronunciada a favor de una hembra de orangután, de nombre Sandra, ante la jueza titular del

Juzgado de Instrucción Nº 47 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de Buenos Aires; dictamen que arribó para revisión ante la Cámara Federal

de Casación Penal, donde la petición fue ﬁnalmente otorgada.

En una evocación biosférica semejante a Gaia, se apega a la noción de biósfera, dimensionada como el sistema planetario formado por todos los seres

vivos/ecosistemas del planeta y sus relaciones.

58

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De la literatura de autores ecuatorianos relacionada

no puede considerarse más que como una auténtica

revolución jurídica.

9

con esta temática acudimos, solamente esta vez , al

criterio de dos reputados académicos Ricardo Crespo

y Farith Simon. La postura de Simon reﬁere inicial-

mente una “ambivalencia normativa” contitucional,

con respecto a la naturaleza. Esta radica en “su doble

tratamiento” en diferentes partes de la norma, como

sujeto de derechos y, a su vez, como “objeto de apro-

piación y explotación” (Simon 2013, 15).

En un sentido distinto, y que rescatamos para aproxi-

marnos a la deﬁnición que nos ocupa, Simon extrae

de la doctrina de Kelsen el carácter de imputación

normativa al que se atribuye la categoría sujeto de

derechos. Así, en tono categórico, maniﬁesta que tal

condición se halla presente en la determinación nor-

mativa del derecho ecuatoriano, que atribuye a la na-

turaleza el carácter de sujeto de derechos.

En el primero de ambos sentidos, hace referencia a los

artículos 10, 71 y 72, que establecen que la naturaleza

es sujeto de los derechos enunciados en los dos últi-

mos. En tal virtud, se establece una legitimación activa

amplia a las autoridades, para exigir su cumplimiento.

Sin embargo, tomada literalmente, esta constatación

conduce a un conjunto de equívocos que el autor se

encarga de esclarecer y que, expresados sintéticamen-

te, están referidos a: una asociación automática entre

derecho subjetivo y deber jurídico, a la aﬁrmación de

la necesidad de ser capaz de expresar voluntad para

ser titular de derechos, y a la confusión entre capaci-

dad legal y responsabilidad (Simon 2013).

En la necesidad de obtener una caracterización cons-

titucional, el autor identiﬁca un total de 19 disposi-

ciones contenidas en la norma constitucional que se

reﬁeren a la naturaleza. Estas corresponden a distintas

materias, de las cuales aquellas que tienen marcado el

componente de aprovechamiento, se sitúan, por ejem-

plo, en el artículo 408, referido a los recursos naturales

no renovables.

Acerca del primer punto, Simon descarta que deba

exigirse una estricta correlación entre derechos sub-

jetivos y deber jurídico para oponerse a otorgar los

primeros a un sujeto, porque el Derecho sí admite una

atribución de derechos subjetivos a titulares que no

tengan capacidad de ejercer deberes, como es evidente

en el caso de los incapaces.

Asimismo, Simon remarca que la transición constitu-

cional de 1998 a 2008 no ha sido tan profunda como

algunos entusiastas de la actual Constitución preten-

den, dado que, en la anterior norma fundamental, la

atribución de derechos no era de carácter exclusiva-

mente individual, al no haberse sentado como una

condición para la exigibilidad de un derecho el dis-

poner de voluntad para ser titular de alguno (Simon

Acerca del segundo punto, el autor niega que, para ser

titular de un derecho, se deba tener capacidad y vo-

luntad; puesto que, en determinados casos, el Derecho

admite también la posibilidad de que la voluntad de

un titular pueda expresarse por otro sujeto de manera

válida. En tercer lugar, en cuanto a la capacidad, ase-

gura el autor que la titularidad de derechos no está

condicionada a la capacidad legal de una persona y

que el ejercicio de muchos derechos no involucra ne-

cesariamente la posibilidad de realizarlos.

2

013). Como ejemplo, el autor utiliza el reconoci-

miento de derechos de los niños, niñas y adolescentes,

que en la Constitución de 1998 era pleno y no requería

capacidad de exigibilidad por parte de sus titulares.

Con respecto a la inseparabilidad del Derecho de lo

humano, como se ha expuesto previamente, asume el

autor que tampoco podemos alejarnos tan fácilmen-

te de la realidad existencial de que el propio Derecho

ha sido creado como una ciencia cultural, ediﬁcada

en función del ser humano; y que, por ese motivo, el

reconocimiento de derechos a favor de la naturaleza

Concluye Simon que sí es posible utilizar las catego-

rías jurídicas para sustentar la titularidad de la natu-

raleza como sujeto de derechos, y que la misma está

asentada en bases normativas muy concretas. No obs-

tante, previene que este resguardo constitucional, por

9

Se pueden referir también, para una mayor amplitud temática, trabajos jurídicos, como el de Julio Prieto (2013).

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mucho que resulte revolucionario, podría presentar el

riesgo de afectar la protección de los derechos de los

seres humanos. Aunque en este caso, considero que

puede objetarse que el resguardo de derechos para la

naturaleza no tiene porqué partir de una condición de

protección en sentido absoluto, sino que bien podría

matizarse con criterios como el límite de tolerancia,

mediante el cual, en Ecología, se reconoce la capaci-

dad de todo ecosistema de soportar cierto grado de

pérdida sin sufrir un menoscabo integral. Este criterio

ya es parte de los elementos normativos en materia de

impacto ambiental.

carácter colectivo– con personalidad jurídica (Crespo

2011). Uno de los problemas irresueltos más relevan-

tes en esta innovadora fórmula, estaría en la cualidad

del sujeto –¿cuál de ellos?– para imputarle obligacio-

nes. En segundo lugar, resultaría discutible la natura-

leza jurídica de la segunda institución: ¿de Derecho

Público o de Derecho Privado? De modo adicional, en

la diferenciación de los actos de ambas, ¿en qué situa-

ciones estaríamos hablando de los actos de la primera

y en qué caso de los de la segunda?

La perspectiva de Crespo se reﬁere a la ruptura que

esta formulación provoca en la lógica de reciprocidad

entre la entidad como sujeto de derechos y de obliga-

ciones. En su artículo, termina por negar la posibili-

dad de otorgar derechos a la naturaleza, por la falta

de reciprocidad, y se adhiere a la tesis de Luc Ferry,

quien sostiene que atribuir derechos a la naturaleza

se fundamenta en el error de considerar a esta y a los

animales como seres morales o sujetos de derecho,

debido a que no son capaces de actuar de forma re-

cíproca; y, por lo tanto, resulta imposible atribuirles

deberes. Esta postura, debe decirse, ha sido descarta-

da por Simon.

Por su lado, Ricardo Crespo es más especíﬁco en la

enunciación de su postura, pues se aﬁanza en los plan-

teamientos tradicionales de la teoría de la ﬁcción y

reseña algunas propuestas vanguardistas, como la del

autor G. Stutzin, quien propuso reconocer a la natura-

leza un carácter de persona jurídica sui generis, inves-

tida de representación legal por alguna organización

de conservación de la naturaleza. Se trataría así de

la ﬁgura de la naturaleza como una persona jurídica

convertida en titular de derechos, pero sin capacidad

de auto-representación y representada por otra –de

LA CUESTIÓN CURRICULAR

Una vez puesto el énfasis en algunas de las aristas

concretas –de las múltiples que propone la cuestión–,

corresponde ocuparnos de las condicionantes para la

integración del Derecho de la Naturaleza en el currí-

culo universitario.

por universidades y escuelas politécnicas consiste, en-

tonces, de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación

Superior, entre otros lineamientos, en: “La libertad en

la elaboración de sus planes y programas de estudio

en el marco de las disposiciones de la presente Ley”

(

Ecuador 2010).

El diseño de mallas curriculares es parte del “Ejercicio

de la Autonomía Responsable”, situado en el Título II,

Capítulo 1, de la Ley Orgánica de Educación Superior

En la construcción curricular que está a cargo de las

universidades, conﬂuyen así, de acuerdo a la LOES,

como criterios de validación por parte de los órga-

nos gubernamentales responsables, los principios de

pertinencia y calidad. Este último, formulado en el

artículo 93, está orientado por “la pertinencia, la in-

clusión, la democratización del acceso y la equidad,

la diversidad, la autonomía responsable, la integrali-

dad, la democracia, la producción de conocimiento,

el diálogo de saberes, y valores ciudadanos”, para la

“búsqueda continua, auto-reﬂexiva del mejoramiento,

(

LOES). En el artículo 17 de esta norma, el Estado

despliega, para universidades y escuelas politécni-

cas, la autonomía académica, “acorde con los princi-

pios establecidos en la Constitución de la República”

(

Ecuador 2010). El artículo 18 de esta ley materializa

principios de jerarquía superior, tales como la liber-

tad de enseñanza y la libertad de cátedra, formulados

en el artículo 29 de la Constitución de la República

(

Ecuador 2008). La “autonomía responsable” ejercida

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Facultad de Derecho

aseguramiento y construcción colectiva de la cultu-

ra de la calidad educativa superior” (Ecuador 2010);

y este segundo principio es el aspecto motivador de

dicho principio. El de pertinencia, por su lado, con-

siste en que la educación superior “[…] responda

a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la

planiﬁcación nacional, y al régimen de desarrollo, a

la prospectiva de desarrollo cientíﬁco, humanísti-

co y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural”

Torré (2003) tienen que ver con una separación de las

Ciencias Jurídicas al interior de la Dogmática Jurídica,

según la cual debe admitirse la división existente en-

tre normas jurídicas propiamente dichas y la disci-

plina cientíﬁca que las tenga por objeto. Así aborda

él la discusión inherente a la autonomía de las ramas

de la Dogmática Jurídica, que puede ser de tres tipos:

cientíﬁca, cuando una disciplina halla su fundamen-

to en la existencia de un sector de la realidad jurídica

que tiene caracteres propios; didáctica, que consiste

en la existencia de cátedras destinadas a la enseñanza

de una disciplina; y legislativa, que se produce cuan-

do hay abundante legislación acerca de un sector del

derecho positivo. Para hablar con propiedad de una

ciencia jurídica, esta debería tener –remarca– autono-

mía cientíﬁca.

(

Ecuador 2010).

Aspiramos a que elementos teóricos como los pre-

sentados a lo largo del presente artículo sirvan para

alimentar una discusión en términos de pertinencia y

calidad curricular, como condicionantes de las casas

de estudios superiores para el ejercicio de sus prerro-

gativas en la incorporación de una materia especíﬁca

dedicada al Derecho de la naturaleza en sus mallas

curriculares; no solo por ser en sí misma una temá-

tica trascendental, sino porque la inédita institución

de ella como un sujeto de derechos, tiene la signiﬁ-

cación complementaria de resultar una contribución

Otros autores, como López Sela y Ferro Negrete, pre-

cisamente en búsqueda de la autonomía del Derecho

Ambiental –una disciplina similar y emergente–, han

formulado sus propias aproximaciones en algunas va-

riantes que son de nuestro interés. Ellos fundamentan

su autonomía disciplinar como: i. una ciencia infor-

mativa: una amalgama de normas acerca de un mis-

mo tema –el jurídico ambiental–; ii. una disciplina

académica, es decir: la expresión de la necesidad de

impartir lo ambiental en la enseñanza universitaria;

y iii. entre otras razones más especíﬁcas que escapan

a nuestro interés, una rama autónoma del Derecho

(López y Negrete 2006). En este último cometido

resuenan los criterios de Jesús Jordano Fraga, quien

basa su argumentación a favor del reconocimiento del

carácter del Derecho Ambiental como una disciplina

autónoma, en tres aspectos: la presencia de principios

propios, técnicas jurídicas propias y la referencia a de-

terminada categoría de personas, objetos o relaciones

(Jordano 1993).

1

0

original a la ciencia del Derecho Constitucional ,

que solo puede ser apuntalada doctrinalmente puer-

tas adentro de nuestro propio sistema jurídico; y a la

cual va aparejada, además y como reﬂexión aparte, la

circunstancia de que la interculturalidad y el medio

ambiente son de los pocos canales principales de los

que dispone nuestra ciencia para su apertura a la inte-

gración transdisciplinaria.

Diferentes tipos de autonomía disciplinar

El abordaje de la cuestión curricular de las disciplinas

jurídicas encuentra su trasfondo en la propia teoría

general del Derecho, referida a la clasiﬁcación y orga-

nización por sectores o ramas de esta ciencia, de cuya

profundización me ocuparé ahora brevemente.

En palabras de este último, existen suﬁcientes elemen-

tos para asegurar que el Derecho Ambiental es una

disciplina autónoma. Los criterios en que sostiene su

aﬁrmación son consistentes con los expresados por

Torré (2003), en cuanto al carácter cientíﬁco, didácti-

co o legislativo de las ramas de la Dogmática Jurídica

Torré aﬁrma que la división del Derecho en ramas

es, sobre todo, el resultado de una exigencia cientíﬁ-

ca en la comprensión de que conocer es ordenar, en

base al carácter diverso de sus vastos y diversos con-

tenidos. Estos diversos contenidos de los que habla

1

0 O como bien destaca Raúl Eugenio Zaﬀaroni: “No se trata de una incorporación antojadiza y simbólica, de una ocurrencia vernácula, sino de una deﬁ-

nición que emerge de la cultura tradicional del pueblo esencial a la idea moderna de constitución” (Zaﬀaroni 2011, 117).

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Facultad de Derecho

y, así, pueden considerarse extensivos también para

lograr un idéntico propósito con relación al Derecho

de la Naturaleza.

y judicializar la vulneración de sus derechos, estable-

cidos en la Constitución de la República, instrumento

normativo que ha establecido un régimen funcional,

integrado por un titular determinable con facultades

jurídicas y un mecanismo de juzgamiento, basado en

las acciones jurisdiccionales de protección.

La Constitución de la República del Ecuador, a contra-

corriente de la teoría jurídica convencional, ha institui-

do un nuevo sujeto de derechos llamado Naturaleza,

cuyo carácter sui generis aún no puede ser asimilado

por la dogmática jurídica aisladamente, sin una aper-

tura interdisciplinaria. También se puede convenir que,

si bien aquella en su condición de sujeto no consigue

individualizarse como una realidad concreta ni logra

ser descrita a plenitud todavía, de acuerdo a los cáno-

nes tradicionales de la personalidad de las personas

jurídicas, sí es una entidad real de carácter sistémico,

equiparable a las representaciones de biósfera y ecosis-

tema; y que, para ahondar en su desarrollo, la interac-

ción entre la Ecología, la Biología y el Derecho, resulta

imprescindible. En este último sentido, es posible coin-

cidir también con las aproximaciones de Prieto con

respecto a la necesidad de interactuar interdisciplina-

riamente, para forjar criterios que permitan objetivar

No podemos convertirnos en partícipes de que la atri-

bución de derechos a la naturaleza y su reconocimien-

to como sujeto de derechos hayan sido nada más que

un lapsus del legislador constituyente, ya que se evi-

dencian profundas razones ﬁlosóﬁcas y auténticamen-

te jurídicas que ameritan la necesidad de consolidar

una rama del Derecho dedicada a este propósito, jus-

tiﬁcando su existencia en la malla curricular de nues-

tras universidades, por la eminente función que estas

deben cumplir como principales centros de desarro-

llo académico. Esta tarea ha de resultar parte de un

necesario ejercicio previo de autonomía responsable,

que permita aﬁanzar la ruptura epistemológica –pro-

bablemente sin retorno– de nuestra ciencia, hacia el

dominio de la interdisciplinariedad.

CONCLUSIONES

1

. El Derecho de la Naturaleza es, actualmente, un

área del Derecho que dispone de entidad legislativa,

aunque su carácter como disciplina cientíﬁca pue-

de considerarse limitado. Sin embargo, es deseable

que, con el avance de la estructuración normativa

y el desarrollo de las fuentes, sea capaz de adquirir,

paulatinamente, autonomía cientíﬁca, al igual que

las demás subdisciplinas que integran el Derecho.

epistemológico, debido a que, de manera más evi-

dente incluso que en el caso del propio Derecho

Ambiental, este nuevo campo jurídico tiene el

potencial de constituirse en un espacio privilegia-

do para la inexorable transición de la Ciencia del

Derecho hacia la multi e inter-disciplinariedad,

motivadas ambas por el implacable avance del

progreso cientíﬁco y de la modernidad.

2

. Las universidades del país tienen potestad aca-

démica y normativa, a través del ejercicio de la

autonomía, para incorporar el Derecho de la

Naturaleza como un elemento dentro de sus ma-

llas curriculares.

4. EldesarrollocientíﬁcodelDerechodelaNaturaleza

puede ser apreciado como una responsabilidad

pendiente, revolucionaria, transformadora, adqui-

rida para con la Ciencia del Derecho; una nueva

condición que debe expresarse disciplinarmente.

El Ecuador se ha autoimpuesto el compromiso

de ser un ejemplo a seguir en el avance de nues-

tra ciencia y, por tal motivo, se debe trascender del

ámbito propositivo a la materialización de los cam-

bios, correspondiéndole a la academia ecuatoriana

un lugar privilegiado en esta vanguardia cientíﬁca.

3

. La incorporación del Derecho de la Naturaleza en

mallas curriculares obedece a profundas motiva-

ciones cientíﬁcas y ﬁlosóﬁcas. Algunas de estas

entradas se enuncian en el artículo, pero existen

otras tantas motivaciones de corte metodológico y

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