Facultad de Derecho

EXTRACTIVISMO EN ECUADOR.

INGRESO ECONÓMICO Y DERECHOS DE LA NATURALEZA

EXTRACTIVISM IN ECUADOR.

INCOME AND RIGHTS OF NATURE

EXTRATIVISMO NO EQUADOR.

ENTRADA ECONÔMICA E DIREITOS DA NATUREZA

José Ernesto Tapia Paredes*

Recibido: 18/04/2019

Aprobado: 15/06/2019

Resumen

El presente artículo muestra brevemente importantes

which protection and observation has important eﬀects

on environmental and human rights of the Ecuadorian

population.

datos y cifras económicas, geográﬁcas y ambientales que

permiten ampliar las miradas respecto a la rentabilidad de

las actividades extractivas petroleras y mineras en el Ecua-

dor, así como entender si estas actividades se realizan en

armonía y equilibrio con los derechos constitucionales de

la naturaleza, cuya protección y cumplimiento posee rele-

vantes efectos en los derechos ambientales y humanos de la

población ecuatoriana.

Key words: Extractivism; Mining; Fossil fuels; Oil;

Economic proﬁtability; Rights of Nature

Resumo

Opresenteartigomostrabrevementeimportantesdados

e estatísticas econômicas, geográﬁcas e ambientais, que

permitem ampliar a visão no que diz respeito a rentabilidade

das atividades extrativas petroleiras e mineiras no Equador,

assim como, entender se estas atividades são realizadas em

harmionia e equilíbrio com os direitos constitucionais da

natureza, cuja proteção e cumprimento possuem relevantes

efeitos com incidência nos direitos ambientais e humanos

da população equatoriana.

Palabras clave: Extractivismo; Minería; Hidrocarburos;

Petróleo; Rentabilidad económica; Derechos de la

Naturaleza

Summary



is paper succinctly shows relevant facts and

economic, geographic and environmental statistics, which

helps to broaden the looks towards the proﬁtability of oil

and mining extractive activities in Ecuador. It also helps to

understand if these activities are undertaken in harmony

and equilibria with the constitutional rights of nature,

Palavras chave: Extrativismo; Mineração;

Hidrocarbonetos; Petróleo; Rentabilidade econômica;

Direitos da Natureza

*

Magister en Derecho Internacional Económico por la Universidad Andina Simón Bolívar. Docente Titular Universidad Central del Ecuador. Dirección

de correo electrónico: josetrin7@hotmail.com

38

CÁLAMO / Revista de Estudios Jurídicos. Quito - Ecuador. Núm. 11 (Julio, 2019): 38-51

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LAS FINANZAS Y EL EXTRACTIVISMO EN ECUADOR

1

El Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador ha

crecido desde el año 2000, al pasar de 18.328.000.000

dólares de USA (en adelante: $) a 41.507.000.000 $ en

Estado (PGE) ecuatoriano, de modo que lo inﬂa de

forma signiﬁcativa en ciertos momentos y lo reduce

a niveles de poca rentabilidad en otras épocas, en que

las crisis se sienten con mayor fuerza, especialmente

por el derroche de la abundancia y la suscripción de

deudas por las que suelen estar precedidos dichos pe-

ríodos. Así pues, la economía ecuatoriana es suscepti-

ble y frágil ante la variación de los precios, la oferta y

la demanda del “mercado de recursos naturales” y, en

2

005, a 69.555.000.000 $ en 2010, a 99.290.000.000 $

en 2015 y a 108.398.000.000 $ en 2018. Tampoco el

crecimiento poblacional se ha detenido, pues ha pa-

sado de 12.681.123 personas en 2000 a 13.825.847 en

2

1

005, a 15.011.117 en 2010, a 16.212.020 en 2015 y a

7.084.357 personas en 2018 (BM). En consecuencia,

el PIB per cápita durante estos periodos correspondió

a: 1.445 $ en el año 2000, 3.002 $ en 2005, 4.633 $ en

010, 6.124 $ en 2015 y 6.344 $ en 2018.

2

3

especial, del extractivismo de hidrocarburos .

2

La inﬂuencia del petróleo en las ﬁnanzas públicas se

veriﬁca al compararse el ingreso del Estado del que

forma parte signiﬁcativa la venta de petróleo y deri-

vados frente al gasto del Estado en los diferentes años.

Sin embargo, antes de observar las cifras de ingreso y

gasto del Estado, es importante tener en cuenta que,

por regla y disposición Constitucional, los gastos per-

manentes deben ser ﬁnanciados con ingresos perma-

nentes, y, al no ser los ingresos petroleros ingresos

permanentes, estos no deberían, al menos constitu-

cionalmente, inﬂuir en el cumplimiento del Estado

en ámbitos como la salud, la educación, la vivienda,

la justicia entre otros egresos permanentes. En efecto,

el uso de estos ingresos no permanentes debería ser

excepcional, y no incidir reiteradamente en el ﬁnan-

ciamiento de las necesidades permanentes del Estado

ecuatoriano. El objetivo es mantener al Estado distan-

te de las alzas y bajas de origen extranjero, que causan

severos impactos internos cuando se permite que la

economía y la satisfacción de necesidades dependa de

ingresos poco controlables.

Ahora bien, si se tiene en cuenta que, en el año 2000,

el valor promedio del barril de petróleo ecuatoriano

fue de 24,87 $ (Peñaherrera 2015, 31-2) y la produc-

ción fue de 146.209.000 barriles, que en 2005 el valor

del barril fue de 41,01 $ (Peñaherrera 2015, 44) y la

producción alcanzó los 194.180.000 barriles de pe-

tróleo (AIHE 2012,8), que en 2010 tal valor fue de

1,93 $ (BCE 2013,16) y la producción neta nacio-

nal de petróleo fue de 177.373.561 barriles (ARHC

), que en 2015 ese valor fue de 41,88 $ por barril

BCE 2016,15) y la producción neta nacional de pe-

tróleo fue de 197.997.044 barriles (ARHC 6), mien-

tras que, en 2018, el valor del barril fue de 60,55 $ el

barril (BCE 2018,14) y la producción neta nacional

de petróleo fue de 188.815.941 barriles (ARCH); se

aprecia que el PIB petrolero de estos años correspon-

de a 3.636.217.830 $ en el año 2000, 7.963.321.800 $

en 2005, 12.758.480.242 $ en 2010, 8.292.116.202 $ en

7

1

(

2

015 y de 11.432.805.227 $ en 2018.

En resumen, ya que el precio del petróleo no se man-

tiene estable y sufre variaciones constantes, llega a

inﬂuir en gran medida en el Presupuesto General del

En el año 2000, el ingreso del Estado ecuatoriano fue

de 3.110.800.000 $, su gasto llegó a los 4.034.200.000

$ y el déﬁcit fue de 923.400.000 $. En 2005, el ingreso

1

Suma de todos los bienes y servicios ﬁnales registrados en un periodo determinado que, en este caso, corresponde a cada uno de los años mencionados.

Tal indicador no es igual al Producto Nacional Bruto (PNB), ya que valora la producción total tanto de residentes como de no residentes dentro de una

economía, mientras que el PNB solo incluye a la producción ﬁnal registrada de los residentes de una economía determinada. Se debe tener en cuenta que

el PIB no reporta los impactos sociales o ecológicos de las actividades productivas; los cuales, en muchos casos resultan de difícil cuantiﬁcación frente

a la producción cuantiﬁcable.

2

3

También se llama ingreso per cápita o renta por habitante. Este indicador muestra la riqueza de una economía distribuida para el número de habitantes

de dicha economía por un periodo de tiempo determinado.

Es importante tener en cuenta que los ingresos no petroleros en relación al Presupuesto General del Estado ecuatoriano superan en gran medida a los

ingresos provenientes de la actividad petrolera, una circunstancia que no debe confundirse con la cuantiﬁcación económica de exportaciones petroleras

vs. la cuantiﬁcación económica de las exportaciones no petroleras.

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del Estado fue de 6.243.700.000 $, el gasto llegó a los

ingreso. De esta forma, la crisis económica, social y

ambiental de dicha actividad se acumula y posterga

como ineludible.

7

$

.914.700.000 $ y el déﬁcit ascendió a 1.671.000.000

4

14. En 2010, los ingresos del Estado ecuatoria-

no fueron de 13.292.300.000 $, su gasto alcanzó los

1

2

$

7

6.124.700.000 $ y el déﬁcit de 2.832.400.000 $. En

015, el Estado tuvo un ingreso de 20.115.900.000

, un gasto de 27.373.200.000 $ y su déﬁcit fue de

Tal como las cifras nos permiten ver, los sucesivos

presupuestos económicos del Ecuador han sido im-

pactados, en gran medida, por el extractivismo hidro-

carburífero, que ha ofrecido a los gobiernos de turno

dinero inmediato para solventar teóricamente gastos

que no son permanentes. Gran parte de estos fondos

se han utilizado para ﬁnanciar el proyecto o progra-

ma político de cada gobierno. No obstante, frente a la

gran deuda social, la deuda interna, la deuda externa y

demás aspectos que el Estado debe satisfacer, estos in-

gresos se han empleado como parches político-econó-

micos en el gasto permanente, e, incluso con ellos se

han ﬁnanciado prestamos por mayores ingresos que

permiten superar déﬁcits temporales y, en consecuen-

cia, acumular deuda y comprometer el futuro del país;

para no hablar del despilfarro y la corrupción que sue-

le incrementarse alrededor de los ingresos súbitos.

5

.257.300.000 $ . Por último, en 2018, el ingreso fue

de 20.869.040.000 $, el gasto de 25.121.660.000 $ y se

6

reportó un déﬁcit de 4.252.620.000 $ .

De los años considerados para este análisis compa-

rativo se observa que, en el año 2000, el ingreso pe-

trolero del Estado ecuatoriano fue de 1.248.800.000

$

(40,14% del ingreso); en 2005, el ingreso petrolero

fue de 1.573.900.000 $ (25,20% del ingreso); en 2010,

el ingreso petrolero fue de 4.222.600.000 $ (31,76%

del ingreso); en el 2015, el ingreso petrolero fue de

2

.842.400.000 $ (14,13% del ingreso) (BCE); y, entre

enero y octubre del año 2018, se tuvo un ingreso no

permanente de 2.526.230.000 $ (12,10% del ingreso).

En todos estos años, la mayor cantidad del ingreso

provino de las fuentes consideradas permanentes,

conformadas principalmente por los tributos y las

tasas, que cubrieron la mayor parte del porcentaje de

ingresos del Estado.

Así pues, el petróleo, en lugar de convertirse en un

ingreso adicional, se ha transformado en un genera-

dor de mayores huecos ﬁnancieros, tanto en épocas de

bonanza petrolera como en épocas de bajo precio de

venta. Peor aún, por décadas, las empresas extrajeras

se han llevado la mayor parte de los ingresos, mien-

tras un minúsculo sobrante y tributos llegaba al pre-

supuesto del Estado ecuatoriano, en especial antes del

año 2000.

Sin embargo, aunque parece que el presupuesto del

Estado ecuatoriano dependiera cada vez menos del

petróleo, no necesariamente esta apreciación es una

realidad, ya que la variación de los precios del petróleo

es un aspecto que incide en el ingreso. Además, la con-

sideración de ingresos no permanentes para ﬁnanciar

egresos permanentes, el déﬁcit que se acumula con

cada año de gestión, la falta de ahorro, el crecimiento

de la deuda pública interna, el incremento de présta-

mos y condiciones que elevan el endeudamiento del

país..., hacen que el Estado, en lugar de buscar otros

ámbitos de inversión y desarrollo que fortalezcan sus

ﬁnanzas, insista en incrementar el extractivismo para

compensar con barriles de petróleo el insuﬁciente

Los gobiernos de turno en Ecuador generalmente han

considerado y han transmitido el mensaje de que los

réditos petroleros son extraordinariamente grandes, a

pesar de que, históricamente, la ganancia empresarial

privada en el sector petrolero era y todavía es muchas

veces mayor a la estatal.

Esta noción ha llevado a que muchos gobiernos ad-

ministren los ingresos petroleros como si se tratase

4

5

6

Banco Central del Ecuador, “Boletín 33” (Banco Central del Ecuador, Quito: 2011). Las cifras de ingreso y sus porcentajes corresponden al ingreso

corriente y de capital neto para el presupuesto del gobierno central de Ecuador, en estas cifras y porcentajes expuestos no se considera el saldo inicial de

caja, los bonos y certiﬁcados de tesorería, los préstamos externos ni los préstamos de otras entidades y fondos.

Banco Central del Ecuador, “Boletín 40” (Banco Central del Ecuador, Quito: 2018). Las cifras de ingreso y sus porcentajes corresponden al ingreso

corriente y de capital neto para el presupuesto del gobierno central de Ecuador, en estas cifras y porcentajes expuestos no se considera el saldo inicial de

caja, los bonos y certiﬁcados de tesorería, los préstamos externos ni los préstamos de otras entidades y fondos.

Ministerio de Finanzas. 2018. Proforma presupuestaria 2019. Quito: Ministerio de Finanzas.

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de una pequeña fortuna extra. En función de dicha

circunstancia, han perdido el horizonte y han descui-

dado la economía común, comunitaria, publica local

y privada local para en su lugar privilegiar al ﬂujo in-

mediato del capital proveniente del extractivismo y a

favor del interés de los operadores económicos priva-

dos ligados a esta actividad. Además, esta convierte a

amplias zonas de territorio en lugares incompatibles

con otros emprendimientos productivos sustentables,

no solo durante la exploración y explotación sino

posteriormente.

momento, 93.000.000 $ a este sector económico, y ﬁr-

mó convenios de explotación con empresas privadas,

con la esperanza de que, en el futuro, se puedan reali-

zar importantes exportaciones mineras.

Cinco son los proyectos de minería que los gobiernos

ecuatorianos han considerado emblemáticos por las

exportaciones que se suponen generaran. Se trata de

los proyectos: Río Blanco, Fruta del Norte, Mirador,

Loma Larga y San Carlos Panantza. Uno a uno han pro-

yectado alcanzar exportaciones, respectivamente, por:

635.000.000 $, desde 2018 hasta 2028; 6.282.000.000 $,

En cuanto a la minería, sector del cual el Estado ecua-

toriano no ha reportado hasta el momento mayores

ingresos, se puede observar que, desde 2007 hasta

desde ﬁnes de 2019 hasta 2034; 22.186.000.000 $, des-

de ﬁnales de 2019 hasta 2040; 2.330.000.000 $, desde

2021 hasta 2032. En el caso de San Carlos Panantza,

aún no existe una cifra clara de cuánto se proyecta lo-

grar en exportaciones, aunque se requiere una inver-

sión en el proyecto por 3.032.000.000 $; sin embargo,

desde 2010 hasta 2017, la inversión total en este pro-

yecto no sobrepasa los 21.700.000 $ (BCE 5-9).

2

017, esta actividad extractiva no ha contribuido en

ninguno de dichos años con más del 0.32% del PIB en

lo relacionado a explotación de minerales metálicos,

ni al 0,18% del PIB con la explotación de minerales

no metálicos, ni más del 0,49% con la explotación de

minas y canteras (BCE 2019,14).

En este aspecto, subrayamos que las cifras en dólares

que se proyectan lograr en un futuro por exportacio-

nes no corresponden a ingresos totales para el Estado

ecuatoriano; pues, al igual que en el ámbito de los hi-

drocarburos, una vez realizada la exportación por par-

te de la empresa a cargo, los beneﬁcios estatales que se

obtiene son muy inferiores a la cifra de exportación.

No obstante, y muy a pesar del panorama económico

en la minería, los últimos dos gobiernos ecuatorianos

han actuado convencidos de que deben impulsar el

extractivismo minero y crecer en este ámbito econó-

mico; ya que, con él, proyectan lograr aumentos en los

ingresos económicos, que se presumen estarán nueva-

mente dirigidos a cubrir varios huecos presupuesta-

rios históricos.

Adicionalmente, Ecuador no cuenta con la capacidad

industrial de procesamiento y reﬁnación que las me-

gamineras requieren, de forma que la exportación de

los minerales que se realizará para su reﬁnación no

tendrá el peso de un producto terminado con valor

agregado, sino que corresponderá al bajo precio de

una materia prima. En cuanto al resto de proyectos

mineros de segunda generación o no emblemáticos,

estos no sobrepasan los 4.000.000 $ anuales de in-

versión e, incluso en varios de los casos, no se llega a

sobrepasar los 500.000 $ de inversión anual, con ex-

cepción de los proyectos Cascabel y Llumirahua, que

en 2017 reportaron una inversión por 23.000.000 y

Esta añoranza gubernamental de invertir en minería

para ver réditos económicos en el futuro se vio impul-

sada cuando la inversión extranjera realizada en el año

2

$

018 llegó a 1.401.000.000 $, de los cuales 742.000.000

correspondieron a inversión de extranjeros en ac-

tividades mineras (Tapia 2019). No obstante, tal ci-

fra no representa ingresos de capital en efectivo a la

cuenta estatal, sino que corresponden las inversiones

económicas que las empresas realizan para crear las

circunstancias que permitan el desarrollo de su acti-

vidad extractiva.

9.000.000 $ respectivamente (BCE 10-13).

Este incremento de inversión extranjera se debió, en

especial, a la insistencia del gobierno ecuatoriano

de atraer inversionistas al sector de la minería entre

Además, la volatilidad de los precios en la minería es

tanto o más alta que la observada anteriormente con

el petróleo. Por ej., de agosto del 2008 a diciembre del

2

007 y 2016, que, para conseguirlo, destinó, hasta ese

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2

011, el precio del cobre osciló entre 4 $/libra a inicios

depende en gran medida de la actitud complaciente

que los gobiernos pueden tener para prometer mayo-

res ingresos y ganancias a los inversionistas. Para lo-

grarlo, el Estado, en muchas ocasiones deberá reducir

sus expectativas de ingreso y favorecer, en su lugar,

las expectativas del inversionista, reducir el cobro de

tributos, reducir costos y protecciones laborales o am-

bientales, hacer extensivos subsidios y crear incenti-

vos, entre otros ofrecimientos y compromisos.

de este periodo, cayó a 1.3 $ en enero de 2009 y volvió

a subir a 4 $ al ﬁnal de 2011. De esta forma, si el precio

o las ventas descendieran a niveles de poca o nula ren-

tabilidad, los cierres de explotaciones en dichos perio-

dos no solo afectarían el ingreso económico, sino que

conducirían al despido de los obreros que trabajan en

la minería, tal como ya sucedió en varios países del

mundo en el año 2009. Y, aunque no forman parte de

los cálculos oﬁciales, no se pueden dejar de conside-

rar los costos indirectos que asume el Estado como la

construcción y mantenimiento de infraestructura vial

y energética, ni los subsidios en los costos de agua y

luz que utilizan en grandes cantidades las industrias

tanto mineras como petroleras (Sacher 2012, 94).

Como consecuencia, estas actividades extractivas,

en la mayoría de las ocasiones, resulten más perju-

diciales que beneﬁciosas, desde el punto de vista

económico, tanto para el Estado como para las co-

munidades locales, aunque resultan muy ventajosas

para unos cuantos inversionistas, burócratas, traba-

jadores y profesionales de las áreas de conocimiento

involucradas.

En resumen, se tanto en el ámbito de los hidrocarburos

como en el de la minería, la atracción de inversionistas

INTERVENCIÓN TERRITORIAL DEL EXTRACTIVISMO EN ECUADOR

Antes de 2016, un 3% (790.000 hectáreas) de la

superﬁcie ecuatoriana estaba concesionada para ac-

tividades de exploración y explotación minera. No

obstante, a partir de 2017 es más del 13% (3.693.000

hectáreas) del territorio ecuatoriano el que se ha entre-

gado para exploración y explotación minera. En esta

área de concesiones para actividad minera se incluyen

una gran cantidad de hectáreas que forman parte de

por áreas protegidas y bosques protectores; sin embar-

go, miles de estas hectáreas están concesionadas, tal

como se reporta en el párrafo anterior; para que, en

ellas, se desarrollen actividades mineras que llegan a

cubrir, en muchas ocasiones, el 100% de los diferentes

bosques protectores.

La situación es aún peor en el ámbito de los hidro-

carburos; ya que, como actividad extractiva, posee

muchas más décadas de incidencia a gran escala en

amplias extensiones territoriales del Ecuador. Por ej.,

desde 1983 se han efectuado más de 11 rondas petro-

leras; además, hasta 2010 existían 21 bloques petro-

leros. Sin embargo, luego de esta fecha, el número de

bloques se incrementó a más de 60, especialmente por

el incremento de nuevos bloques petroleros en el su-

roriente del país (El comercio 2011).

3

7 bosques protectores que suman, en total, exten-

siones superiores a las 1.000 hectáreas, tales como:

la Chorrera (2.045 hectáreas), Shulo Chuqui (7.984

hectáreas), Cordillera Kutuku y Shaimi (310.440 hec-

táreas), Molleturo y Mollepungo (126.329 hectáreas),

la cuenca alta del Río Nangaritza (35.881 hectáreas),

Uzchurrumi, La Cadena, Peña Dorada, Brasil (76.466

hectáreas), entre muchas otras hás. concesionadas

dentro de bosques protectores (Vandegrif et al. 2018,

2-3). Entre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas

SNAP y las Áreas de Bosque y Vegetación Protectora

ABVP se alcanza una extensión total de 7.011.691

hectáreas en Ecuador (4.588.812 SNAP y 2.422.879

ABVP) (Vandegrif et al. 2018, 4). En otras palabras,

el 24% de las 28.356.100 hectáreas que conforman el

territorio ecuatoriano está teóricamente conformado

Hasta 1971 se habían entregado miles de hectáreas a

casi 6 empresas petroleras sin ninguna regulación ni

contratos, y, recién a partir de 1972 aparece en escena

una Ley de Hidrocarburos en Ecuador que condujo

a las compañías a devolver el 80% de las concesiones

que les fueron otorgadas y a reducir las extensiones

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de los bloques a un máximo de 200.000 hectáreas. No

obstante, hasta 1996, las rondas petroleras ocuparon

En resumen, la extensión de los bloques petroleros cu-

bre actualmente más del 33% del territorio nacional.

4

.200.000 hectáreas (un 15% del territorio ecuatoriano

actual), de las cuales, 3.600.000 hectáreas correspon-

dían a la región amazónica del Ecuador (Guaranda

Entonces, entre actividades de exploración y explota-

ción minera y petrolera más del 46% de la superﬁcie

ecuatoriana está ocupada por empresas extractivistas

mientras que un porcentaje importante del territorio

restante se encuentra vinculado a las actividades de

monocultivo agrícola y a la crianza de animales de

consumo humano.

2

010).

En la actualidad, el expansionismo de las hectáreas no

se ha reducido y, en los últimos años, los bloques pe-

troleros han llegado a cubrir unas 9.397.300 hectáreas.

IMPACTOS EN LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA

De acuerdo con el Art. 71 de la Constitución ecua-

toriana, la naturaleza posee el estatus y reconocimiento

de un sujeto y, como tal, está respaldada por derechos

que le son propios a su existencia. Este aspecto no de-

bería resultar extraño si tenemos en cuenta que las

empresas han sido también reconocidas por décadas,

según el derecho occidental y occidentalizado, como

personas jurídicas con derechos muy similares al de

las personas humanas.

independiente de los propósitos humanos. Otra forma

de entender estos valores de la naturaleza se reﬁere a

las propiedades o atributos que esta posee; o, también

puede entenderse que la naturaleza posee un valor ob-

jetivo independiente de las evaluaciones o considera-

ciones que puedan hacer terceros sobre ella (Gudynas

2011, 247-8).

Estas apreciaciones respecto de la naturaleza nos per-

miten identiﬁcar no solo posiciones biocéntricas y an-

tropocéntricas en el escenario político, sino también

entender que las interpretaciones que el ser humano

realiza sobre el valor de la naturaleza, y por ende el

reconocimiento de derechos, están atravesadas por

múltiples nociones económicas, culturales, sociológi-

cas, ecológicas y más.

En el mencionado Art. 71 se reconoce que, entre los

derechos de la naturaleza se encuentra el respeto

integral de su existencia y el mantenimiento y rege-

neración de sus ciclos vitales, estructura, funciones

y procesos evolutivos. Los Art. 72 y 73 consagran el

derecho de la naturaleza a la restauración y dispone

al Estado establecer los mecanismos más eﬁcaces para

alcanzar esta restauración, que de ninguna forma es

idéntico a indemnizar a los individuos y colectivos

que dependan de los sistemas naturales afectados;

también se exige al Estado ecuatoriano aplicar medi-

das de precaución y de restricción para las actividades

que puedan conducir a la extinción de especies, la des-

trucción de ecosistemas o la alteración permanente de

los ciclos naturales.

En este contexto se observa, especialmente, que quie-

nes no habitan en las zonas real o potencialmente ex-

ploradas y explotadas por el extractivismo, llámense

gobiernos nacionales o corporaciones, poseen una

predilección y desequilibrio por valorar la naturaleza

desde el aspecto meramente económico y con notorio

afán de centralización de la riqueza.

Por otra parte, incluso dentro de cada una de estas no-

ciones económicas, sociológicas, ecológicas y demás,

se marcan y sostienen enfoques cientíﬁcos amplia-

mente variables que conducen a diferentes apreciacio-

nes; y, así, ponen de maniﬁesto una de las diﬁcultades

para consensuar respecto a la naturaleza como ﬁn,

como medio o como ﬁn y medio.

Eduardo Gudynas, al analizar el texto constitucional

ecuatoriano respecto a los derechos de la naturaleza,

comenta que existen diversas maneras de entender

los valores propios e intrínsecos de la Naturaleza; por

ej., como valor no-instrumental donde el bienestar

y ﬂorecimiento de la vida es un valor en sí mismo e

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En este aspecto varios tratadistas e investigadores con-

sideran que el modelo de la modernización sin freno

que entiende al desarrollo como progreso industrial

y expansión del productivismo está varía en los úl-

timos tiempos, en parte por obra de las importantes

innovaciones generadas por las corrientes indigenis-

tas y ecologistas. Como consecuencia, se inicia un

giro eco-territorial desde el lenguaje de defensa de los

derechos humanos o de los derechos de la naturale-

za, que apunta a democratizar las decisiones, permite

a los pueblos decir “NO” frente a los proyectos que

afectan fuertemente sus condiciones de vida (Svampa

lo largo de millones de hás. de bosques nublados y de

páramos que son los protectores de las cuencas altas y

medias de la mayoría de los ríos del país y que proveen

de agua bebible a millones de habitantes. Además, las

principales áreas de potencial minero están ubicadas

en zonas de gran biodiversidad. Por tal motivo, las

operaciones mineras generan un grave impacto ecoló-

gico que ni la mejor tecnología minera cumplidora de

estándares internacionales puede evitar y ni siquiera

reducir a niveles de bienestar ecosistémico, y mucho

menos de acuerdo a la exigencia de conservación.

2011; 186, 187 y 211).

Un claro ejemplo se encuentra en los efectos de la

minería sobre el agua; pues, para procesar una sola

tonelada [= ton] de cobre, se requieren 60.000 litros

de agua. Esta, tras ser utilizada y mezclada con varios

componentes tóxicos, termina contenida en piscinas

de cientos de hectáreas llamadas relaveras, desde las

cuales, a pesar de las geomembranas que se suelen uti-

lizar, se ﬁltran a las aguas freáticas y contaminan los

suelos; y peor aún es la situación en las zonas donde

las intensas lluvias o movimientos sísmicos son fre-

cuentes. Desastres como estos existen por decenas, e

incluso se han podido observar en países europeos

como Rumania, donde se afectó el Río Danubio, así

como en Kolontal (Hungría) (Zorrilla 2013).

En torno a este giro eco-territorial se destacan al me-

nos tres corrientes de ecologismo. Una es de preserva-

ción o conservación, y se ha esforzado más por crear

y proteger reservas y parques. Otra, que es de tipo

eco-eﬁcientista, está convencida de la tecnología y del

uso eﬁciente de los recursos naturales y ha impulsado

conceptos como modernización ecológica e industrias

limpias, aspecto que se ha convertido muchas veces en

un discurso que justiﬁca las actividades extractivas al-

rededor de la frase “tecnología de punta”. Finalmente,

la corriente de ecología popular llamada también de

justicia ambiental es un movimiento que cuestiona el

modelo de desarrollo industrial, los excesos propios

de la inequidad distributiva, y se replantea las rela-

ciones humanas a nivel local, regional y global con la

naturaleza (Martínez 2004, 23-8). En esta última co-

rriente es donde estaría mayormente presente la lucha

por los derechos de la naturaleza.

En cuanto a los desechos sólidos de la minería del

cobre, se requieren procesar 497 ton, entre mena y

escombros, para obtener una tonelada de cobre.

Además, hay que depositar estos desechos sólidos

fuera del sitio de extracción y, como consecuencia,

ocupar extensas áreas. Por ej., en Chile, país que po-

see en el norte de su territorio alrededor de 10.500.000

hectáreas de desierto, se requieren 64.000 hectáreas

para depositar los desechos sólidos de la mina de co-

bre “La Escondida”.

Ahora bien, más allá de los aportes teóricos que brin-

dan mayor claridad y contenido respecto de los dere-

chos de la naturaleza, las cifras del impacto sobre la

cantidad de hectáreas en áreas protegidas y en zonas

de bosque y vegetación protectora asignadas a explo-

ración y explotación minera y petrolera, así como los

efectos a la naturaleza que generan estas actividades

y que repasaremos a continuación, no dejan duda de

que existe una vulneración permanente de los dere-

chos constitucionales de la naturaleza.

En el Ecuador, los proyectos Mirador y San Carlos

Panantza han estimado procesar, en el inicio de sus

operaciones, respectivamente 30.000 y 90.000 ton dia-

rias tan solo de mena, sin contar con los escombros.

Esta cifra es alarmante; puesto que, por cada 450 ton

de cobre se requiere 600 hectáreas solo destinadas a

ser botadero de escombros, los cuales, frecuentemente

poseen metales pesados como arsénico, antimonio y

plomo, elementos químicos que afectan la salud tanto

Cuando revisamos el ámbito de la minería, se destaca

que la mayor parte de los yacimientos minerales en el

Ecuador se hallan en las estribaciones de los Andes, a

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de los ecosistemas como de los habitantes de la zona

Zorrilla 2013).

más grandes y emblemáticos existentes en el país no

es ni remotamente apetecido o considerado esencial

para el mundo, sino que es una producción marginal,

cuyo precio nadie garantiza. En todo caso, los años de

contaminación, generación de conﬂictos sociales y re-

mediación eﬁcaz no son rentables para el Estado ni

valen toda la pena, dados los problemas que causan.

(

También la fundición termina por contaminar el aire,

especialmente con ácido sulfúrico, el cual mata a la

vida a varios kilómetros alrededor de los centros de

fundición, y causa graves problemas respiratorios y

envenenamiento por plomo y otras sustancias a mi-

les de habitantes que se exponen a estos compuestos.

Estos, por acción del viento, recorren grandes distan-

cias y se mezclan con ríos, lagos y lluvias, de modo que

contaminan tanto la tierra como el agua (Sacher 2012,

En el escenario de los hidrocarburos, las afectacio-

nes a la naturaleza por derrames en el Ecuador son

incalculables y permanentes. Por ejemplo, en 2003 se

reportaron 138 derrames, en 2004 se reportaron 178,

en 2005 169 y, en 2008, 117 derrames. Uno de estos

“accidentes” petroleros se produjo precisamente en el

Cuyabeno, en 2006. En él se perdieron 600 barriles de

petróleo, pero la naturaleza perdió mucho más, pues

sufrieron el impacto al menos 14 ecosistemas en el

área (Guaranda 2009).

9

3) y, así, claramente alteran de forma permanente los

ciclos naturales y afectan a la vida vegetal y animal, e

inclusive la humana que en él habita.

Por otra parte, frecuentemente en las minas de cobre

se encuentran también minerales como el oro y la pla-

ta, los cuáles, para obtener estos metales, son expues-

tos a altas cantidades de cianuro, una de las sustancias

más toxicas para la vida; pues, con tan solo la cantidad

de un grano de lenteja (200 mg) un ser humano adulto

llega a morir (Ramírez 2010).

En 2008, en el sector de El Reventador, a 60 km de

Quito, se produjo la rotura del oleoducto SOTE

(Sistema de Oleoducto Transecuatoriano) así como de

un poliducto de gasolina, los cuales, en total vertie-

ron 4000 barriles que contaminaron, entre otras áreas,

tanto a pantanos como al Río Quijos y consecuente-

mente al Río Coca, cuya agua utiliza una parte de la

población de Orellana. El daño también alcanzó al Río

Napo.

Precisamente, esta presencia de cobre y oro sucede en

el caso del proyecto Mirador, que desde el año 2000 se

ha promocionado en la Bolsa de Valores de Toronto,

con la propaganda de que tiene un potencial de 5 mi-

llones de ton de cobre y 137 ton de oro (Plan V 2018).

Pero estas sustancias, para ser extraídas, requerirían

no de una sino de mucho más de una decena de minas

abiertas a lo largo de muchas hectáreas en la cordillera

y, entre 2009 y 2017, se han construido vías de acceso

a la mina que han causado la deforestación de 1.307

hectáreas de bosque, además de gran cantidad de des-

alojos forzados y contaminación ambiental, a pesar de

tan solo encontrarse en la fase de construcción (Ponce

En resumen, se generó una afectación de más de 500

km, de modo que la población debió consumir agua

del Río Payamino, el cual también registra contamina-

ción por desechos de petróleo. Por último, aunque la

mayoría de estos derrames se producen a consecuen-

cia de situaciones naturales que se añaden a la falta

de mantenimiento, previsión e inversión, las empresas

petroleras, tanto privadas como estatales, hablan per-

manentemente de atentados provocados, para evadir

responsabilidades civiles, ambientales, penales, admi-

nistrativas, etcétera (Guaranda 2009).

2

018).

Y en la ejecución de este proyecto se calcula que se

generarán al menos 325.000.000 ton. de desechos,

que equivalen a 400 años de basura de la ciudad de

Guayaquil. Además, la cantidad total de cobre que se

obtendrá en este proyecto apenas cubre ocho días de

consumo mundial de este elemento (Sacher 2012, 94).

Esta cifra nos permite comprender que el cobre extraí-

do del territorio ecuatoriano de uno de los proyectos

En 2009, al menos 47 comunidades indígenas fue-

ron afectadas por un derrame de 14.000 barriles de

petróleo provenientes de la rotura del Oleoducto de

Crudo Pesado (OCP), que llego a contaminar los ríos

Napo y Coca y, como consecuencia, diferentes áreas

de Napo y Sucumbíos (El universo 2009). En 2013 se

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derramaron 11.400 barriles de crudo provenientes de

la ruptura de un tramo del SOTE por deslizamiento de

tierra. Este derrame contaminó el Río Coca, luego el

Río Napo, después el Amazonas, llegó a cruzar hacia

Perú e, incluso, Brasil declaró alerta por dicho suceso.

Dos meses antes de este derrame, otro, en el que se

perdió una cantidad de 5.000 barriles, había ocurrido

en Esmeraldas por la ruptura del OCP, que contamino

extensas áreas agrícolas y ganaderas (Gil 2013).

y enfermedades como el cáncer, muchas facetas más

de esta industria extractiva agreden a los derechos de

naturaleza y de las personas.

La aplicación de sísmica muy usual para el hallazgo de

petróleo se realiza con explosivos que se detonan en

intervalos regulares y que provoca desestabilización

de los suelos, deforestación, pérdida de biodiversidad,

pérdida de nacimientos de agua y degradación de los

aﬂuentes por turbiedad. El ruido resultante ahuyenta

a los animales silvestres y puede generar una pérdi-

da de especies acuáticas, o contaminación por las ex-

plosiones, entre otros daños. Durante la perforación,

los daños descritos se incrementan, pues causa ma-

yor deforestación, estancamiento de aguas y represas,

contaminación de agua, tanto de superﬁcie como sub-

terránea, con compuestos químicos, especialmente

por ﬁltraciones, y contaminación del aire por quema

de gas, así como del crudo en las piscinas.

En 2014 se produjo un derrame de 2000 barriles de

petróleo, por que resultaron afectadas 150 familias,

a causa de la rotura de un oleoducto secundario en

donde fue difícil ubicar el punto exacto del daño, que

terminó por contaminar el Río Parahuaico, el cual, a

su vez, contaminó al Río Aguarico, aﬂuente que pasa

por el Cuyabeno (Gómez 2014). En ese mismo año en

Esmeraldas, entre 250 y 786 barriles de petróleo fue-

ron derramados sobre el mar, debido a la rotura de

una tubería que contaminó a una distancia entre 3 y 5

millas de las costas ecuatorianas (El comercio 2014).

Durante la explotación de los hidrocarburos, igual que

sucede con la minería, se producen enormes cantida-

des de desechos tóxicos, tanto en los pozos como en

las estaciones de separación, de manera que superan

los millones de galones de caldo tóxico por día. Se

añade la contaminación del aire por la quema de gas y

combustiones incompletas con óxidos de azufre, óxi-

dos de nitrógeno, óxidos de carbono, metano, etano,

propano, butano (Acción Ecológica 2014; 47,48, 55 y

61), entre otros gases peligrosos para la salud vegetal

y animal, donde también incluimos nuevamente a la

del ser humano.

Como se ve, esta afectación a la naturaleza es fre-

cuente, al punto de que varias fuentes estiman que,

en Ecuador, se produce un derrame de petróleo por

semana, sin contar aquellos que muchas veces no se

reportan ni aparecen en la prensa. Tal situación no ha

variado durante la última década, a pesar de los altos

estándares ambientales, la publicitada responsabilidad

ambiental y la ampliamente proclamada tecnología de

punta. Así pues, durante el año 2019 se han registra-

do varios derrames, entre ellos, por lo menos tres en

la parroquia Pacayacu (Gómez 2019), que han conta-

minado el Río Upano, y uno en Yuralpa, cuyos com-

puestos contaminantes han alcanzado al Río Napo

Por último, en el ámbito económico, las actividades

de extractivismo minero y petrolero no son rentables

a largo plazo ni para las ﬁnanzas del Estado ni para las

de las localidades. Además, el costo de la restauración

que forma parte de los derechos de la naturaleza de-

bería estar incluido en el costo de las operaciones de

extracción para garantizar la protección de dichos de-

rechos, los cuales se interconectan con muchos otros

de tipo humano.

(

Pacheco 2019).

Sin embargo, en el ámbito de los hidrocarburos, no

son solo los derrames las fuentes de contaminación y

afectación, tanto a los derechos de la naturaleza como

a los derechos de las personas a un ambiente sano sin

desequilibrios ecológicos. En efecto, a pesar de que las

aguas grises y negras que, como se puede apreciar en

los párrafos anteriores, recorren rápidamente grandes

distancias y dejan -en agua, tierra y aire- componentes

tóxicos como el arsénico, cadmio, cromo, plomo, ben-

ceno, tolueno, entre otros, que generan deformaciones

Incluir los costos ambientales dentro de los costos de

producción convertiría a la actividad extractiva en

económicamente inviable, ya que el costo de la res-

tauración, que ni siquiera puede aspirar a ser integral,

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excedería el monto de la inversión y la ganancia. De

esta manera, las empresas públicas y privadas con

ofertas de tecnología de punta para la exploración y

explotación claramente encarecen las operaciones. En

este contexto, aquellas empresas que garantizan res-

tauración y cumplimiento con los derechos de la natu-

raleza invertirían, ilógicamente, para perder. Y, hasta

aquí, no hemos considerado que, una vez terminadas

las operaciones extractivas, muchas empresas hacen

pocos esfuerzos, además de ineﬁcientes e ineﬁcaces,

en tareas de restauración ambiental, a tal punto que

nada garantiza un monitoreo de las piscinas y botade-

ros de desechos tóxicos, que, entre sus componentes,

presentan elementos que no desaparecen en decenas

ni cientos de años, sino que se eternizan por milenios,

al igual que sus efectos para los ecosistemas y por tan-

to para la humanidad (Sampat 2003, 118).

Así pues, la industria extractivista de hidrocarburos y

minería no es compatible con los derechos de la na-

turaleza. Más aún si agregamos la inmensa cantidad

de espacios y extensiones que requiere ocupar y afec-

tar, tanto desde las exploración y apertura de caminos

como en todas las subsiguientes fases, en un país cuya

Constitución reconoce el derecho de la naturaleza a

mantener sus ciclos vitales y el respeto integral de su

existencia, y donde se dispone aplicar medidas de pre-

caución y restricción para las actividades que puedan

conducir a la extinción de especies, la destrucción de

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos

naturales. En consecuencia, jurídicamente, estas acti-

vidades extractivas deberían estar en proceso de cierre

paulatino pero deﬁnitivo en la gran mayoría de zonas,

con todos los cuidados que se requieren para conse-

guirlo, a nivel ambiental y comunitario.

CONCLUSIONES

1

. El Ecuador dirige sus recursos y esfuerzos a di-

versiﬁcar actividades económicas, sin desarrollar

áreas sustentables. Tampoco impulsa, sino que,

más bien inviabiliza una gestión tanto común

como comunitaria, pública local y privada que

resulte compatible con los derechos de la natura-

leza y ambientales, así como con la libre determi-

nación de los pueblos y los derechos laborales o

asociativos. Solo se limita a insistir, con esmero,

en prolongar, como fuente de ingreso, el extrac-

tivismo tanto de hidrocarburos como de minería

y, en este afán, se encadena a una dependencia de

los inversionistas principalmente externos y a la

lógica con que operan sus intereses.

el discurso pretenda ser soberano, ha asignado

para el extractivismo minero y petrolero el 46%

de su territorio. Así, se ha consolidado como

un Estado frágil frente al juego externo del pre-

cio de los hidrocarburos, que lo coloca en graves

aprietos cuando presenta precios bajos que, in-

dudablemente, impactan al resto de actividades

de producción, por la gran subordinación ante el

extractivismo así como por el recurrente endeu-

damiento logrado justo por la presencia de los in-

gresos extractivos que lo envuelven en una espiral

de sumisión (dependencia).

2. Los esfuerzos gubernamentales por atraer inver-

sión extranjera para actividades extractivas tornan

dudosas sus proyecciones respecto a la cantidad

de materia comercializable que podrá extraerse,

así como sus expectativas de ingreso económico,

que pueden resultar exageradas con el afán de

atraer la atención de los operadores económicos

para que inviertan en exploración, con el riesgo de

encontrar mucho menos de lo esperado.

Este encadenamiento a las áreas extractivas, ne-

cesariamente se realiza con grandes grupos em-

presariales de presencia global e inﬂuencia a nivel

económico y político que tienen la suﬁciente hol-

gura ﬁnanciera como para ofrecer mínimos már-

genes de ganancia para el Estado y, de ser el caso,

para presionar a este por distintos mecanismo,

a ﬁn de proteger sus inversiones y optimizar sus

ganancias frente a un Estado urgido de recursos

por malas administraciones, y que, aunque en

3. La lógica empresarial de maximizar ganancias y

minimizar gastos torna habitual la instalación de

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tecnología que extrae la materia prima pero que

no cuida del ambiente; por estos motivos, la opti-

mización de ganancias a menor inversión se hace

aún más presente cuando la cantidad o calidad del

material esperado no resulta ser el proyectado, o

cuando la cantidad o calidad de la materia prima

posee un bajo precio de comercialización que tor-

na económicamente insostenible a la tecnología

menos ofensiva para la naturaleza. Pero no existe

tecnología que evite los importantes efectos am-

bientales revisados en el presente trabajo; y, ade-

más, en Ecuador, el costo del cuidado ambiental

que las actividades extractivas deben tener es, por

la riqueza ecosistémica, mucho más elevado al de

muchas zonas desérticas en Sudamérica y Oriente

Medio.

no en el fácil y temporal ingreso que, a cambio,

deja extensas zonas empobrecidas, llenas de con-

ﬂictos, inutilizables para el futuro y convertidas en

manantiales de desplazados de complejas necesi-

dades y que únicamente sirvió para enriquecer a

pocos inversionistas, burócratas y profesionales,

así como, ocasionalmente y en casos especiales, a

unos cuantos trabajadores y dirigentes.

5. Además, estas actividades extractivas son tempo-

rales y ofrecen un pequeño ingreso en compara-

ción con otras áreas que las superan en el largo

plazo, y cuyo ingreso paulatino permite una mejor

administración, planiﬁcación horizontal dialógi-

ca, distribución y control.

El extractivismo, no solo deja grandes pasivos am-

bientales sino también sociales. Estos últimos no

han sido asunto de profundización en el presente

artículo, pero sin duda saltan a la vista cuando se

conoce que los ríos, el aire y la tierra en que ha-

bitan miles de pobladores nativos se contaminan

permanentemente con agentes altamente tóxicos

y cancerígenos. También, cuando la apertura de

vías crea asentamientos irregulares de las familias

de los trabajadores del extractivismo y surgen ne-

cesidades que se convierten en focos de conﬂicto

alrededor de una cultura de apropiación de recur-

sos e irrespeto ambiental que da paso a la violencia

entre nativos y migrantes. Así mismo, cuando la

violencia genera un ambiente de inseguridad que

atrae a otros grupos que ven en las zonas de poco

control y mano de obra barata con fuertes nece-

sidades oportunidades de enriquecimiento, entre

muchos otros costos y necesidades sociales que el

extractivismo genera.

4

. Basta con internalizar los costos ambientales para

darnos cuenta de que tanto el extractivismo mi-

nero como petrolero no son actividades rentables

económicamente para el Estado, aunque si para

las empresas privadas que reducen sus costos de

producción y aumentan su rentabilidad a costa de

los derechos de la naturaleza y de las localidades;

es decir, la naturaleza y el empeoramiento de las

condiciones de vida local son los factores que sub-

sidian las ganancias empresariales.

Es más, el dinero que ofrecen entregar unos cuan-

tos operadores económicos extractivistas no com-

pensa el costo de las afectaciones a los derechos de

la naturaleza ni de los derechos ambientales. Así

pues, restan al Estado y a las poblaciones locales

grandes oportunidades de desarrollar en dichas

áreas actividades económicas sustentables y, por

tanto, afectan el ingreso y circulante sostenible de

largo plazo. En este ámbito, sin duda, el facilismo y

la corrupción de muchos funcionarios estatales ha

sido, en gran parte, responsable de impedir la ges-

tión local bajo el discurso del interés nacional con

que se han impuesto, incluso a la fuerza, activida-

des extractivas en las zonas, donde se han expro-

piado o expulsado a sus habitantes. Por tal motivo,

si hablamos económicamente de un verdadero

interés nacional, este se encuentra en las comuni-

dades con actividades económicas sustentables y

6. Las actividades mineras y petroleras, incluidas las

de exploración, no respetan integralmente la exis-

tencia de la naturaleza, ni le permiten mantener y

regenerar sus ciclos vitales, estructura, funciones

y procesos evolutivos propios; y, terminadas las

operaciones, no solo por imposibilidades técnicas

sino por el alto costo económico que representa,

la naturaleza no es restaurada por los agresores de

forma eﬁcaz ni integral.

48

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7

. Es notoria la incompatibilidad de las actividades

mineras y petroleras con los derechos de la na-

turaleza e incluso con otras actividades produc-

tivas sustentables en los territorios en los que se

desarrollan. Frente a dicho panorama, se torna

necesaria la defensa y ejercicio de los principios

de precaución y restricción ante las evidencias

de destrucción de ecosistemas y de alteración

permanente de los ciclos vitales de la naturaleza,

así como recordar al Estado ecuatoriano que el

Art. 313 de la Constitución le exige administrar,

regular, controlar y gestionar sectores estratégi-

cos de modo que no se rebase la sostenibilidad

económica, por respeto a los principios de sos-

tenibilidad ambiental, precaución, prevención y

eﬁciencia.

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Facultad de Derecho

BIBLIOGRAFÍA

Acción Ecológica. 2014. Manual de Monitoreo

Ambiental Comunitario. Quito: Acción Ecológica.

Gudynas, Eduardo. 2011. Los derechos de la na-

turaleza en serio: respuestas y aportes desde la

ecología política. En La Naturaleza con Derechos:

de la Filosofía a la Política, comp. Alberto Acosta y

Esperanza Martínez. Quito: Abya Yala.

Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero.

2

018. Producción Nacional de Petróleo Fiscalizado

2

010–2018. Ecuador: ARCH.

Martínez Alier, Joan. 2004. El ecologismo de los pobres.

Conﬂictos ambientales y lenguajes de valoración.

Barcelona: FLACSO.

Asociación de la Industria Hidrocarburífera . 2012. El

petróleo en cifras. Quito: AIHE.

Banco Central del Ecuador. 2019. Reporte de Minería

MinisteriodeFinanzas. 2018. Proformapresupuestaria

2019.

_

____. 2019. Reporte del Sector Petrolero IV trimes-

tre 2018.

Peñaherrera Hernández, Ángel Marcelo. 2015.

Evolución del precio del petróleo del Ecuador en el

periodo 2007 –2014. Guayaquil: Universidad de

Guayaquil.

_

____. 2019. Reporte de Minería 2019.

____. 2018. Boletín 40.

Ponce, Isabela. 2018. Balance ambiental 2018: Ecuador

entre minería, petróleo y resistencia indígena.

Ecuador: Mongabay. https://es.mongabay.com/

____. 2016. Reporte del Sector Petrolero IV trimes-

tre 2015.

2

018/12/balance-ambiental-2018-ecuador-entre-

_

____. 2013. Reporte del Sector Petrolero IV trimes-

tre 2012.

mineria-petroleo-y-resistencia-indigena/

Ramírez, Augusto. 2010. Toxicidad del cianuro.

Investigación bibliográﬁca de sus efectos en ani-

males y en el hombre. Perú: Anales de la Facultad

de Medicina.

____. 2011. Boletín 33.

Banco Mundial, Ver_Datos PIB Ecuador. https://

datos.bancomundial.org/pais/ecuador

Sacher, William. 2012. Minería metálica a gran esca-

la en Ecuador: las cuentas alegres del gobierno.

Revista La Tendencia, N° 13, abril-mayo 2012:

Guaranda, Wilton. 2010. Apuntes sobre la explotación

petrolera en el Ecuador. Quito: Fundación Regional

de Asesoría en Derechos Humanos INREDH.

https://www.inredh.org/index.php/archivo/

boletines-ambientales/153-apuntes-sobre-la-

explotacion-petrolera-en-el-ecuador

92-97.

Sampat, Payal. 2003. Scrapping Mining Dependence.

Washington: e World Watch Institute

_

____. 2009. Acciones judiciales por derrames

de petróleo contra Petroecuador, Perenco y

Petroproducción. Oil Watch Latinoamérica.

http://www.oilwatchsudamerica.org/petroleo-

en-sudamerica/ecuador/1396-ecuador-acciones-

judiciales-por-derrames-de-petroleo-contra-

petroecuador-perenco-pet-roproduccio.html

Svampa, Maristella. 2011. Modelos de desarrollo,

cuestión ambiental y giro eco-territorial. En La

Naturaleza Colonizada, coord. Alimonda, Héctor,

Buenos Aires: Ediciones Ciccus.

50

CÁLAMO / Revista de Estudios Jurídicos. Quito - Ecuador. Núm. 11 (Julio, 2019): 38-51

Facultad de Derecho

Vandegrif , Roo; omas, Daniel C.; Roy, Bitty A. y

Mireya Levy. 2018. Alcances de las concesiones

mineras recientes en Ecuador. Australia: Rainforest

Information Center, Nimbin, New South Wales.

Zorrilla, Carlos. 2013. La minería de cobre y sus im-

pactos en el Ecuador. https://www.salvalaselva.

org/noticias/5066/la-mineria-de-cobre-y-sus-

impactos-en-el-ecuador

Artículos de periódico

El Comercio. 2011. El mapa petrolero del Ecuador

ahora tiene 60 bloques. El Comercio, 13 de octubre,

Sección negocios. https://www.elcomercio.com/

actualidad/negocios/mapa-petrolero-del-

ecuador-ahora.html

_____. 2014. Derrame de petróleo por rotura de

tubo. El Universo, 3 de julio, Sección noticias.

https://www.eluniverso.com/noticias/2014/07/03/

nota/3181846/derrame-petroleo-rotura-tubo

Diario El Comercio, “Contaminación por derrame de

crudo del bloque Yuralpa, en Napo” (El Comercio,

Ecuador: 2019). https://www.elcomercio.com/

actualidad/contaminacion-derrame-crudo-napo-

petroamazonas.html

El Comercio. 2014. El derrame de petróleo contaminó

a los pescadores de Esmeraldas. El Comercio, 11 de

junio, Sección actualidad. https://www.elcomercio.

com/actualidad/derrame-petroleo-pescadores-

esmeraldas.html

Pacheco, Mayra. 2019. Contaminación por derrame de

crudo del bloque Yuralpa, en Napo. El Comercio, 5

de junio. Sección noticias. https://www.elcomercio.

com/actualidad/contaminacion-derrame-crudo-

napo-petroamazonas.html

El Universo. 2009. Derrame de crudo afectó a 47

comunidades nativas. El Universo, 4 de mar-

zo, Sección noticias. https://www.eluniverso.

com/2009/03/04/1/1447/688C441567D246EBA

9867501080A1F22.html

Plan V. 2018. El impacto ambiental y humano de la

megaminería sale a la luz. Plan V, Sección Sociedad.

https://www.planv.com.ec/historias/sociedad/el-

impacto-ambiental-y-humano-la-mega-mineria-

sale-la-luz

Gil, Imma. 2013. ¿Por qué hay un derrame petrolero

por semana en Ecuador? BBC, 13 de junio, Sección

noticias mundo. https://www.bbc.com/mundo/

noticias/2013/06/130610_ciencia_ecuador_

derrame_rio_limpieza_ig

Tapia, Evelyn. 2019. Minería a gran escala impulsó

inversión extranjera en 2018. El Comercio, 1 de

abril, Sección actualidad. https://www.elcomercio.

com/actualidad/mineria-impulso-inversion-

ecuador-economia.html

Gómez,Víctor.2019.Derramedepetróleoafectaarecin-

to en Lago Agrio. El Universo, 17 de mayo, Sección

noticias.

https://www.eluniverso.com/noticias/

2

019/05/17/nota/7334573/derrame-petroleo-

afecta-recinto-lago-agrio

CÁLAMO / Revista de Estudios Jurídicos. Quito - Ecuador. Núm. 11 (Julio, 2019): 38-51

51