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DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DERECHO PENAL EN EL ECUADOR:

INCOMPATIBILIDAD DE PRINCIPIOS

CONSUMER’S DEFENSE AND CRIMINAL LAW IN ECUADOR:

CONFLICT OF PRINCIPLES

DEFESA DO CONSUMIDOR E DIREITO PENAL NO ECUADOR:

INCOMPATIBILIDADE DE PRINCÍPIOS

Paola Campaña*

Recibido: 25/10/2019

Aprobado: 30/11/2019

Resumen

Las reformas introducidas a la Ley Orgánica de De-

even established the use of fast-track procedures foreseen

for the prosecution of criminal oﬀenses. is creates a

problem regarding adaptation of the principles for defending

consumer’s rights to the principles of Criminal Law and may

have serious consequences for the protective function of the

matter at hand.

fensa del Consumidor, a través de la Ley Orgánica Refor-

matoria al Código Orgánico Integral Penal, han generado

cambios muy importantes para el tratamiento de las in-

fracciones que dicho cuerpo normativo contempla, ya que

han sido incorporadas al ámbito material de la ley penal y

se ha dispuesto su tramitación a través del procedimiento

expedito contemplado para el juzgamiento de las contra-

venciones penales. Esta situación genera un problema de

adaptación de los principios propios de la defensa de los

derechos de los consumidores a los del derecho penal que

puede provocar serias afectaciones a la vocación protectora

de la materia.

Key words: Consumer’s Rights; Principles; Protection;

Criminal Procedure.

Resumo

As reformas introduzidas a Lei Orgânica de Defesa

do Consumidor, através da Lei Orgânica Reformadora ao

Código Orgânico Integral Penal, vêm gerando mudanças

muito importantes no tratamento das infrações que este

corpo normativo contempla, já que, foram incorporadas

no âmbito material da lei penal e se dispõe seu tramite

através do procedimento sumaríssimo, contemplado para

o julgamento das contravenções penais. Isto gera um

problema de adaptação dos princípios próprios da defesa

dos direitos dos consumidores a os de direito penal, que

pode afetar gravemente a vocação protetiva da matéria.

Palabras clave: Derechos del Consumidor; Principios;

Protección; Procedimiento Penal.

Summary

Amendments of the Consumer Protection Act (Ley

Orgánica de Defensa del Consumidor) were approved

through a reform of the Ecuadorian Criminal Code. ey

introduced important changes for the treatment oﬀenses

established in the Consumer Protection Act, having been

incorporated into the material scope of criminal law. It is

Palavras chave: Direitos do consumidor; Princípios;

Proteção; Procedimento penal.

*

Jueza de Garantías Penales de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito. Abogada por la Universidad Católica del Ecuador, Máster

en Ciencia Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO Ecuador, Máster en Estado de Derecho por la Universidad Rey Juan

Carlos España. Correo electrónico: paola.campana.pc@gmail.com

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CÁLAMO / Revista de Estudios Jurídicos. Quito - Ecuador. Núm. 12 (Diciembre, 2019): 76-90

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INTRODUCCIÓN

Los derechos de los consumidores en Ecuador han

recibido protección desde los años 90. En el anterior

cuerpo constitucional de 1998 fueron integrados a

los derechos civiles. Con la adopción de la Constitu-

ción de la República del Ecuador, en el año 2008, este

reconocimiento constitucional se aﬁanzó. En ella se

establece una sección completa (Sección 9ª) para su

tratamiento, dentro del Capítulo III, referente a los

Derechos de las Personas y Grupos de Atención Prio-

ritaria, en la que se recogen los derechos a disfrutar

de bienes y servicios de óptima calidad, a contar con

sistemas de atención y reparación, la responsabilidad

civil y penal por la deﬁciencia en la calidad de produc-

tos y servicios, y la promoción de estos derechos.

norma ha sido reformada por la Ley Orgánica de la

Defensoría del Pueblo (LODP) y la Ley Orgánica

Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal

(LORCOIP), cuerpos normativos que han intro-

ducido modiﬁcaciones de orden procedimental y

conceptual.

La reforma introducida por la LORCOIP incorpora las

infracciones establecidas en la LODC como infraccio-

1

nes penales y establece que estas deberán ser tramita-

das a través del procedimiento expedito contemplado

2

para el juzgamiento de contravenciones penales . Esta

determinación enfrenta a los principios que rigen la

materia penal con aquellos que son especíﬁcos de la

defensa del consumidor. Ambos grupos de principios

no son compartidos por las materias de análisis e in-

clusive se presentan como contradictorios, ya que res-

ponden a ámbitos de protección diferentes, de modo

que se torna difícil su armonización.

Pese a este reconocimiento constitucional, la norma-

tiva secundaria, principalmente la Ley Orgánica de

Defensa del Consumidor (LODC) no sufrió cambios

signiﬁcativos. Actualmente, en menos de un año, la

LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR

La LODC regula las relaciones que se presentan

entre proveedores y consumidores o usuarios. En el

Ecuador ha tenido un tratamiento especial, que no

existe en otras legislaciones, tanto en la región como

fuera de ella. Se ha optado por dos esquemas de

protección: uno a través de organismos de la adminis-

tración pública que ejercen su control y supervisión,

que desemboca en el campo del derecho administrati-

vo; y el otro en sede judicial, en el espacio del derecho

civil. Aunque la mayoría de legislaciones prevén tipos

el esquema básico de los conﬂictos que se generan en

la materia no ha tenido este tratamiento.

En Ecuador, la norma ha sido construida con una

vocación infractora, de manera que su naturaleza

jurídica ha sido muy discutida e indeﬁnida en un

primer momento. Previamente a las reformas, no se

logró consensuar si era civil o penal, ya que tanto los

actos de interposición como la competencia de los

4

jueces correspondían al ámbito penal , conforme lo

3

delictuales en el ámbito de la defensa del consumidor ,

establecía el ahora derogado Art. 84 de la LODC. Sin

1

Art. 17.- Ámbito material de la ley penal.- Se considerarán exclusivamente como infracciones penales las tipiﬁcadas en este Código. Las acciones u omi-

siones punibles, las penas o procedimientos penales previstos en otras normas jurídicas no tendrán validez jurídica alguna, salvo en materia de niñez y

adolescencia, y en materia de usuarios y consumidores.

2

3

4

Art. 641.- Procedimiento expedito.- Las contravenciones penales, de tránsito y contra los derechos de las personas usuarias y consumidoras y otros

agentes del mercado serán susceptibles de procedimiento expedito [...].

Se han recogido tipos penales delictuales, relacionados con defensa de los consumidores en Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Para-

guay y Uruguay.

Art. 84.- Juzgamiento de Infracciones.- Son competentes para conocer y resolver sobre las infracciones a las normas contenidas en la presente Ley, en

primera instancia, el Juez de Contravenciones de la respectiva jurisdicción, y, en caso de apelación, el Juez de lo Penal de la respectiva jurisdicción. El

juzgamiento de las infracciones previstas en esta Ley se iniciará mediante denuncia, acusación particular o excitativa ﬁscal [...].

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embargo, la supletoriedad normativa corresponde al

ámbito civil, según lo dispone el Art. 95, que aún se

mantiene en vigencia.

tramitado a través del procedimiento ordinario civil⁵.

Actualmente, la LORCOIP incorpora las infracciones

a la LODC, dentro del ámbito material de la ley penal,

y dispone que se tramite con el procedimiento expe-

dito, norma que deberá iniciar su aplicación en el mes

de julio del 2020; pero que, por recomendación de la

Corte Nacional, ante la absolución de dudas presenta-

das por los administradores de justicia que conocen la

La doctrina producida al respecto le ha dado distintos

enfoques. En un inicio, se la estudió como un apén-

dice del derecho civil, dentro del ámbito del derecho

privado (Rusconi 2016, 30). Posteriormente se le tomó

como parte del derecho de la competencia y, por tanto,

relacionada con el Derecho Comercial (Farina 2009,

6

materia, ya debería aplicarse .

3).

En este estado de la cuestión, parecería absurdo se-

guir discutiendo en torno a la naturaleza de la mate-

ria, cuando es claro que el espíritu del legislador ha

sido, en este momento, convertir las infracciones a la

LODC en delitos penales y darle un trámite de esa

naturaleza.

Actualmente, la masiﬁcación del consumo y comple-

jidad de los mecanismos comerciales han producido

transformaciones profundas que han llevado a com-

prender el derecho del consumidor como una rama

autónoma e independiente de cualquier otra rama del

derecho.

Sin embargo, pese a esta acción legislativa, la defensa

del consumidor se ha desarrollado y se hallan incor-

porados, en nuestra normativa de la materia, prin-

cipios propios que no guardan armonía con los que

mantiene el derecho penal.

El derecho del consumidor ha nacido en una época

privilegiada, en la cual, el debate en torno a la natu-

raleza, los conceptos, la clasiﬁcación, la ubicación, los

principios y las teorías de las principales institucio-

nes jurídicas, que tanto esfuerzo demandó a nuestros

maestros, se encuentra prácticamente agotado [...] El

derecho del consumidor presenta todos los presupues-

tos de autonomía: la amplitud de la materia, a punto

de merecer un estudio particularizado; la especialidad

de principios, teorías e instrumentos [...] y un méto-

do propio, esto es el empleo de procesos especiales de

interpretación de su formulación y problemática [...]

[...] Los principios del derecho del consumidor,

han adquirido la suﬁciente madurez para conser-

varse como tales, es decir, como valores perennes

en derredor de los cuales se encuentran solucio-

nes a una realidad que por naturaleza es mutable y

compleja [...] (Rusconi 2016, 30).

Tal realidad nos enfrenta al hecho de que el tratamien-

to y tramitación de las infracciones de defensa del

consumidor a través del procedimiento penal expedi-

to va a producir retos interpretativos y de adaptación

de principios que las materias no comparten y que se

evidencian en conﬂicto, ya que responden a sus dife-

rentes ámbitos de protección. Esta nueva situación le-

gal pondrá a prueba la supervivencia de la protección

de los derechos de los consumidores y usuarios.

(

Rusconi 2016, 31).

Con las reformas, la defensa del consumidor pasó de

tener un procedimiento propio en el cual cabía pre-

guntarse cuál era su naturaleza y sus características,

a no tener procedimiento, momento en que, a través

de las reglas de interpretación normativa, y en base

a la supletoriedad civil, se concluyó que debía ser

5

6

Al no existir un procedimiento especial, se debe acudir a la norma supletoria: el Art. 95 de la LODC, que establece que “en lo no contemplado en la nor-

ma se estará a lo previsto en el COGEP. Por lo tanto, son las normas procesales civiles las que deben aplicarse [...]”. El Art. 289 del COGEP establece que

“

se tramitarán por procedimiento ordinario todas aquellas reclamaciones que no tengan previsto un trámite especial, de manera que la sustanciación

debería realizarse a través de un procedimiento ordinario civil [...]” (Campaña 2019, 25).

Se sugiere que, para todos los casos de infracciones a las normas de la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor que se encuentren en conocimiento de

juezas y jueces contravencionales, antes de la promulgación de la Ley Orgánica Reformatoria al COIP, se aplique el procedimiento expedito determinado

en el Art. 641 y que contiene las reglas generales de este tipo de procedimiento, y se tenga en cuenta, además, en lo que corresponda, el contenido del

Art. 5

6

3 del COIP (...) Oﬁcio N.° 1002-P-CNJ-2019 de 20-XII-2019, Remitido por la Corte Nacional de Justicia a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

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PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL VS. PRINCIPIOS DEL DERECHO

DEL CONSUMIDOR

Para comprender los principios que rigen las ma-

desigualdad entre el Estado como titular del ius pu-

niendi, en el que puede emplear todo su aparataje, y el

procesado, contra quien se volcará ese poder punitivo.

Por esta razón se han generado principios que impon-

gan límites al ius puniendi, para que este se pueda ver

legitimado.

terias que son objeto de análisis es necesario establecer

cuáles son sus ámbitos de protección especíﬁcos y las

diferencias relacionales y de equiparación de fuer-

zas que presentan, ya que es de allí donde nacen los

principios que las rigen. En el caso del derecho penal,

se protege al procesado, en función de considerar-

lo la parte vulnerable de la ecuación jurídica; y, en el

caso de la defensa del consumidor, a éste, en función

de la subordinación que presentan las relaciones de

consumo.

Al decidir la cuestión de la función que corresponde

al Derecho penal en un Estado Social y democrático

de Derecho como el que acoge nuestra Constitución,

se señaló que este modelo de estado impone una fun-

ción de prevención limitada. Fuera de determinados

límites, la prevención penal perderá su legitimación

en aquel contexto político. En el presente estudio im-

porta examinar en detalle los límites mencionados. Al

hacerlo será útil contemplar el Derecho penal en su

sentido subjetivo de facultad punitiva que correspon-

de al Estado, es decir, como ius puniendi.

¿

Qué es el derecho penal y cuál es su ámbito de protec-

ción? Esta es una pregunta a la que ya se ha dado res-

puesta, y que no es objeto del presente estudio, porque

no revestiría ningún tipo de novedad. Este ámbito del

derecho ha sido dividido por la doctrina en derecho

penal objetivo y subjetivo. Tal precisión ayuda a ubi-

car al lector en el espectro protector del cual nacen los

principios. Si tomamos una deﬁnición ﬁlosóﬁca mo-

derna se podría deﬁnir al derecho penal objetivo como

[...] El principio de Estado de Derecho impone el

postulado de un sometimiento de la potestad pu-

nitiva al Derecho [...] Ello implica ya varios límites

que giran en torno a la exigencia de la necesidad

social de la intervención penal [...] y obliga en lo

posible a poner el derecho penal al servicio del

ciudadano [...] (Mir Puig 2014, 104).

“

aquella parte del ordenamiento jurídico que determi-

na las características de la acción delictiva y le impone

penas o medidas de seguridad” (Welzel 1976, 11).

A su vez, el derecho penal subjetivo o ius puniendi es

deﬁnido como “la potestad del Estado por virtud del

cual se puede declarar punibles determinados hechos

a los que se impone una pena o medida de seguridad”

Estas concepciones de limitar el poder del Estado han

generado principios generales como el de mínima

7

8

(

Bustos 2003, 200). Aunque las deﬁniciones plantea-

intervención penal y dignidad humana recogidos

en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), y los

principios procesales en el Art. 5 del mismo cuerpo

normativo, a los que nos referiremos más adelante al

confrontarlos con los principios de la defensa del con-

sumidor, los cuales se aplican en procesos de acción

pública, privada y contravencionales.

das pueden ser controversiales o parecer muy simila-

res, en esencia no lo son. En este estudio, el foco del

interés está en comprender el carácter del derecho pe-

nal objetivo, el cual se concentra en sistematizar las

normas jurídico-penales y del derecho penal subjeti-

vo, cuya preocupación gira en torno a la potestad pu-

nitiva del Estado.

Ahora bien, ¿qué es el derecho del consumidor y cuál

es su ámbito de protección? El derecho de los consu-

midores y usuarios está constituido por el conjunto de

Con estos elementos, se comprende que las relaciones

que plantea el derecho penal están marcadas por la

7

8

Art. 3 del COIP.

Art. 4 del COIP.

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normas destinadas a la protección del consumidor o

usuario en el mercado de bienes y servicios (Falcón

las relaciones entre consumidores y proveedores, en

la medida en que dan a la norma el carácter de or-

gánica, de orden público e interés social, imponen la

obligación de realizar una interpretación a favor del

consumidor y, así, procuran la equidad, seguridad y

protección de sus derechos. Desde esta comprensión,

las materias objeto de análisis tienen un enfoque dife-

rente, que produce la contraposición en los principios

que las rigen.

2014, 16).

Las posiciones clásicas parten de la base de entender

que las relaciones jurídicas se dan en pie de igual-

dad entre los sujetos que la componen. Frente a ellas

se opone el contexto de la “sociedad de consumo” y

las “fallas” del mercado, en el que se observa un des-

equilibrio de fuerzas o falta de “igualdad de armas”

entre consumidores y proveedores. Dicha desigual-

dad o desequilibrio obedece a la vulnerabilidad es-

tructural en que se encuentran los consumidores en

los contextos referidos, que provoca que las relacio-

nes de consumo sean esencialmente asimétricas, en

Al analizar los principios contenidos en el Art. 5 del

COIP y confrontarlos con los elementos propios de la

defensa del consumidor, podemos identiﬁcar que hay

principios que constituyen derechos reconocidos por

la Constitución de la República del Ecuador, como

normas relativas al debido proceso, garantías proce-

sales o derechos de libertad; y que, por tal motivo, son

compartidos por las dos materias. Entre ellos desta-

camos los principios de igualdad, impugnación pro-

cesal, prohibición de doble juzgamiento, publicidad,

11

motivación, contradicción e imparcialidad , y los de-

12 13

rechos a la intimidad y no auto incriminación .

“

subordinación”, “debilidad o vulnerabilidad estruc-

tural”, “debilidad negocial” o “inferioridad maniﬁesta”,

y sean, por consiguiente, merecedoras de tutela legal

[...] (Barocelli 2018, 11).

Es decir que la construcción de esta materia, al igual

que la del derecho penal, parte de una concepción de

desigualdad que hay que equiparar. En función de

esta equiparación, se han concebido principios espe-

cíﬁcos como el de protección al consumidor, in dubio

pro consumidor, realidad, carga dinámica de la prue-

ba, irrenunciabilidad de derechos, equidad, susten-

tabilidad, responsabilidad del consumidor, libertad y

También se presentan como compartidos los princi-

pios relativos a la oralidad de los procesos, ya que la

LODC, en el procedimiento especial que contempla-

ba, también optó por esta forma de tramitación en una

audiencia oral única, y, como consecuencia, la inme-

diación y concentración, que obligan a la presencia del

juez en la evaluación de la prueba y en los actos proce-

sales, así como la concentración de la mayoría de actos

en audiencia. Esta tesitura legal implica, a la vez, que

el juzgador sea quien dirija el proceso. Tales principios

no se contrapondrían con ninguno de los mantenidos

por la defensa del consumidor. Y también comparten

el principio de respeto a la dignidad, que debe ex-

tenderse a la protección de la dignidad de la persona

humana y a todos los participantes de la contienda ju-

dicial; en este caso, el procesado y los consumidores.

9

autodeterminación . Estos no pueden mantenerse en

consonancia con los del derecho penal, ya que el ám-

bito de equiparación no se dirige al procesado –que lo

constituyen los proveedores de servicios– sino al con-

sumidor, que es la parte débil dentro de la relación,

debido al contexto de la relación de consumo y los

desequilibrios que presenta el mercado, que constitu-

ye un espacio imperfecto.

1

0

La LODC, en el Art. 1 establece su ámbito y objeto

de aplicación, que se encuentran enfocados a regular

9

1

Consagrados en los Arts. 1 y 4 de la LODC, excepto por el principio de carga dinámica de la prueba que es de desarrollo doctrinario y jurisprudencial

en otras legislaciones.

0

Art. 1.- Ámbito y Objeto. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y de interés social, sus normas por tratarse de una Ley de carácter

orgánico, prevalecerán sobre las disposiciones contenidas en leyes ordinarias. En caso de duda en la interpretación de esta Ley, se la aplicará en el sen-

tido más favorable al consumidor.

El objeto de esta Ley es normar las relaciones entre proveedores y consumidores promoviendo el conocimiento y protegiendo los derechos de los con-

sumidores y procurando la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre las partes.

1

2

3

Todos ellos previstos como garantías del debido proceso en el Art. 76 de la CRE.

CRE Art. 66.- [...] 20. El derecho a la intimidad personal y familiar.

CRE Art. 77.- [...] 7.- [...] c) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal.

80

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1

. Principios del derecho penal y defensa del

consumidor que no presentan

contraposiciones

no con referencia a ﬁguras subjetivas de status o

de autor, sino solo a ﬁguras de comportamiento

empíricas y objetivas, según la otra máxima clási-

ca nulla poena sine crimen et sine culpa (Ferrajoli

2014, 34).

Luego de realizar el análisis precedente, vamos a iden-

tiﬁcar aquellos principios que integran el derecho pe-

nal y la defensa del consumidor; los cuales, pese a no

ser compartidos, no se encuentran en contraposición,

de modo que son susceptibles de adaptación en el juz-

gamiento de este tipo de infracciones.

El principio analizado, genera una reserva de ley y

sometimiento a esta por parte del juez, quien debe

ceñirse al contenido de la infracción punible. En

este ejercicio, se considera que, al ser la LODC una

norma de naturaleza infractora que ha determi-

nado sanciones para conductas especíﬁcas, debe

respetarse el principio de legalidad, de manera que

solo puede imponerse una sanción para aquellas

conductas ya deﬁnidas en la norma, razón por la

cual no habría contradicción con los principios

del derecho de defensa del consumidor, aunque el

principio de legalidad no sea uno de ellos.

Hemos incorporado este análisis y el precedente; por-

que, para este estudio, es importante que el lector tenga

una compresión clara de cuáles son los principios que

regulan las materias, aunque estos no se contrapon-

gan. Dentro de los principios indicados se encuentran:

a) Principio de legalidad

Este principio está contemplado en nuestra legis-

b) Principio de privacidad y conﬁdencialidad

1

4

lación en el Art. 76 numeral 3 de la Constitución

de la República del Ecuador (CRE) y el Art. 5 nu-

Este principio de derecho penal está dirigido es-

trictamente a la protección de víctimas de delitos

contra la integridad sexual y a los niños, niñas o

adolescentes que participen en procesos penales,

e impone la prohibición de divulgar su identidad.

Otras materias también protegen los datos de ni-

ños, niñas y adolescentes, de forma que no ha-

bría conﬂicto con los principios de la defensa del

consumidor.

15

meral 1 del COIP. El principio en general apli-

ca la máxima “nulla poena et nullum crimen sine

lege”. Es decir que nadie puede ser juzgado por

una conducta que al momento de cometerse no

se encuentre establecida por la ley penal como in-

fracción y para la cual se haya previsto una pena.

El primero de estos elementos es el convencio-

nalismo penal, tal y como resulta del principio de

estricta legalidad en la determinación abstracta

de lo que es punible. Este principio exige dos con-

diciones: el carácter formal o legal del criterio de

deﬁnición de la desviación y el carácter empírico

o fáctico de las hipótesis de desviación legalmente

deﬁnidas. La desviación punible [...] Es más bien la

formalmente indicada por la ley como presupues-

to necesario de la aplicación de una pena, según

la clásica fórmula nulla poena et nullum crimen

sine lege. Por otra parte, la segunda condición, la

deﬁnición legal de la desviación se debe producir

Las personas anteriormente enunciadas pertene-

cen a grupos de atención prioritaria, reconocidos

de esta manera por el Estado, de manera que el

deber de protección de sus derechos es transversal

a todas las materias. Si bien, para efectos prácticos,

su posibilidad de aplicación en procesos de defen-

sa del consumidor sería limitada, no es menos

cierto que no se identiﬁca que riña con sus prin-

cipios propios. Adicionalmente, la LODC también

toma en cuenta la condición de vulnerabilidad en

razón de la edad.

1

4

5

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipiﬁcado en la ley como infracción penal,

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un

juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento.

1. Legalidad: no hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley anterior al hecho. Este principio rige incluso cuando la ley penal se remita a otras

normas o disposiciones legales para integrarla.

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1

7

18

c) Principio de sustentabilidad

de vida útil o desechabilidad , que impiden un

consumo restringido, con consecuencias nocivas

para el planeta. Dicho consumo restringido está

dirigido a reducir estas prácticas comerciales y a

imponer una obligación, también al consumidor,

de realizar un consumo responsable.

Este es un principio de la defensa del consumidor

que exige el reconocimiento de acceso al consu-

mo (CRE, art.52) y la obligación de propender a

un consumo sustentable (CRE, art.86), se orien-

ta a proteger a los consumidores de las falencias

del mercado y les impone la obligación de que sus

actividades de consumo propendan a la conser-

vación de los recursos naturales, el ambiente y las

relaciones de la sociedad (LODC, art.3 y 5).

El consumo sustentable se vincula con el ciclo de

vida de los productos, el aumento en la genera-

ción de residuos y su necesario reúso y reciclado,

la obsolescencia programada, los patrones de pro-

ducción existentes entre otras cuestiones [...] el

consumo sustentable signiﬁca que las necesidades

de bienes y servicios de las generaciones presentes

y futuras se satisfacen de una manera económica,

social y ambientalmente sostenible [...] se trata de

adoptar el consumo de productos que no dañen

la naturaleza, que promuevan la reducción del

uso de químicos peligrosos, la sustentabilidad y la

distribución equitativa de los recursos naturales

(Castagnola 2018, 302).

El derecho del consumidor es un vehículo social

de la protección de los Derechos Humanos (en-

tendidos por tales los derechos que son inherentes

a la persona por el hecho de ser humanos, con el

objeto de que vivan en condiciones dignas). Ello

derivado de la noción humanista que recae sobre

el consumidor, teniendo como objeto principal

el proteger sus derechos consagrados por el ple-

xo normativo, relacionado principalmente con el

derecho a la alimentación, a la salud, a la vida, al

acceso a la justicia, a la dignidad de la persona,

a la libertad de elección entre los principales [...]

Para que se hagan efectivos sus derechos, es nece-

sario que las autoridades estatales mantengan una

infraestructura adecuada que permita proteger a

los consumidores de forma tal que satisfagan sus

necesidades humanas básicas (Schlotthauer 2018,

Como se observa, es un principio especíﬁco de

la defensa del consumidor; pero que no presenta

oposición con los principios del derecho penal,

tiene reconocimiento constitucional y, por lo tan-

to, debería ser recogido.

d) Principio de buena fe

1

22).

1

9

En el ámbito de los derechos del consumidor , el

principio de buena fe, se reﬁere a mantener la bue-

na fe en las relaciones contractuales y comerciales,

con exclusión de prácticas abusivas o discrimina-

torias. Es un principio general de las obligaciones

y relaciones contractuales, pero que no es incom-

patible con los principios del derecho penal.

Efectivamente, en Ecuador, el acceso al consumo

ha sido contemplado dentro del catálogo de dere-

chos reconocidos en la CRE, que constituye un me-

canismo para garantizar otros derechos, conforme

la cita que hemos introducido, ya que se encuen-

tran sujetos a relaciones de consumo. Ahora bien,

este consumo debe ser responsable. En esta era

post industrial, se han desarrollado nuevos proce-

sos productivos que incorporan principios como

El concepto de buena fe, etimológicamente pro-

viene del latín bona ﬁdes, siendo un principio ge-

neral del derecho, también llamado principio de

1

6

el de obsolescencia programada y el de tiempo

1

6

Consiste en que un bien está predestinado a tornarse obsoleto luego de cierto tiempo. Por ej., en artículos tecnológicos, los nuevos modelos salen al

mercado de manera semestral y superan de forma deﬁnitiva en sus características al anterior, de modo que lo dejan obsoleto en un periodo muy redu-

cido de tiempo.

1

7

8

Las cosas se encuentran diseñadas para funcionar por un periodo especíﬁco de tiempo.

Bienes que no están diseñados necesariamente para ser desechados en el primer uso; pero que, por sus deﬁciencias de calidad, no tienen una durabili-

dad prolongada.

1

9

Recogido por nuestra legislación en el Art. 4 de la LODC.

82

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probidad, el cual exige una conducta recta u ho-

nesta en relación con las partes interesadas en una

determinada relación jurídica [...] la aplicación de

la buena fe signiﬁca que cada uno debe guardar

ﬁdelidad a la palabra empeñada y no defraudar

la conﬁanza o abusar de ella [...] En materia de

consumo, la buena fe, objetivamente se vincula a

la lealtad y corrección debidos y esperados entre

proveedor y consumidor, durante todo el iter de la

relación de consumo, desde su etapa formativa, en

su ejecución y hasta que ella se agote en la extin-

ción de los plazos máximos de garantía (Carranza

y Rossi 2009, 131-2).

f) Principio de responsabilidad del consumidor

Atendiendo a que los principios en defensa y pro-

tección del consumidor tienen la misión de orde-

nar y orientar, de modo general, las conductas de

los consumidores y de los proveedores, previnien-

do conﬂictos e iluminando la exigibilidad de los

derechos del consumidor y de los deberes que co-

rresponden a todo proveedor que le ofrece bienes

y servicios, se establece la exigencia de diligencia

en los consumidores como un principio [...] De

conformidad con este principio, debe entenderse,

por ejemplo, que un consumidor promedio que

alegara haber sufrido una intoxicación derivada

de ingerir un producto que contenía determina-

do ingrediente respecto del cual es alérgico -pese

a que no leyó la información del envase que ex-

presamente indicaba la existencia y proporción

del ingrediente en el producto correspondiente

mal podría reclamar que el proveedor no puso a

su disposición toda la información necesaria para

que llevara a cabo una decisión adecuadamente

informada en salvaguarda de su salud (orne

2010, 61).

e) Principio de libertad y autodeterminación del

consumidor

“

[...] el principio de libre ejercicio de facul-

tades del usuario implica que el consumidor

cuenta con la autoridad de elegir, decidir y

ejercer el derecho que dentro del régimen de

protección al consumidor satisfaga sus nece-

sidades sociales, económicas y jurídicas. Pero,

correlativamente, las demás personas, públi-

cas y/o privadas, tienen la obligación de per-

mitir la efectividad de esa potestad en cabeza

del usuario” (Pico-Zuñiga 2017, 304-5).

Como vemos, y así se encuentra recogido en

nuestro ordenamiento jurídico (LODC, art.5), el

consumidor también tiene responsabilidades que

se concentran en ejercer un consumo racional y

responsable, no afectar el ambiente, evitar riesgos

para su salud y vida, así como la de los demás, e

informarse responsablemente de las condiciones

de uso de los bienes y servicios a consumirse.

Este principio, también propio de las relaciones

de defensa del consumidor, está determinado por

la libertad de elección de los bienes a consumirse

y va íntimamente ligado al derecho de recibir in-

formación, para realizar una elección consciente

e informada. Es un principio que no tiene contra-

posición con aquellos promulgados en el derecho

penal, pero es propio de la materia (LODC, Arts.

Nuevamente, este es un principio que correspon-

de al ámbito propio del derecho del consumidor y

que tiene incidencia en el análisis de las reclama-

ciones, pero que no presenta contradicciones con

los principios del derecho penal.

4

y 89).

El ejercicio libre de sus derechos también forma

parte del principio y, dentro de estos, la tutela

judicial efectiva, de suerte que sí es necesaria la

comprensión real de los parámetros que regu-

lan y rigen la materia de la defensa de los con-

sumidores, a ﬁn de que las reclamaciones no se

queden en el plano del acceso formal a la admi-

nistración de justicia, sino que accedan a la jus-

ticia material.

2. Principios de derecho penal y defensa

del consumidor que se identiﬁcan como

contrapuestos

A continuación, desarrollaremos un análisis de los

principios que son contrapuestos en las materias. El

presente documento no pretende agotar la discusión,

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Facultad de Derecho

sino iniciar un debate; ya que, sobre defensa del consu-

midor en el país, poco o nada se discute. Actualmente,

con las reformas legislativas, la materia se ve obliga-

da a relacionarse con el derecho penal a través de su

mecanismo de sustanciación, que es el procedimiento

expedito.

a) Principio de favorabilidad vs. principio

de protección al consumidor

El principio de favorabilidad en materia penal se

encuentra consagrado en la CRE en el Art. 76 nu-

2

1

meral 5 y en el numeral 2 del Art. 5 del COIP, que

establece que, en caso de conﬂicto entre dos nor-

mas de la misma materia, debe aplicarse la menos

rigurosa a favor del procesado. Esta es una norma

que va enfocada a la aplicación de la ley penal pos-

terior, en el sentido más favorable para el procesa-

do, aunque ya exista una sentencia ejecutoriada.

Si bien este procedimiento es especial dentro de la tra-

mitación penal y hay algunos principios del derecho

penal que, dada su especial naturaleza, podrían consi-

derarse de exclusiva aplicación en acciones penales de

ejercicio público, es necesario discutirlos, para iden-

tiﬁcar las diferencias conceptuales que presentan las

materias y dejarlas evidenciadas.

“[...] hay una excepción a la irretroactividad

de la ley penal: Cuando esta es más favorable

al reo [...] En cuanto al fundamento de esta

disposición, cabe tomar en cuenta lo que ya

hemos venido señalando reiteradamente en

relación con el principio de legalidad y su exi-

gencia de lex praevia, en el sentido de que se

trata de impedir la arbitrariedad del Estado,

su intervención abusiva sobre los derechos y

libertades del sujeto. Por deﬁnición como se

comprenderá, la Ley más favorable es todo lo

contrario a un abuso, pues tiende a convertir

en más benigna la intervención [...]” (Bustos

2003, 544).

Por la naturaleza particular del procedimiento expe-

dito y las acciones de defensa del consumidor, no se

puede contar con jurisprudencia, ni siquiera de or-

den indicativo, que pueda guiar el quehacer judicial.

Recordemos que este tipo de procesos no es suscep-

tible de recurso extraordinario de casación en el caso

de las contravenciones (y su procedimiento expedito)

por haberlo determinado así la Corte Nacional de

Justicia en la Resolución 03-2015.

Para los procesos de defensa del consumidor, la op-

ción tampoco estuvo presente, pues el trámite conte-

nido en los Arts. 84 (actualmente derogado) y 86 de

la LODC, estableció la competencia para conocer las

apelaciones de estos procesos a un juez de primer ni-

vel. Por tal motivo, en el país no se ha podido generar

jurisprudencia.

Como se puede identiﬁcar, este un rasgo propio

del derecho penal que ha elevado a la categoría

de principio una excepcionalidad, ya que el linea-

miento general es que la ley no es retroactiva y

debe regir para el futuro. Se evidencia en contra-

posición con el derecho del consumidor, ya que

el afán protector del principio está encaminado

hacia el proveedor, que mantendría la calidad de

procesado.

Si bien en materia penal existen decisiones de altas

cortes que desarrollan los principios analizados, estos

pronunciamientos se han creado en torno a procesos

penales de acción pública, que no responden a la natu-

raleza de los procedimientos expeditos contravencio-

nales y, en defensa del consumidor, prácticamente no

La LODC, en el artículo 1 obliga a adoptar una

interpretación pro-consumidor, en las relaciones

2

0

existen pronunciamientos de altas cortes .

2

0

Excepto por los fallos emitidos en Corte Constitucional, como por ej. la sentencia N.° 152-15-SEP-CC dentro del caso N.° 0709-14-SEP, que establece

que las instituciones del estado no pueden ser consideradas consumidores, la sentencia 055-14-SEP-CC dentro del caso N.° 1794-11-EP, que determina

que no corresponden al ámbito de protección de la defensa del consumidor los contratos de inmuebles celebrados con las solemnidades establecidas en

la ley. También la sentencia N.° 052-14-SEP-CC dentro del caso N.° 1155-11-EP, el cual establece que no hay vulneración de derechos si el juez de oﬁcio

declara la prescripción de una acción de defensa del consumidor en el plazo de un año. Dichos fallos no desarrollan temas que sean objeto de análisis

en el presente estudio.

5. En caso de conﬂicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa,

aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más

favorable a la persona infractora.

2

1

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Facultad de Derecho

de consumo. En este principio general descansa el

carácter protector de la materia, que se encuentra

en completa contraposición con el principio de

favorabilidad que protege al imputado. Y, aunque

la LODC no contemple referencias en cuanto a

la aplicación de irretroactividad normativa, sí se

mantiene una pugna en cuanto al sujeto procesal,

a favor de quien debe interpretarse la norma.

relación es el consumidor. Por tal causa, la norma

ha previsto una interpretación a su favor en caso

de duda sobre el alcance de las normas.

“El punto de vista axiológico del derecho del

consumidor [...] es el reconocimiento de la

debilidad estructural del consumidor en el

mercado de consumo. La existencia de una

norma que brinde protección especíﬁca a los

sujetos que actúan en su rol de consumidores,

lógicamente implica el reconocimiento de la

existencia de un sector social necesitado de

tutela diferenciada [...]. Correlato de esta si-

tuación de desigualdad estructural es el naci-

miento del principio interpretativo que indica

que, ante las diferentes situaciones en las que

surjan conﬂictos de intereses, deberá optarse

por la solución más favorable o menos gravo-

sa, según sea el caso, a los derechos e intereses

del sujeto necesitado de protección (el consu-

midor)” (Rusconi 2016, 137-8).

b) Duda a favor del reo vs. in dubio pro

consumidor

El principio de duda a favor ha sido conﬁgura-

do en las dos materias de análisis. En materia pe-

nal como duda a favor del reo, consagrada en la

2

COIP en el Art. 5 numeral 3 y el principio de

in dubio pro consumidor, establecido en el Art.

1

de la LODC. Estos principios son de concep-

ción diferente, ya que los dos exigen que, en caso

de duda, la norma sea interpretada a favor de la

contraparte:

“

El principio jurisprudencial in dubio pro

Estos principios, aunque tienen una génesis y con-

cepción diferente, nos enfrentan a la máxima que

ha sido adoptada como principio universal favor

debilis, o protección al sujeto débil, que, con la in-

terpretación de la ley, tiende a favorecer a la parte

que está en desventaja. Como podemos notar, los

principios son completamente contrapuestos: no

tienen posibilidad de adecuarse el uno al otro y los

administradores de justicia deberán decidir cuál

aplicar.

reo pretende al momento de la valoración de

la prueba. Es decir, si no hay prueba de car-

go razonable, suﬁcientemente desarrollada y

practicada de manera correcta no puede ha-

ber condena, porque no se ha destruido la pre-

sunción de inocencia [...] existiendo una duda

razonable, procede la absolución en virtud del

principio en in dubio pro reo [...]” (Vaca 2014,

4

7).

En el proceso contravencional de defensa del con-

sumidor nos encontraremos en la circunstancia de

que el procesado –el reo– es el proveedor, y quien

denuncia es el consumidor. En materia penal, los

principios van enfocados a la protección del pro-

cesado bajo la concepción de que este se halla en

subordinación respecto del Estado, como titular

del ius puniendi. En cambio, en el caso especíﬁco

de las relaciones de consumo, la parte débil de la

c) Prohibición de empeorar la situación

del procesado vs. principio de protección

al consumidor

El principio de reformatio in peius también es pro-

pio del derecho penal, y establece la imposibilidad

de reformar la decisión judicial –en caso de inter-

posición de recursos– en perjuicio del procesa-

2

3

do. En el país ha sido recogido y determina esta

2

3

Duda a favor del reo: el juzgador, para dictar sentencia condenatoria, debe tener el convencimiento de la culpabilidad penal de la persona procesada,

más allá de toda duda razonable.

COIP Art 5.- [...] 7. Prohibición de empeorar la situación del procesado: al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación

de la persona procesada cuando esta es la única recurrente.

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obligación solo en el caso de que el procesado sea

el único recurrente.

realmente ocurre, sobre lo establecido en do-

cumentos o que ha sido asentado de alguna

manera [...]. De esta manera hace aﬂorar la

relación de consumo o relación fundamental

que le subyace y fundamenta, sin perjuicio del

dispositivo jurídico enmarcado por los pro-

veedores” (Barocelli 2015, 7).

La reformatio in peius vive en el ámbito de los re-

cursos contra las decisiones jurisdiccionales, y bá-

sicamente signiﬁca prohibir al tribunal que revisa

la decisión, por la interposición de un recurso,

la modiﬁcación de la resolución en perjuicio del

imputado, cuando ella solo fue recurrida por él o

por otra persona, autorizada por la ley, en su favor

e) Principios de inocencia y objetividad vs. carga

dinámica de la prueba

(

Maier 2004).

2

4

El principio de inocencia , contemplado en nues-

tra carta fundamental como una de las garantías

del debido proceso, también es general y transver-

sal a todas las materias, y pilar fundamental del

derecho penal. El reo ingresa al procesamiento

con la fuerza de la presunción de inocencia a su

favor; y, de este principio, se desprenden las ac-

tuaciones procesal-funcionales en torno a la acti-

vidad probatoria.

Si analizamos este principio a la luz del derecho

del consumidor, podemos identiﬁcar que la nor-

ma iría en perjuicio de este, ya que el procesado

lo constituyen los proveedores en este tipo de re-

clamaciones. Esta garantía solo juega en favor del

imputado y, por tal motivo, perjudica al consumi-

dor, si este no recurre el fallo; y, así, hace imposible

que se proteja al consumidor como parte débil de

la relación jurídica.

La ley fundamental impide que se trate como si

fuera culpable a la persona a quien se le atribu-

ye un hecho punible, cualquiera que sea el grado

de verosimilitud de la imputación, mientras el

Estado, por intermedio de los órganos judiciales

establecidos para exteriorizar su voluntad en esta

materia, no pronuncie la sentencia penal ﬁrme

que declare su culpabilidad y la someta a una pena

(Maier 2004).

d) Impulso procesal vs. principio de realidad

Este principio, contenido en el Art. 5 numeral 15

del COIP, establece que el impulso procesal co-

rresponde a las partes, conforme el sistema dispo-

sitivo. Como consecuencia, en un proceso penal,

el juzgador carece de iniciativa procesal y más aún

de iniciativa probatoria, a diferencia de las ramas

no penales, en donde los jueces pueden ordenar la

práctica de pruebas para resolver mejor.

Esta aseveración tiene completa incidencia en el

onus probandi, es decir, la carga de la prueba. Si

el imputado ingresa al proceso como inocente no

puede corresponderle probar que no lo es, ni que

es culpable.

En cambio, dentro de la defensa del consumidor,

el principio de realidad obliga al juez a buscar la

verdad y a apartarse del principio dispositivo para

llegar a ella, a través del reconocimiento de los da-

tos fácticos por sobre los documentales, de modo

que entran en conﬂicto los principios enunciados.

Por tal motivo, la carga de la prueba le correspon-

de a quien realiza la imputación. Este principio se

aplica en el ejercicio de acciones tanto públicas

como privadas, o para las contravenciones, que

también se rigen por los principios generales de

la materia.

“

El principio de realidad, que tiene su origen

en el Derecho del Trabajo, hace prevalecer, en

caso discordancia, lo fáctico, es decir, lo que

2

4

Art. 76.- [...] 2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución ﬁrme

o sentencia ejecutoriada.

86

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“

[...] el imputado no tiene necesidad de cons-

a favor de quien está en una posición de desventa-

ja respecto de su obtención.

truir su inocencia, ya construida de antema-

no por la presunción que lo ampara, sino que,

antes bien, quien lo condena debe destruir

completamente esa posición, arribando a la

certeza sobre la comisión de un hecho puni-

ble” (Maier 2004, 507).

“(…) la llamada teoría de las cargas probato-

rias dinámicas a favor del consumidor, parte

de la base de que es el proveedor quien está

en mejores condiciones de aportar elemen-

tos probatorios y que, por el denominado

“deber de buena fe procesal”, debe colaborar

para lograr la “verdad material” (el esclareci-

miento de la cuestión debatida en el juicio)”

(Carranza y Rossi 2009, 327).

Este principio no debe confundirse con la necesi-

dad de prueba, que es necesaria en la evacuación

de todo proceso judicial, sino que va enfocado al

reparto funcional de la actividad probatoria. En

materia penal, dicha función le corresponde a la

acusación, por efecto del principio analizado.

Este principio tiene como fundamento la ﬁnalidad

misma del debido proceso, que radica en el esclare-

cimiento probatorio y la obligación en conjunto de

todos los intervinientes en el proceso de colaborar

con este propósito, en una actitud útil, según sus

posibilidades reales, y sin incurrir en posiciones

abusivas por omisión, en perjuicio de la verdad ju-

rídica (Kalafatich 2018), una situación que se halla

en contraposición clara con el principio analizado

y sus implicaciones de la carga de la prueba.

En materia de defensa del consumidor, la carga de

la prueba se presenta dinámica, como respuesta

al fenómeno de diﬁcultad probatoria en la que se

desarrollan estos procesos, en los cuales el consu-

midor no cuenta con los recaudos documentales

para demostrar su posición, por la diﬁcultad de

acceso a la información, porque esta no le ha sido

suministrada, o por la desigualdad que presenta

frente a la contraparte para su obtención.

Se ha decidido incorporar en esta investigación

2

5

27

En este sentido, la doctrina y jurisprudencia in-

el principio de objetividad , ya que puede contri-

2

6

ternacional han desarrollado dos principios: el

de colaboración y el de carga dinámica de la prue-

ba, que son propios de la defensa del consumidor,

ya que el onus probandi, en materias penales, co-

rresponde a la acusación y, en materias no pena-

les, a quien alega los hechos.

buir al análisis; pese a que, dada la naturaleza del

procedimiento expedito, en el que no interviene

ﬁscalía, puede considerarse que no es aplicable,

para efectos de evidenciar la discordancia de los

principios que rigen la materia, se ha considera-

do que es interesante analizarlo. La obligación de

Fiscalía es recabar tanto elementos de cargo como

de descarga. Con la carga de la prueba dinámica se

estaría imponiendo esta obligación al procesado,

si realizamos un símil entre las ﬁguras. Mas esta

situación, a la luz del derecho penal sería inclusive

de orden auto incriminatorio y, así, nos veríamos

nuevamente frente a una contradicción.

Los principios analizados se distancian de estas

dos posiciones. El primero impone al proveedor,

en atención a la buena fe que se debe mantener en

el proceso, la obligación de contribuir con este, y

el esclarecimiento de los hechos relevantes para la

decisión. El segundo invierte la carga de la prueba

2

5

6

Autores como Carranza, Rossi, Kalafatich, Barrochelli y Rusconni, todos ellos citados en el presente trabajo.

Dentro de la región, algunos de los procesos más interesantes –sería imposible hacer referencia a todos– que han desarrollado los principios de carga

dinámica de la prueba y colaboración son: Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-973-02.; Caso Mc Nuggets, Suprema Corte de Justicia Ar-

gentina, Álvarez y GCBA con Telefonía Móviles- Corte de Apelaciones, Provincia de Buenos Aires, Argentina, y Tribunal Constitucional de Perú, fallo

N.° 1776-2004-AA/TC27.

COIP Art. 5.- [...] 21.- Objetividad: en ejercicio de su función la o el ﬁscal adecuará sus actos a un criterio objetivo, a la correcta aplicación de la ley y al

respeto a los derechos de las personas. Investigará no solo los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad de la persona procesada,

sino también los que la eximan, atenúen o extingan.

2

7

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Facultad de Derecho

“

[...] el deber del acusador público no resi-

sufrimiento necesario para los delincuentes. Ello

conduce a una fundamentación utilitarista del

Derecho penal no tendiente a la mayor pre-

vención posible, sino al mínimo de prevención

imprescindible. Entra así el principio de subsidia-

ridad, según el cual, el derecho penal ha de ser la

última ratio, el último recurso a utilizar a falta de

otros medios menos lesivos. El llamado carácter

fragmentario del Derecho penal constituye una

exigencia relacionada con la anterior (Mir Puig

2014).

de en veriﬁcar ese hecho punible, sino, antes

bien, en investigar la verdad objetiva acerca

de la hipótesis delictual objeto del procedi-

miento, tanto en perjuicio como en favor del

imputado, deber similar al que pesa sobre el

tribunal [...]” (Maier 2004, 508).

f) Principio de mínima intervención penal vs.

principio de irrenunciabilidad de los derechos

de los consumidores

En función de las limitaciones al ius puniendi que

hemos analizado a lo largo de este trabajo, el dere-

cho penal se ha concebido como de última ratio y

fragmentario. Es decir: su intervención debe rea-

lizarse únicamente cuando no haya otros caminos

menos lesivos para la protección de los derechos

individuales de las personas.

En consecuencia, se abren opciones que permiten

que este principio se cristalice, como las salidas

alternativas al proceso penal, el principio de opor-

tunidad y el archivo de la investigación previa, en

atención a que hay casos en los que la interven-

ción del Estado a través del proceso penal no es

necesaria.

El Derecho penal deja de ser necesario para pro-

teger a la sociedad cuando esto puede conseguirse

por otros medios, que serán preferibles en cuanto

sean menos lesivos para los derechos individuales.

Se trata de una exigencia de economía social, cohe-

rente con la lógica del Estado social, que debe bus-

car el mayor bien social con el menor costo social.

En defensa del consumidor, la concepción pro-

tectora hacia el consumidor y el hecho de que los

derechos de los consumidores tienen un rango

constitucional hacen que estos sean irrenuncia-

bles. Tal situación impide que las acciones por

vulneración de estos derechos puedan acogerse al

principio de mínima intervención penal, y agra-

va la situación el hecho de que actualmente es la

única vía jurisdiccional con la que se cuenta para

reclamarlos.

El principio de la máxima utilidad posible para las

posibles víctimas debe combinarse con el mínimo

CONCLUSIONES

Del acápite dos del presente trabajo y el posterior

análisis se puede identiﬁcar que, aunque no parezca

importante, el deﬁnir la naturaleza de las cosas es en

efecto un paso importante para determinar cuál es el

tratamiento que se les debe dar. La indeﬁnición en el

país del derecho de defensa de los consumidores ha

provocado que la materia se desarrolle a la deriva y

sin norte.

afectaciones al principio de tutela judicial efectiva.

Posteriormente, se le ha integrado al ámbito penal, se-

guramente para subsanar la anomia que se había pro-

vocado, pero sin tomar en cuenta tanto su verdadera

naturaleza como los principios que se hallan recogi-

dos en la normativa especial.

El encuentro de materias disímiles con objetivos y

objetos de protección diferentes genera problemas en

cuanto a la armonización de sus principios, como ha

sido evidenciado en el estudio. Esta desarmonía puede

estimular afectaciones a la tutela judicial efectiva de

Las reformas introducidas han sido adoptadas sin

una comprensión real de la materia. Inicialmente, se

le dejó sin trámite, de forma que se produjeron serias

88

CÁLAMO / Revista de Estudios Jurídicos. Quito - Ecuador. Núm. 12 (Diciembre, 2019): 76-90

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los derechos de los consumidores, ya que, si se aplican

todos los principios del derecho penal, pero se dejan

de lado los propios de la materia, no se cumplirá con la

esencia misma de la protección al consumidor.

que la rigen y brindan protección a este sector vulne-

rable de la sociedad, la real defensa y equilibrio que se

han buscado con la aprobación de este tipo de normas

serán imposibles de alcanzar.

Como se identiﬁcó, principios como el de protección

de los consumidores, in dubio pro consumidor, reali-

dad, carga dinámica de la prueba e irrenunciabilidad

de los derechos del consumidor, se pueden anular

completamente si son aplicados los principios de de-

recho penal que se le contraponen.

El derecho penal debe ser de última ratio y con un

contenido mínimo. No toda norma punitiva –que re-

gule infracciones– debe ingresarse al campo del dere-

cho penal, ya que pueden convivir en el ordenamiento

normas sancionatorias de otra naturaleza. La corrien-

te moderna se inclina por un derecho penal mínimo.

El problema no radica únicamente en que las decisio-

nes podrían tornarse injustas, sino en la completa eli-

minación de la defensa del consumidor en el país. Si

los procesos judiciales no responden a los principios

Compartimos estos criterios, más aún cuando los

principios que rigen materias diversas como las que

han sido unidas a través de las reformas, son de difícil

adaptación y armonización entre sí.

CÁLAMO / Revista de Estudios Jurídicos. Quito - Ecuador. Núm. 12 (Diciembre, 2019): 76-90

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